Casa tenía permiso municipal, pero era "ilegal" según el seremi de Salud
Juan Carlos Hernández G.
La Casa de Reposo Magaly Zapata de Reumén -que se incendió el domingo pasado y que tuvo como consecuencia el deceso de 10 personas- funcionaba con un permiso municipal desde el año 2008, mientras que las autoridades de Salud insisten en que no tenía autorización sanitaria y, por lo tanto, su funcionamiento era ilegal.
La situación del permiso fue corroborada por la alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes, quien aseguró que entre los antecedentes que en esa época entregó la sociedad propietaria del recinto "estaba un certificado del Servicio de Salud, que aprobaba la construcción del alcantarillado para el funcionamiento de la casa de reposo".
También, Reyes aseguró que en 2011 fue autorizada -por parte del municipio- la construcción de una ampliación.
En estas circunstancias, la alcaldesa se desmarcó de cualquier responsabilidad municipal en el tema del funcionamiento y agregó que "como para Impuestos Internos no existen las casas de reposo como giro, fue agrupada en el rubro de servicios y hospedajes" .
Agregó que "quienes tienen que verificar que se cumpla el giro son Impuestos Internos y la Autoridad Sanitaria. Como municipalidad, nosotros no autorizamos funcionamientos. Solo damos el permiso cuando se cumple con todos los requisitos. Vigilar lo que pasa adentro es función de las autoridades de salud".
Ramona Reyes aseguró que la casa de reposo municipal, que se encuentra frente a la siniestrada el domingo, "era supervisada varias veces al año, a vista y paciencia de que al frente estaba la otra. Además, los medicamentos salen de la unidad de Psiquiatría del hospital y se repartían en las dos casas de reposo: la nuestra y la de ellos. Entonces, no pueden decir que nadie sabía de su funcionamiento".
Ramona Reyes viajó ayer especialmente a Valdivia para entrevistarse con las autoridades de Salud y para deslindar cualquier responsabilidad del municipio en el funcionamiento de la cuestionada casa de reposo.
En tanto, a nivel de autoridad de Salud, el seremi de la cartera, Guillermo Ramírez, lamentó el incendio de la casa de reposo de Reumén y aseguró que dicho centro no tenía autorización sanitaria para funcionar.
El profesional explicó que el año 2004 se autorizó a la sociedad propietaria de la casa de reposo para que construya un sistema de agua y alcantarillado, con el fin de convertirse -a futuro- en una casa de reposo.
Pero, según el seremi, los propietarios debían cumplir con otra serie de requisitos y no lo hicieron, por lo cual funcionaban de manera ilegal.
"El proyecto debía incluir el sistema eléctrico, de construcción, habitacional y las medidas de seguridad. Una vez que estuviera terminado tenía que sumar un informe técnico respecto a las personas que actuarían como responsables del hogar: enfermeros o paramédicos. Sobre todos esos antecedentes, la Seremi de Salud podía autorizar el funcionamiento, pero los pasos siguientes no se completaron e hicieron solo el primer trámite ante la municipalidad. Por lo tanto, comenzaron a operar sin la autorización correspondiente", explicó Ramírez.
El seremi agregó que si le cabe alguna responsabilidad a la municipalidad de Paillaco, "es un tema interno que tienen que ver ellos. En el tema de los medicamentos, hay personas que pueden retirarlos con un poder y lo importante es que lleguen al paciente".
Guillermo Ramírez aludió también a la existencia de un vacío legal, ya que "la actividad que se relaciona con casas donde se alojan enfermos mentales opera directamente con el Servicio de Salud, porque son pacientes con ficha clínica y sometidos a tratamiento. Se crean estos vacíos porque hay casas que están funcionando al margen de toda normativa. Es un sistema clandestino. El control lo tiene el Servicio de Salud en la medida que fije un convenio con una casa de reposo y, en este caso, el suministro de medicamentos y alojamiento se daba de hecho. No había ninguna norma que regulara".
La autoridad explicó que la seremía y el Servicio de Salud operan solamente con los establecimientos que están dentro de la legalidad. "Para nosotros, es el interesado quien debe llegar con sus antecedentes. Si cumplo solo la mitad y me largo a trabajar, estoy cometiendo un error muy grave", puntualizó.
Al mismo tiempo, reiteró la importancia del control ciudadano y las denuncias a los organismos pertinentes en este tipo de situaciones.
A su vez, el director del Servicio de Salud de Valdivia, Patricio Rosas, también manifestó que existe un vacío legal, "que se presta para que mucha gente arriende casas particulares como hospedaje y haga su negocio con pacientes que no tienen cabida en el sistema público, ya sea porque tienen una renta determinada o porque son de difícil manejo y no pueden tenerlos en casa".
El doctor Patricio Rosas dijo que será ahora la fiscalía la encargada de determinar si el hogar de reposo funcionaba al margen de la ley.
Todo esto ocurrió ayer, cuando a nivel judicial se realizan las investigaciones para confirmar si el incendio comenzó en la estufa a leña de la casa y mientras se desarrollan los exámenes de ADN de los familiares, para confirmar la identidad de los fallecidos.
En este sentido, la intendenta (s) Patricia Morano aseguró que el Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia tiene que enviar las muestras de los fallecidos y sus familiares al Laboratorio de ADN referencial para la zona sur, que existe en Concepción, por lo cual se está a la espera de lo que esa entidad informe.
La autoridad agregó que "los plazos no están establecidos, no por un tema de voluntad, sino de procedimientos, ya que las muestras se toman acá en la ciudad de Valdivia pero son periciadas en Concepción. Por lo tanto, no podemos hablar de plazos cuando es un segundo ente de otra ciudad, el que tiene que hacer el peritaje. Esperamos que una vez que las muestras estén en Concepción nos puedan retroalimentar dándonos alguna información sobre plazos estimados".
Los cuerpos carbonizados de los 10 fallecidos fueron ingresados el domingo al SML de Valdivia y el lunes se citó a los familiares para tomar muestras de sangre para realizar los exámenes comparativos, que permitan obtener las muestras de ADN.
Respecto de la ayuda que se está prestando a las familias, la intendenta (s) indicó que desde el domingo se tomó los antecedentes de las familias para ponerse a disposición de ellas, y también para entregar una ayuda económica que permita suplir los gastos de servicios funerarios de aquellos fallecidos que no tienen derecho a cuota mortuoria.
Desde San José de la Mariquina, el administrador municipal, Alejandro Larsen, confirmó ayer que el municipio entregaba mensualmente una ayuda social de 210 mil pesos por persona, para pagar la estadía de dos de las fallecidas en el siniestro: Candelaria Henríquez Itrurrieta (68 años) y Rosa Limpayante Lefinao (74), ambas con problemas mentales.
El profesional agregó que este dinero era pagado directamente a la propietaria de la casa de reposo y era un aporte aprobado anualmente por el Concejo Municipal.
Alejandro Larsen aseguró que en ambos casos, la ayuda social se entregaba porque fue solicitada por las respectivas familias, las cuales "no estaban en condiciones de tenerlas en casa" y que corresponde a una política municipal -independientemente de la administración de turno- de ayuda para que los vecinos mejoren sus condiciones de vida.
En el caso de Candelaria Henríquez, la ayuda era entregada desde hace 23 años y en el caso de Rosa Limpayante desde hace ocho años.
En ambas situaciones -aseguró el administrador- la decisión de llevar a los pacientes a la casa de reposo fue de carácter familiar, con el apoyo municipal.
"Incluso, nuestra asistente social visitaba con cierta periodicidad el lugar y confirmó que las dos estaban bien cuidadas, les celebraban sus cumpleaños y estaban conformes en la casa. El municipio comparte y acompaña en su dolor a la familia y la comunidad", aseguró Alejandro Larsen.
Cabe destacar que la propietaria de la casa de reposo, Silvia Zapata, se negó ayer a cualquier tipo de entrevista para conocer su versión acerca del funcionamiento del hogar siniestrado.
Explicó telefónicamente que, por recomendación de su abogado, no haría declaraciones.
"Hicieron solo el primer trámite ante la municipalidad. Por lo tanto, comenzaron a funcionar sin la autorización correspondiente".
Guillermo Ramírez
Seremi de Salud