Mabel González

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunió ayer con la recién nombrada directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), Ximena Clark, con quien ratificó el compromiso del Gobierno de realizar un nuevo censo abreviado tras la fallida medición de 2012.

"Necesitamos tener un censo con estadísticas confiables y creíbles que pueda ser utilizado para la implementación de políticas públicas. Esa ha sido la evaluación de los expertos respecto de los fallos que ocurrieron en el censo anterior (Censo 2012)", apuntó el ministro, y enfatizó que "vamos a realizar un censo, vamos a tener estadísticas que nos permitan realizar nuevas políticas públicas".

Céspedes afirmó que la realización de un nuevo censo es una prioridad del Gobierno de Michelle Bachelet, pero indicó que aún no cuentan con los plazos establecidos.

"Respecto de los detalles del censo, los vamos a ir comunicando (junto con) la directora del INE conforme se vayan generando los programas" y se realice una serie de informes técnicos al censo 2012, señaló al respecto, y agregó que "Chile requiere un INE que genere estadísticas de calidad a nivel mundial, de forma tal de mejorar las estadísticas que nos permitan tomar mejores decisiones para las políticas públicas".

La directora del INE declaró que "hay varios temas asociados al censo que en el tercer día que yo estoy en ese cargo la verdad es que no sería muy serio ni justo con ustedes que empezara a dar detalle".

Sin embargo, Clark precisó que se está realizando una evaluación técnica y legal de los resultados del Censo 2012 para medir su nivel de confiabilidad para aplicaciones en la gestión del Ejecutivo.

"Son temas que se van a evaluar y que tienen prioridad y, además, nosotros vamos a tener una política de comunicar con anticipación a los medios en particular, para que puedan masificar esta comunicación lo más claro posible", señaló la directora.

El economista David Bravo, miembro de la comisión externa del proceso censal 2012, valoró la determinación de realizar un nuevo censo, ya que a su juicio la cifra final de 16,3 millones de chilenos no es confiable.

Conocida la determinación del nuevo Gobierno, el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, defendió lo realizado por la administración anterior respecto del Censo 2012, y llamó a la nueva gestión a ser prudentes y esperar los estudios especializados antes de sacar conclusiones. "Los antecedentes que elaboró el profesor (Juan Eduardo) Coeymans (ex director del INE) pueden ser de bastante utilidad en esta materia y esa base de datos probablemente es la más completa sobre la caracterización de la sociedad chilena", señaló Flores en declaraciones a radio Cooperativa.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, anunció que el Gobierno aplicará suma urgencia al proyecto de reforma constitucional para permitir el voto de los chilenos que se encuentren en el extranjero.

Tras una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, la secretaria de Estado informó que el Ejecutivo ingresará una indicación a la iniciativa para asegurar que las personas en el exterior no deban inscribirse cada vez que se desarrolle un proceso eleccionario.

"Es decir, basta la inscripción, de acuerdo a la Ley Orgánica, y cada vez que se cambie de domicilio, será necesario acudir al Consulado respectivo para oficializar ese hecho y quedar habilitado para votar en esa ciudad del exterior", explicó la titular de la Segpres.

Rincón recordó que "ésta es una iniciativa impulsada por las senadoras Soledad Alvear (DC) e Isabel Allende (PS), ustedes vieron todo el trabajo que ellas hicieron, y el acuerdo que se votó en el Senado fue negociado para contar con los votos del Gobierno en esa época".

La ministra afirmó que el única modificación que se le hará a la iniciativa es esa indicación sobre la inscripción. "El resto va a ser exactamente igual como se votó en el Senado, en el ánimo es que los chilenos que viven en el exterior puedan votar en las elecciones", sostuvo. Con este impulso, el texto legal tendrá 20 días de tramitación en el Congreso, periodo en el que el Gobierno podría asegurar uno de los compromisos de campaña de la jefa de Estado. De hecho, Rincón expresó su deseo de que el proyecto se convierta en ley antes del 21 de mayo.