El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, informó que descubrieron a agricultores de Valdivia y Osorno utilizando el plaguicida DDT, que se encuentra prohibido porque causa daño a los seres humanos. El director Joaquín Arrieta reiteró que será sancionado el uso de este elemento en semillas, cultivos y forrajeras.
Nobleza obliga. Algunas señales positivas ha estado enviando el Ejecutivo, por distintas vías, en el debate en torno a la reforma tributaria. Tras varias semanas de hacer oídos sordos e insistir en que el corazón de la iniciativa no estaba en discusión y generar reuniones de quince minutos con distintos actores para exponerles la visión de la autoridad, de manera totalmente unilateral, en un par de días y quizás motivados por la mala percepción de la ciudadanía frente a los cambios, algunos ministros han mostrado una disposición distinta. Bienvenida esta nueva actitud.
No existen dos opiniones sobre los más que loables objetivos que se busca alcanzar con la Reforma Tributaria. Chile necesita una mejor educación, que permita romper las brechas de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad, pero precisamente por eso, los cambios a la estructura tributaria tienen que hacerse bien, con diálogo y con información precisa, de cara a todos los chilenos. En eso, el gobierno ha fallado, hasta ahora que parece cambiar de estrategia. Más allá del mal contexto político y comunicacional en que ella se funda, la reforma tributaria tal como está planteada impactará negativamente a quienes mueven de verdad nuestra economía, las micro y pequeñas empresas. Para el mundo agrícola, por ejemplo, que es tan potente en nuestra región de Los Ríos, los cambios a la renta presunta contenidos en el proyecto requieren gradualidad. Es cierto, avanzamos en orden a formalizar a la pequeña agricultura, que pasará a renta efectiva, pero precisamente estos aspectos más técnicos de la reforma tributaria son los que hemos mirado desde lejos en el debate legislativo, distancia que también ha afectado al sector privado y a las propias pymes. Esta es una reforma muy importante y como país no nos podemos equivocar.
La eliminación del FUT es otro aspecto en duda. Parece salir de la imposición y presión de los partidos políticos, más que de una reflexión seria y profunda del mundo técnico. Se trata de una herramienta que hoy utilizan las medianas empresas, principalmente, y para ello también hay mecanismos alternativos que les permitan mantener los incentivos al ahorro. Tampoco es posible, ni siquiera para los más expertos, anticipar qué impacto tendrá en la inversión, el crecimiento, el ahorro y el empleo y se trata de temas trascendentales en los que, dar el paso, exige antes información clara y oportuna.
Desde marzo de 2013, Valdivia cuenta con una ordenanza municipal que dispone el soterramiento de cables, para mejorar la imagen de la ciudad y responder a la inquietud comunitaria sobre este tema. Sin embargo, a más de un año de aquella determinación, anunciada en conjunto con el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no se registran grandes avances.
Aparte de los esfuerzos realizados en la Avenida Pedro Aguirre Cerda; en los demás puntos de la capital regional el problema continúa sin variaciones, con los postes repletos por las líneas de telefonía, televisión, internet y otras muchas vías ya en desuso, puestas por empresas particulares y nunca retiradas. O sea, no se trata solo de cables eléctricos, aunque muchas veces la crítica -por desinformación- vaya dirigida únicamente hacia Saesa, responsable por el suministro de energía en la ciudad. Es más, esa entidad anunció hace algunos meses que se sumaría a la cruzada municipal para el despeje de los cables, pero no es la única institución que debe reaccionar.
Un proyecto de ley espera desde 2008 para ser aprobado en el Congreso y entre los antecedentes que aporta, señala que en Chile existen 2,5 millones de postes y 168 mil kilómetros de tendido; menos del 2% de ese total está actualmente soterrado y el costo de hacerlo con el 98% restante, supera los 35 mil millones de dólares.
Esa altísima inversión y la poca claridad respecto de quién debe asumirla, son una traba que dificulta llegar a una solución, sin traspasar costos a los usuarios.
Algunas opiniones señalan que lo mejor sería dejar los cables actuales como están y preocuparse de que los nuevos tendidos sean todos bajo tierra. Así, el costo disminuiría, porque se incorporaría a los proyectos originales de todas las obras. Parece una salida salomónica, pero no es la más ajustada a una realidad como la de Valdivia, cuyo casco histórico y áreas turísticas urbanas se ven afectadas por esta contaminación visual.
A nivel local, claramente, se debe hacer cumplir la ordenanza y obligar a las empresas dueñas de los cables, para que saquen de los postes aquellos materiales que ya no usan.