Claro y contundente es el mensaje que nos llega a los chilenos en esta época del año: hay que festejar como se debe, pero eso implica también hacerlo de manera responsable para que las Fiestas Patrias no pierdan su sentido y que no representen momentos de angustia para las familias que tienen a alguien involucrado en situaciones de violencia, accidental o provocada, justo cuando lo que se busca es lo contrario.

Desde los diversos frentes llegan los mensajes que apuntan a pedir a la ciudadanía un comportamiento adecuado, porque son diferentes las formas en que cada uno de nosotros puede colaborar para que estos largos días de descanso y celebración no sean más que eso.

Sin embargo, hay situaciones que se arrastran por muchos años que conspiran contra las buenas intenciones. Resulta curioso que en una sociedad que apunta a vivir de acuerdo a los fundamentos del Siglo XXI todavía se registren casos que recuerdan lo que ocurría en el pasado, cuando no había otra forma de entender una fiesta sin el consumo exagerado de alcohol.

La realidad apunta a la renovación de las costumbres, porque el país y el mundo han cambiado y porque ahora hay otros elementos en juego, como por ejemplo el tener que convivir con la enorme cantidad de vehículos motorizados que utilizan las viejas calles.

En la Región de Los Ríos y específicamente en su capital se ha logrado contar con buenos programas y buenas instalaciones para conmemorar activamente la gran fecha para quienes optan por salir en lugar de centralizar las actividades dieciocheras en el propio hogar. A ellos especialmente se dirigen los mensajes tendientes a conseguir un buen comportamiento, lo que no significa que puedan ser ignorados por los que se deciden por algo más íntimo.

No es mucho lo que piden las autoridades y los representantes de los organismos de seguridad, pero lo importante es atender estos llamados para que el saldo de las festividades esté realmente de acuerdo con una sociedad moderna y responsable.

La discusión en que está inmersa la sociedad chilena, a raíz de la profunda reforma que se está planteando al sistema educacional en todos sus niveles tiene su origen, por una parte, en la necesidad de que la educación sea entendida como un bien social capaz de desarrollar las capacidades de los estudiantes, de tal forma que sean capaces de realizarse como personas y de aportar al desarrollo del país y, por otra, al evidente malestar de la comunidad en contra de un sistema considerado segregativo, injusto, mercantilizado y que impide el pleno desarrollo de los talentos de nuestros niños y jóvenes.

Pero esta discusión debe, finalmente, plasmarse en políticas públicas que generen los recursos necesarios para que los actores del sistema cuenten con los medios que permitan implementarlas y hacer que los participantes dispongan de las fuentes de financiamiento adecuado para poder operar. El Ministerio de Educación con mayor o menor precisión ha ido estableciendo, para el caso de la educación superior, algunos postulados respecto al financiamiento:

I. La educación superior chilena debe pasar desde un esquema de financiamiento público basado en la demanda, en que se financia el pago de aranceles a los estudiantes, a uno que financie la oferta. Es decir que se financie a las universidades de acuerdo a su misión, contribución a la equidad y calidad.

II. El financiamiento estará disponible, en primer lugar, para las instituciones del Estado, y luego, para aquellas de naturaleza privada que decidan concurrir al sistema público.

III. Existirán también fondos basales específicos para las universidades Estatales.

Evidentemente, para la Universidad Austral de Chile con 60 años de existencia, siendo una de las ocho universidades que fundaron el Consejo de Rectores y con una vocación pública irrestricta, estos fundamentos nos parecen erróneos. Primero, porque introducen al interior del sistema universitario tradicional una distinción falsa entre lo estatal y lo privado, no aplicable a lo que ha sido la génesis del sistema desde el siglo pasado. Segundo, porque la vocación pública de universidades como la Austral es irrefutable: sin fines de lucro, con una fuerte vinculación con los problemas de la región y el sur austral y con una enorme contribución a la inserción académica y social de sus alumnos que provienen mayoritariamente de los tres primeros quintiles.

3º, porque en el financiamiento de la oferta deben primar criterios como calidad, compromisos de inclusión, productividad científica, vinculación con el medio y aporte al desarrollo regional y descentralización y no el tipo de naturaleza jurídica de las universidades tradicionales.