Las medidas anunciadas para enfrentar la contaminación atmosférica de Valdivia han causado un gran impacto comunitario, porque apuntan a la restricción del uso de la leña, que es una costumbre básica y extendida, identificatoria de la forma de vivir de la mayoría de las familias de la región. Es decir, una decisión sanitaria se enfrenta a una tradición arraigada y ése no es un escenario fácil de abordar.
Como es lógico, hay voces en favor y otras en contra de la determinación. Las primeras aluden a razones de protección de la salud, pues se trata de frenar la principal fuente de emisión de material dañino para el aire y hacerlo rápidamente, sin esperar que se aplique un plan oficial de descontaminación, vinculado a la declaración de Valdivia como zona saturada, el cual podría estar listo recién en 2016.
Los detractores, por su parte, cuestionan la verticalidad de la determinación, su respaldo técnico y la eficacia que podría llegar a tener, considerando los resultados en otras ciudades. Además, creen que dañará a la clase media, pues los más pobres estarán exentos de regulación y quienes puedan cambiar calefactores o comprar leña certificada, también.
La discusión entre ambas visiones no se dio antes y la medida comenzará a regir desde el 1 de junio, cuando la medición de la calidad del aire indique riesgo.
Según lo anunciado por los seremis de Salud y de Medio Ambiente, es urgente aplicarla, para que el problema disminuya y, aunque asumen que se trata de una alternativa impopular, han solicitado la ayuda de la comunidad para ser parte de la solución de un problema serio, que podría empeorar si es que no se reacciona a tiempo. De hecho, el llamado a la conciencia ciudadana ha sido reiterado en los últimos años, pero claramente ha resultado insuficiente.
A la luz de lo anterior es tiempo de reflexionar sobre propuestas que se han anunciado, pero no avanzaron con la rapidez suficiente, como subsidios especiales para la producción y compra de leña seca certificada; estímulos para la instalación de secadores de leña comunitarios; incentivo a otro tipo de combustibles; mayor rapidez en el recambio de calefactores; ayuda para mejorar la aislación térmica de las viviendas. Todas esas tareas están pendientes.