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Absuelven a gendarmes imputados por incendio en cárcel de San Miguel

lectura. El juez Juan Manuel Rodríguez oficializó ayer la sentencia en Santiago.

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El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, tras nueve meses y nueve días de audiencias, oficializó la absolución unánime de los tres gendarmes y cinco oficiales de Gendarmería imputados en el caso por el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido la madrugada del 8 de diciembre de 2010.

En el fallo, en el que se pronunciaron los magistrados José Manuel Rodríguez, Alejandro Huberman y Fernando Sariego, se entregan los fundamentos que tuvo a la vista al dictar sentencia absolutoria de los inculpados en la causa: Fernando Andrés Orrego Galarce, Francisco Javier Riquelme Lagos, José Francisco Poblete Valverde, José Alexis Hormazábal Sánchez, Patricio Álex Campos Tapia, Segundo Arnoldo Sanzana Barría, Carlos Enrique Bustos Hofmann y Jaime Ernesto San Martín Vergara.

En la causa, el Ministerio Público y los querellantes acusaron a ex miembros de Gendarmería como autores del cuasidelito de homicidio, por su responsabilidad en la muerte de 81 internos, quienes perecieron en el incendio que se desató la madrugada del 8 de diciembre de 2010, en dependencias del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.

El fiscal del caso Cristián Galdámes anunció que primero se estudiará el fallo absolutorio, que de acuerdo a ello se decidirá dicha apelación y mientras tanto 'seguiremos al lado de las familias'.

Por su parte, el defensor penal público Pablo Gómez, sostuvo que espera que la decisión del fallo se mantenga en el caso de que la fiscalía decida apelar a la resolución.

'El tribunal oral realizó muchas diligencias tendientes a constatar por sus propios medios varias circunstancias, entre ellas una visita al recinto penal y eso una corte no lo puede realizar . Nosotros estamos absolutamente confiados en que el fallo se va a mantener', sostuvo el defensor.

Los familiares, que se retiraron indignados de la sala, anunciaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones.

Carroza ordena realizar nuevas pericias a los restos de Pablo Neruda

decisión. A pedido del sobrino del poeta, el magistrado continuará con las indagatorias sobre la causa de muerte.

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El juez Mario Carroza ordenó a una comisión de expertos practicar dos nuevas pericias a los restos de Pablo Neruda a fin de determinar si su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1973 en una clínica de Santiago, se debió al cáncer que padecía o si fue presuntamente asesinado por agentes de Augusto Pinochet.

El magistrado adoptó la decisión hace algunos días a pedido del sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes. Las pericias sobre los restos del poeta fueron solicitadas por Reyes para despejar cualquier duda sobre las razones del deceso del Premio Nobel de Literatura, luego de que su chofer, Manuel Araya, asegurara que no fue a consecuencia del cáncer, sino ocasionada por terceros.

Las fuentes judiciales citadas por agencias indicaron que al equipo de peritos nacionales y extranjeros se sumará, por solicitud expresa de Rodolfo Reyes, la analista Gloria Ramírez.

A fines del año pasado, el grupo de especialistas analizó las osamentas y descartó un posible envenenamiento.

Los expertos, que ya están trabajando en las dos nuevas pericias a los restos, deberán volver a establecer la existencia o no de signos de envenenamiento o de alguna sustancia química distinta a las utilizadas habitualmente en el tratamiento contra el cáncer de próstata.

Al respecto, el Servicio Médico Legal (SML), siguiendo las recomendaciones del panel de expertos que se constituyó luego de la exhumación del poeta, las instrucciones del ministro Mario Carroza y con acuerdo con la parte querellante, ampliará los análisis de búsqueda de substancias que no se detectaron en la primera fase.

Continuarán tres peritos: los españoles Francisco Etxeverria y Aurelio Luna, además de Gloria Ramírez y al que se sumarán dos nuevos: Claudio Orrego y Luis Soto.

El SML comunicó que el avance de las pericias, propuso nuevos exámenes que se desarrollarán en España.

Diputados RN invocan Ley Zamudio para denunciar despidos en Indap Araucanía

razones. Aseguran que dos funcionarias fueron desvinculadas de su trabajo por discriminación.

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Los diputados de RN, Jorge Rathgeb y René Manuel García, junto a funcionarias del Instituto de Desarrollo Agropecuario, acusaron presuntos despidos arbitrarios y discriminatorios en Indap de la Araucanía.

Desde RN consignaron que se trata de la primera demanda legal que se hace en la región, invocando la Ley Zamudio. Según señaló el diputado García, están 'convencidos que es absolutamente justificable aplicarla cuando vemos un hecho discriminatorio contra dos excelentes funcionarias'.

Ingrid Cid y Mónica García, ex funcionarias de Indap, acusaron a las actuales autoridades de 'trato discriminatorio y violento al interior de la institución', y que fueron desvinculadas, sólo por no compartir la corriente política del gobierno.

'Me invitaron los agricultores, con quienes trabajé mucho tiempo, y con mucho cariño a una ceremonia de Ercilla a la entrega de una maquinaria, al día siguiente asume el nuevo director regional, y por no haber sido considerado en esta entrega en Ercilla, porque aún no había sido nombrado, al pasar los días me pidieron la renuncia', sentenció Mónica García, quien se desempeñaba como encargada regional de los proyectos de desarrollo de inversión, además del convenio Indap Prodemu.

'El peor empleador de todos es el Estado, y esta demanda se presenta hoy para que los funcionarios públicos a futuro tengan una carrera funcionaria, porque todos los funcionarios deben estar por sobre los gobierno de turno', agregó.

Por su parte, el diputado Rathgeb aseveró que las desvinculaciones también están ocurriendo en otros servicios como Salud. 'Se desvinculan a los funcionarios no por sus capacidades, sino por su color político, y lo que se hace es entregar información errónea a la comunidad de que existen listas de espera muy largas, pero nadie dice de cómo eran esas listas de espera cuando asumió Piñera. Se está despidiendo a las personas sólo por sus colores políticos', sostuvo.

Asimismo, apuntó que 'cuando hay cambio de gobierno las jefaturas tienen la obligación de evaluar al personal, pero no en el sentido político, sino por sus capacidades, y hoy se evalúa políticamente'.

Consultados sobre una eventual acusación constitucional contra el intendente Francisco Huenchumilla, el diputado García dijo que en lo personal 'no se puede interpelar al intendente ni realizar ninguna acusación constitucional, porque el responsable final es el ministro (del Interior, Rodrigo) Peñailillo.

Nosotros estamos convencidos que el intendente Huenchumilla está haciendo las cosas lo mejor que puede, pero él necesita el apoyo de Santiago, de las facultades que han ido perdiendo los carabineros y que hay que devolverles'.