La votación en sala duró más de seis horas y se realizó el martes pasado. Durante ese tiempo los diputados de todas las regiones hicieron las primeras modificaciones a la reforma educacional, que busca eliminar la selección, el copago y el lucro en los colegios subvencionados. La reforma ya fue despachada por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser revisada en el Senado.

Sin embargo, hubo dos medidas que generaron mayor conflicto durante la discusión del martes y fueron las relacionadas con la penalización del lucro y con el arriendo a los colegios.

La primera buscaba castigar con presidio a quienes fueran sorprendidos lucrando con los fondos entregados por el Estado a establecimientos educacionales y no reintegraran los recursos mal gastados. Este punto fue rechazado por los diputados, ya que obtuvo solo 56 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones. Con el arriendo de colegios se buscaba permitir al sostenedor de un establecimiento arrendar la sede en circunstancias especiales.

Esta medida también fue rechazada con 57 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones. Además hubo otras medidas conflictivas, como la selección en colegios pagados y la prohibición del lucro por parte de las Agencias Técnicas Educativas, ATE. ¿Cómo votaron los parlamentarios de la región de Los Ríos?

Quienes votaron en contra de esta medida fueron los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Bernardo Berger.

Fuenzalida aseguró: 'Creo que era una medida desproporcionada. La penalidad en materia de lucrar o de incumplir una norma en todo el ámbito penal tiene sanciones que son multas, pero no penas de cárcel, privativas de libertad. Soy abogado y conozco el Derecho Penal, por lo que puedo afirmar que era una medida desproporcionada que equiparaba incumplir una norma a otros delitos bastante más graves. Quienes lucran deben tener como sanciones multas pecuniarias'. Mientras que Berger dijo que 'se votó en absoluta coherencia con lo que hemos venido sosteniendo desde marzo, que este es un mal proyecto que no tiene una coma con respecto a calidad. El ministerio de Educación tiene elementos de sobra para poder fiscalizar con eficacia el lucro. En cuanto a la cárcel es una medida desproporcionada que castiga mayoritariamente a quienes están haciendo bien las cosas'.

El único que voto a favor fue el PPD, Enrique Jaramillo, quien destacó que tomó esa decisión porque considera que 'es un delito cuando la gente sustrae caudales públicos. Y lo que se entrega para la educación son dineros fiscales. Se le estaba dando la oportunidad para quienes ocuparan para otras cosas esas platas fiscales, que las devolvieran en el período siguiente y que pagaran una multa. Esos dineros no son para invertirlos en otras empresas, sino que para invertirlos en educación. El robo es un delito y en este caso es un robo de caudales públicos'.

El diputado DC Iván Flores fue el único parlamentario de Los Ríos que se abstuvo de votar por esta medida. Explicó que la discusión sobre el lucro se ha malentendido y confundido especialmente en las redes sociales. 'Hay que centrar el punto. Los sostenedores no son todos delincuentes, por lo tanto una solución de entrada que tenga que ver con cárcel no me parece razonable cuando el proyecto original contemplaba multas sustanciosas y cancelaciones de las autorizaciones para seguir operando. Este fue un artículo introducido por parlamentarios, por lo que no constituía parte fundamental del proyecto y tampoco era del interés del gobierno. Todos tenemos el principio de la libertad para votar'.

También hubo opiniones divididas por este tema. Los dos votos a favor fueron de Enrique Jaramillo e Iván Flores. Jaramillo explicó que 'esta medida también fue rechazada. Sin embargo yo estaba a favor. Específicamente porque yo considero que hay personas que son empresarios y lo hacen bien con la educación que entregan, lograr educar con calidad. Hay otras medidas para que quienes lo hagan mal dejen de ser sostenedores de establecimientos educacionales. Pero esto del arriendo creo que era una ayuda para quienes lo hacen de manera eficiente y quieren mantenerse'. Mientras que Iván Flores lamentó el rechazo. 'Es parte fundamental del proyecto de reforma educacional y obedece a buena parte del proceso de discusión y socialización de la reforma por cuanto es lo que asegura a los establecimientos particulares subvencionados mantenerse en el proceso. El hecho de que algunos parlamentarios votaran en contra no tiene asidero desde el punto de vista político ni técnico. Yo creo que fue una venganza de la bancada estudiantil porque no se les acompañó en su propuesta de indicación parlamentaria. Espero que la repongan', dijo.

Los votos en contra fueron de los RN Fuenzalida y Berger. A lo que Fuenzalida indicó: 'Creo que es una forma de extender la decisión que se toma ideológicamente en esta ley. Si la ley no quiere que las personas continúen con un proyecto educativo porque no está disponible que obtengan ganancias, entonces por qué podrían arrendarlo. Lo lógico es que si la decisión es que no participe gente que quiera obtener una legítima ganancia por instalar un colegio, administrarlo y proveer de educación tampoco corresponde arrendarlo'.