Después de 20 meses de análisis en el Congreso y de varios reveses en su proceso, ayer la llamada Ley Emilia, que busca endurecer las penas a quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito por consumo de alchol, quedó lista para ser despachada.

Por 74 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que endurece las penas a los conductores que bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad causen lesiones a la muerte de personas.

El proyecto de ley fue impulsado tras la muerte de la niña Emilia Silva, quien falleció a los nueve meses de edad en enero de 2013, luego de que un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, impactara el vehículo en el que viajaba con sus padres.

Carolina Figueroa, madre de la pequeña Emilia, destacó que luego de dos años de insistir por esta normativa, 'por fin va a haber fin de la impunidad para este tipo de crímenes, porque estos no son accidentes es un crimen'.

El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, destacó que 'a pocos meses de asumir su gobierno la Presidenta Bachelet acogió una demanda ciudadana por terminar con la impunidad de estos crímenes que tanto dolor han causado'.

Gómez-Lobo explicó que esta demanda se expresó en dos proyectos de ley en el Parlamento que el Ejecutivo reformuló y patrocinó en la iniciativa legal que finalmente se aprobó.

El ministro destacó que el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados 'y eso da cuenta de consenso social que existe que el conducir bajo estado de ebriedad y causar muerte o un accidente o lesiones es algo que no puede quedar impune'.

Consultado si la normativa alcanzará a ser promulgada antes de las festividades del 18 de septiembre, Gómez Lobo señaló 'vamos a hacer todo lo posible para que así sea'.

La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, recibió ayer en La Moneda la visita de representantes de 14 agencias de la ONU, quienes manifestaron su apoyo ante el atentado ocurrido el lunes en el Subcentro de la Estación Escuela Militar del Metro.

'Las agencias del sistema de Naciones Unidas con presencia en Chile condenan los hechos de violencia ocurridos el lunes (...) y expresa su solidaridad y deseo de pronta recuperación a los afectados. Actos como éste constituyen un atentado grave a los derechos humanos individuales y a los fundamentos esenciales de la convivencia democrática, pilares básicos de la Carta de Naciones Unidas', afirmó Antonio Molpeceres, coordinador del sistema de la ONU en Chile.

Tras la cita, Muñoz, confirmó que el FBI de Estados Unidos colaborará en la investigación del atentado explosivo que el lunes dejó 14 heridos en una galería comercial en el Metro en Santiago.

El canciller ratificó así lo anunciado la noche del miércoles por el jefe de la Fiscalía Santiago Sur, Raúl Guzmán, y precisó que el embajador de Estados Unidos en Santiago, Michael Hammer, le transmitió la oferta de colaboración.

El embajador Hammer confirmó que el FBI 'ha ofrecido apoyar las diligencias que el fiscal estime pertinentes'.

El ministro Muñoz destacó la ayuda ofrecida y la importancia que las autoridades estadounidenses conceden a la lucha contra el terrorismo, recordando que hoy se cumplen 13 años desde el atentado a las torres gemelas, 'así que ellos entienden muy bien estos asuntos', sostuvo.

Ministerio Público

Por su parte, el fiscal nacional Sabas Chahuán insistió en la importancia de concretar modificaciones a la Ley Antiterrorista, con el fin de adecuarla a la legislación internacional para condenar actos como el atentado del lunes.

'Hay que hacer dialogar la legislación interna con la internacional con una serie de convenios que tiene Chile entre los cuales está colocación de artefactos explosivos no solamente en inmuebles, sino que en naves o aeronaves', dijo la autoridad del Ministerio Público.

Chahuán agregó que el proyecto de ley que ha señalado la comisión asesora del Gobierno debe contemplar las convenciones internacionales. 'Chile está a la saga de otros países que tienen legislaciones más avanzadas, no estamos totalmente inermes legislativamente, pero hay que mejorar mucho', agregó.

Monseñor Héctor Vargas, presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal, valoró las modificaciones introducidas por el Ministerio de Educación a la reforma educacional en los puntos que había criticado hace algunos meses la Iglesia Católica.

El obispo de Temuco leyó una declaración pública en la que manifestó que la Iglesia comparte los objetivos del proyecto que 'van en la línea de un avance significativo de la opción por los pobres, de la equidad, y de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados de inclusión e integración social'.

La Iglesia valoró que se haya permitido que los padres asistan a los establecimientos a recibir información acerca del proyecto educativo antes de postular y que se reconozca que los sostenedores cumplan labores directivas y administrativas, así como que puedan gestionar las subvenciones que reciben. Sin embargo, lamentó que no se haya establecido un plazo para terminar con el copago. 'Nos hubiese gustado que se hubiese puesto un plazo para eso, porque ordena al propio Estado y al Gobierno de turno que le va a corresponder (implementarlo), pero al quedar así en una cosa genérica, creemos que el tema de fondo es que los recursos no están, porque o si no se habría hecho inmediatamente', manifestó la Iglesia.