Tras los cuestionamientos que ha sufrido el acuerdo Visa Waiver desde algunos sectores de la Nueva Mayoría, el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, salió a defender el programa. El embajador también pidió estabilidad y reglas claras al Gobierno chileno.

Hammer hizo hincapié en que el Gobierno de Michelle Bachelet está impulsando cambios de distinto tipo, y que "para seguir contribuyendo la economía y brindando valor a la sociedad, lo que necesita la empresa estadounidense, y de hecho es igual para todas las empresas, es estabilidad política y económica y reglas claras", según consignó el diario La Segunda.

Hammer publicó el lunes una declaración en la que aclaró puntos del convenio.

Las críticas de la centroizquierda surgieron luego de que algunos diputados del oficialismo hicieran el alcance de que a través del acuerdo se obligaría a Chile a entregar información personal a Estados Unidos por las posibles amenazas a la seguridad.

El diplomático explicó que publicó el documento "porque había cierto tipo de confusión". El embajador estadounidense aseguró que la información que compartirían los gobiernos sería sólo en "casos muy puntuales", de personas "que han sido delincuentes y han cometido crímenes graves". Hammer añadió que la información que sería compartida es voluntaria y como sería de gobierno a gobierno, según las leyes de cada país, es decir, la administración podría determinar qué datos entregar y cuáles no.

El diplomático fue aún más categórico en sus declaraciones y aseguró que "la mayoría de la gente no debería preocuparse", rechazando que se trate de espionaje.

El Ministerio de Salud entregó un informe en el que cuestionó la gestión del ex ministro de la cartera Jaime Mañalich. En el documento se detalla que durante la administración de Sebastián Piñera se destinaron $ 20 mil 100 millones a la compra de días cama para pacientes críticos en establecimientos de salud privados, en un programa del ministerio por la alta demanda del sistema de salud público.

En el informe se especifica que de ese monto, $ 6.636 millones fueron pagados a la Clínica Las Condes, de la que Jaime Mañalich fue director durante 15 años.

Desde el oficialismo, el diputado de la Democracia Cristiana Víctor Torres manifestó la voluntad de realizar una acusación constitucional. "Esto obviamente nos impulsa a avanzar en la comisión investigadora o en una acusación constitucional, porque aquí lo que se hizo, se hizo con dolo" manifestó. Y agregó que "esto ha significado claramente un gasto mayor para el Estado chileno, y un detrimento fuerte para el sistema de salud pública. De una forma descarada, se utilizaron los recursos de todos los chilenos para poder seguir enriqueciendo a los dueños de las distintas clínicas privadas".

La directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega, criticó que haya aumentado el uso del programa durante el Gobierno anterior y que los servicios contratados fueran mucho más caros que en el sistema público, calificando como excesivo el gasto en el sector privado.

Desde la Alianza no tardaron en reaccionar a las acusaciones en contra del ex secretario de Estado. Los diputados Karla Rubilar (Amplitud), Marisol Turres y Javier Macaya (UDI) salieron en defensa de Mañalich.

"El camino que ha tomado el Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de salud es lamentable. Es el camino del miente, miente, que algo queda y nos da muchísima pena porque el legado del Presidente Piñera en materia de salud es muy contundente", dijo la diputada Rubilar. Agregó que "es tremendamente irresponsable que se plantee no traspasar recursos a las clínicas privadas, cuando las personas lo necesitan, porque solamente se recurre a la salud privada cuando no hay camas en la red pública".