Hasta ayer no había noticias en la Región de Los Ríos que apuntaran a algunas muestras de mal comportamiento por parte de los conductores durante las largas jornadas festivas, mientras que desde el resto del país se informaba que nuevamente se había producido un exagerado número de fatalidades ocurridas en accidentes que tuvieron como protagonistas a conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

Había expectativas por conocer la conducta en las calles y caminos del país en una fecha que siempre ha sido complicada, precisamente porque se tiende a beber en grandes cantidades, pero también se quería saber si el solo anuncio de la entrada en vigencia de las disposiciones contempladas en la llamada Ley Emilia provocaría la reacción esperada y que entre la población se tomara conciencia acerca de lo que significa conducir un vehículo en malas condiciones físicas y más encima provocar algún tipo de percance que culmine con la muerte de alguna personas.

Como decíamos en el comienzo, hasta el momento de iniciar estas líneas no había información con respecto a accidentes fatales en el territorio de la Región de Los Ríos, lo que no significa que se haya logrado conseguir que todos los automovilistas respeten las disposiciones legales y, sobre todo, los derechos de todos los ciudadanos a disfrutar de la vida en común ocupando los espacios públicos sin que nadie les tire un vehículo encima.

El desafío ahora es hacer cumplir todos y cada uno de los puntos de la ley, que ahora apunta también a uno de los temas que se alzaba como tarea pendiente, poner en su lugar a quienes tras protagonizar un accidente ebrio o bajo la influencia del trago optaban por la huida y presentarse a la ley cuando hubiesen recuperado todas sus facultades, como forma de evadir sus responsabilidades y atenuar los aspectos de su culpabilidad para así lograr una sanción menor.

Es de esperar que al término de los días de festividades el balance en lo que respeta a Los Ríos sigan con resultados positivos.

La discusión en que está inmersa la sociedad chilena, a raíz de la profunda reforma que se está planteando al sistema educacional en todos sus niveles tiene su origen, por una parte, en la necesidad de que la educación sea entendida como un bien social capaz de desarrollar las capacidades de los estudiantes, de tal forma que sean capaces de realizarse como personas y de aportar al desarrollo del país y, por otra, al evidente malestar de la comunidad en contra de un sistema considerado segregativo, injusto, mercantilizado y que impide el pleno desarrollo de los talentos de nuestros niños y jóvenes.

Pero esta discusión debe, finalmente, plasmarse en políticas públicas que generen los recursos necesarios para que los actores del sistema cuenten con los medios que permitan implementarlas y hacer que los participantes dispongan de las fuentes de financiamiento adecuado para poder operar. El Ministerio de Educación con mayor o menor precisión ha ido estableciendo, para el caso de la educación superior, algunos postulados respecto al financiamiento:

I. La educación superior chilena debe pasar desde un esquema de financiamiento público basado en la demanda, en que se financia el pago de aranceles a los estudiantes, a uno que financie la oferta. Es decir que se financie a las universidades de acuerdo a su misión, contribución a la equidad y calidad.

II. El financiamiento estará disponible, en primer lugar, para las instituciones del Estado, y luego, para aquellas de naturaleza privada que decidan concurrir al sistema público.

III. Existirán también fondos basales específicos para las universidades Estatales.

Evidentemente, para la Universidad Austral de Chile con 60 años de existencia, siendo una de las ocho universidades que fundaron el Consejo de Rectores y con una vocación pública irrestricta, estos fundamentos nos parecen erróneos. Primero, porque introducen al interior del sistema universitario tradicional una distinción falsa entre lo estatal y lo privado, no aplicable a lo que ha sido la génesis del sistema desde el siglo pasado. Segundo, porque la vocación pública de universidades como la Austral es irrefutable: sin fines de lucro, con una fuerte vinculación con los problemas de la región y el sur austral y con una enorme contribución a la inserción académica y social de sus alumnos que provienen mayoritariamente de los tres primeros quintiles. Y 3º, porque en el financiamiento de la oferta deben primar criterios como calidad, compromisos de inclusión, productividad científica, vinculación con el medio y aporte al desarrollo regional y descentralización y no el tipo de naturaleza jurídica de las universidades tradicionales.