Desde la entrada en vigencia del Convenio Nº169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, la consulta indígena no ha tenido una implementación fácil en Chile. Si bien la nueva normativa constituye un avance notable, no da por concluida la discusión. Existen, al menos, cinco desafíos pendientes. En primer lugar, determinar qué se entiende por 'susceptibilidad de afectación directa' es relevante, dado que de este término se gatilla el procedimiento de consulta. Considerando que la definición debiese mantenerse en términos jurídicos, otorgando certeza sobre cuándo y qué medidas deben consultarse, la actual falta de acuerdo al respecto mantendrá la discusión abierta.

Desde la entrada en vigencia del Convenio, se han judicializado una serie de proyectos de inversión por razones ligadas a la consulta indígena. Dado la falta de acuerdo respecto de cómo consultar estos proyectos, se optó por conservarla dentro la institucionalidad ambiental. Si bien esta fórmula tiene varias ventajas y mantiene la tendencia a la ventanilla única, temas como las instancias previas de participación o la participación en los beneficios serán discusiones necesarias de abordar.

La actual dispersión de órganos encargados de efectuar consultas puede generar descoordinaciones. El tercer desafío está en, más allá de la consulta de los proyectos de inversión, crear una institución única dentro del Poder Ejecutivo encargada de la ejecución de consultas indígenas, como se hizo en Colombia. Proyectos de ley, como el Ministerio de Asuntos Indígenas, debiesen definir el rol que cumplirán los nuevos órganos al respecto.

Un cuarto desafío está en cómo los pueblos indígenas pueden crear sus instituciones representativas para ser consultados, como dispone el Convenio. El Estado, en vez de imponerles una institucionalidad ya definida, debiese permitir que sean los mismos pueblos quienes determinen su estructura y funciones, reflejando su diversidad cultural.

Por último, respecto de cómo regular la consulta, en vista de las dificultades observadas y tal como ha reiterado el Tribunal Constitucional, una ley acotada a la regulación de la consulta y la participación indígena, como se hizo en Perú, permitiría otorgar certeza jurídica, establecer directrices claras y darle contenido a los conceptos fundamentales.

Cuando pase el temporal y la calidad del aire empeore por la ausencia del efecto purificador que tienen el viento y la lluvia torrencial; probablemente se decretará preemergencia y restringirá el uso de leña húmeda en algunos de los 16 polígonos definidos con ese objetivo en Valdivia.

Por supuesto que esa medida es impopular y cuestionable, pero también se trata de la única que se ha tomado con la determinación firme que necesita un problema ambiental de la magnitud del que enfrentamos. Las demás acciones, que llevan años en aplicación, no han dado resultados suficientes o han demorado demasiado. El recambio de calefactores se ha hecho lento e implica costo para los beneficiados, además de no contarse con aparatos ciento por ciento garantizados; la aislación térmica de viviendas es obligatoria para las nuevas construcciones sociales y claramente se ha cumplido poco con ella, o han fallado las fiscalizaciones, como se vio en el caso del condominio Los Ríos. Además, en las construcciones antiguas y más precarias no se ha aplicado planes de fácil acceso para los pobladores. Muchas se consiguieron a través del plan de mejoramiento de barrios, pero la cifra es insuficiente.

Tampoco ha habido acciones concretas para instalación de secadores comunitarios, ni subsidio para compra de leña seca o certificada, ni apoyo para construir espacios de acopio adecuados en las casas, menos aún control para la venta, tarea que se dificulta aún más porque los parlamentarios no han logrado la modificación legislativa que considere a la leña como un combustible. Y eso que el problema afecta a todas las ciudades, desde Rancagua al sur.

Por otra parte, la educación ha sido poca y la creación de conciencia sobre el daño que provoca el uso de leña húmeda, aún no logra superar la realidad de que se trata de una forma de calefacción barata e inserta en la cultura local.

Todo lo anterior se sabe hace años, pero la lentitud de las acciones y la excusa de la falta de recursos ha derivado en el escenario actual, cuando la norma muestra ribetes peligrosos para la salud y a la seremi del ramo le corresponde prohibir y sancionar, con escasos medios y personal que tiene. Obviamente el camino debió ser otro, pero no se usó, ni se planificó a tiempo.