En medio de la limpieza de los cerros de Valparaíso tras el megaincendio, el delegado presidencial por esta tragedia, Andrés Silva, reconoció ayer que el Gobierno plantea realizar expropiaciones en las zonas de mayor riesgo para que no se vuelvan a construir viviendas.

"Hay zonas donde no será posible construir, y habrá familias que van a tener que desplazarse, pero a esas familias tenemos que ofrecerle una alternativa. Por eso estamos haciendo un catastro para saber cuántas familias están en esta situación para entregarles una solución definitiva en el lugar que sea necesario", dijo el delegado a radio Cooperativa.

En esa línea, Silva agregó que "claramente una de las alternativas puede ser expropiar, porque si se determina un área de riesgo, seguramente tendremos que construir algo, vamos a tener que reemplazarlo para que no tengamos ocupaciones el día de mañana con construcciones irregulares".

El delegado presidencial además mostró sus reparos por el levantamiento de casas realizados por los habitantes de los cerros.

"Es una situación normal, por eso vamos a tener una reunión de coordinación con quienes corresponda. Es lógico que quieran reconstruir cuanto antes, pero tenemos que velar por que sea seguro, que los escombros estén afuera de su propiedad y que no existan elementos combustibles. Por eso estamos trabajando con las familias y la municipalidad", indicó.

Respecto de las protestas y "cacerolazos" de vecinos del cerro Ramaditas acusando falta de ayuda, Silva señaló que su origen está en la falta de información. "El caceroleo fue anteayer y por la falta de información, porque algunos damnificados aún no tiene conocimiento de las ayudas del Gobierno", puntualizó Silva al citado medio radial.

El delegado afirmó que llevará cuatro años reconstruir las viviendas arrasadas por el incedio. "Queremos hacer las cosas rápido, pero hacerlas bien", sostuvo Silva a radio Cooperativa. Dijo entender la premura de los damnificados y pidió paciencia "para hacer las cosas bien".

Mabel González

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció ayer las primeras indicaciones que el Gobierno introducirá al proyecto de reforma tributaria, que por estos días se discute en el Congreso y que ha sido criticada en algunos de sus puntos por la oposición y la Democracia Cristiana.

Los cambios, que serán ingresados hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, incluyen precisiones en los artículos 2, 3 y 4, en temas de impuestos a vehículos particulares diésel, a la gradualidad en el IVA a la construcción y en impuestos a alcoholes, manteniendo la recaudación en régimen.

El secretario de Estado explicó que, en primer lugar, "el impuesto a los vehículos particulares diésel se va a precisar" para no gravar a estos vehículos en temas comerciales, "en especial aquellos tipos de camionetas para el agro y algunos tipos de otro sector económico", sin ninguna compensación en esta materia, precisó.

El ministro señaló que "la segunda materia es avanzar en la franquicia de la construcción, lo que tampoco tiene efectos en régimen, esto es, baja (la exención de la franquicia del IVA para viviendas) de UF 4.500 a UF 2.000, pero lo que se ha solicitado es una transición y que no sea solamente en un año aquella baja".

Un tercera indicación corregirá el aumento de impuestos a los alcoholes, lo que se compensará con un incremento en el impuesto al tabaco.

"Se nos solicitó que avanzáramos en la protección de los pequeños productores de distintos tipos de alcoholes en el país, en buscar una fórmula que recaudara pero que protegiera en ese contexto", la que "sí está siendo compensada" con un mayor impuesto al tabaco, indicó Arenas.

El jefe de bancada de la DC, Matías Walker, explicó que "como era parte del programa, desde que se presentó el incremento al impuesto de las bebidas alcohólicas, nosotros echamos en falta la presencia de un incremento al tabaco", y destacó "la eliminación de las 3 UTM por hectolitro (cien litros) de alcohol puro, que "equivale prácticamente a la mitad de lo que representaba el incremento a las bebidas alcohólicas".

Precisó que "estamos hablando de una compensación del orden de un poco más de US$ 100 millones que por un lado es el tabaco y por otro lado, una medida específica pequeña del IVA". Todos estos cambios los detallará el ministro Arenas hoy, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Tanto desde la DC como desde La Moneda salieron ayer a poner paños fríos a la controversia surgida luego de que el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijera en un medio nacional que "el programa de Gobierno no es la Biblia ni el Corán" y defendiera la posibilidad de introducir matices a la reforma tributaria.

Pese a que el presidente del PS, Osvaldo Andrade, calificó de "desafortunada" la existencia de diferencias internas en la Nueva Mayoría, el ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, aseguró que "no existen dos voces" en la coalición de Gobierno sobre la necesidad de aumentar la recaudación fiscal. "Todos los partidos de la Nueva Mayoría han ratificado su compromiso con la reforma tributaria", afirmó el titular de la Segegob tras la reunión de comité político realizada ayer en La Moneda junto a los timoneles de las colectividades oficialistas.

El secretario de Estado detalló que el compromiso de los partidos se constata, por ejemplo, en su apoyo "al aumento de la recaudación fiscal en 3,02 puntos del PIB y en hacer realidad el principio de equidad tributaria, esto es que los que tienen más, contribuyan más". "Por sobre las declaraciones, lo que aquí debe primar son las acciones", recalcó Elizalde.

El senador Ignacio Walker, en tanto, descartó que su partido sea "una piedra en el zapato" para los cambios propuestos, luego de que Andrade manifestara que "he tenido piedras mucho más grandes en los zapatos como para que esto sea una molestia".

"La Democracia Cristiana no sólo no es una piedra en el zapato para esos cambios, sino que estamos en la primera línea de la reforma tributaria, de la reforma educacional y de la reforma constitucional", dijo el timonel de la DC en conversación con radio Agricultura.

El jefe del comité de senadores de la DC, Jorge Pizarro, lamentó las críticas del PS y defendió el derecho de sus pares a mejorar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

"Los parlamentarios no pueden renunciar a cumplir su papel en el Congreso, por lo mismo, los presidentes de partido no se pueden enojar porque cumplamos con el mandato de la Presidenta Bachelet", aseveró el senador.