La tasa de desempleo subió a 6,5% en el trimestre móvil abril-junio, nivel mayor a lo esperado y que se explica por presiones estacionales y la desaceleración de la economía doméstica.

La cifra de desocupación, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se compara con el 6,3% de marzo-mayo de este año y el 6,2% del mismo trimestre móvil del 2013.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que la cifra 'es absolutamente consistentes con la desaceleración económica que está viviendo el país y con lo que pasa en invierno'.

El subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, dijo que la cifra refleja 'cierta estacionalidad propia del periodo invernal', con menor actividad en la agricultura y el turismo.

Desde la oposición, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el diputado Nicolás Monckeberg, afirmó que desde que asumió el Gobierno de Michelle Bachelet 'se ha batido un récord que nadie pensó' y 'se han perdido 90 mil empleos'.

El diputado (RN) Alejandro Santana afirmó que las cifras de desempleo y las señales económicas de los últimos días, 'son decepcionantes para el país y principalmente para la gente más modesta'.

Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, recalcó que las señales de que la desaceleración impacta el mercado laboral 'son cada día más evidentes'.

Argentina insistió ayer en negar rotundamente que el país haya entrado en default y acusó al juez de Nueva York, Thomas Griesa, de favorecer a los fondos especulativos. El Gobierno de Cristina Fernández anunció que utilizará todas las herramientas legales que sean necesarias para resolver el conflicto de su deuda.

'Es ridículo hablar de default', dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en conferencia de prensa en Buenos Aires, en la que explicó que el Estado argentino pagó su deuda reestructurada y por eso no entró en cesación de pagos.

'Hay dificultad para el cobro, no para el pago', insistió el ministro, que agregó que 'Argentina va apelar ante la justicia. Esto se va a judicializar'.

Kicillof remarcó que el problema es que los acreedores no cobraron y responsabilizó de eso al magistrado que 'ha dejado esto en una especie de limbo, porque esa plata es de los bonistas y no puede volver a la Argentina', en referencia al depósito que realizó el país para cancelar el vencimiento y que fue trabado por el juez.

El Banco de Nueva York (Bony) informó ayer a los acreedores de la deuda reestructurada que no se les va a transferir el dinero que depositó Argentina a fines de junio para abonar ese vencimiento.

'Hemos intimado al Banco de Nueva York para que los bonistas cobren lo que les corresponde', dijo Kicillof citado por la agencia DPA, que sostuvo que 'el juez tiene plata que es de los bonistas, del 92,4% que aceptó el canje. Ahí está la plata. Los bancos preguntan qué hacer y el juez no responde'.

mala calificación

Las agencias de calificación financiera Standard & Poor's (S&P) y Fitch pusieron en default selectivo o parcial a Argentina, que envió dinero para pagar a sus acreedores quienes, finalmente, no cobraron.

El miércoles venció el plazo para un pago de US$ 539 millones de bonos canjeados en 2005 y 2010, remitido por Argentina y bloqueado en Nueva York por el juez federal Thomas Griesa.

Las agencias declararon a Argentina en un 'default selectivo', porque se trata de una parte de la deuda. Griesa congeló el pago hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos NML Capital y Aurelius.

Tras fracasar las negociaciones para un acuerdo, los acreedores exigen el cobro inmediato y en efectivo de un monto cercano a US$ 1.500 millones. Pese a la postura del Gobierno, los mercados reaccionaron con fuertes caídas tras fracasar las negociaciones.

El índice bursátil Merval de Buenos Aires, donde cotizan las principales acciones, cayó 8,38% a 8.187,99 unidades. La caída fue liderada por los títulos de la compañía Pampa Energía con un desplome de 10,8%. Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufrieron fuertes pérdidas, encabezadas por la petrolera YPF (9,15%) y Edenor (9,71%). Argentina argumenta que cumplir con la sentencia la llevaría a violar los contratos firmados con los bonistas que aceptaron fuertes restas de capital en dos canjes en cesación de pagos en 2001.

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