Identificar los problemas que surgen por el manejo de los recursos naturales y establecer un trabajo conjunto con diversas instituciones, son algunos de los propósitos de la primera Mesa Comunal para la Protección del Bosque y Agua instaurada en Corral. La institución fue creada a mediados de la semana pasada y su aporte fue valorado por el alcalde de la comuna puerto Gastón Pérez. 'Permitirá elaborar una visión comunal sobre las actuales condiciones de los recursos hídricos en sus ámbitos social, económico, cultural y ambiental; y se podrá identificar las necesidades y problemáticas territoriales derivadas del manejo del recurso y generar una estrategia para la gestión de un Plan Hídrico Comunal único en la región de Los Ríos'. La mesa la integran la dirección regional de Conaf, Infor, la Universidad Austral de Chile y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, además de Agenda Local 21, Essal, los comité de agua potables rurale, concejales de Corral, la Oficina de Fomento Productivo y las direcciones de Secplan y Obras Municipales.

De acuerdo al marco jurídico actualmente vigente, las aguas en Chile son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, se le otorga el derecho de aprovechamiento a privados, quienes pueden usar, gozar y disponer de este en conformidad a ley. Esto ha hecho que hoy los derechos de agua estén sometidos dentro de los parámetros del mercado y en manos de unos pocos.

Con el objetivo de modificar esta concepción y así consagrar el derecho humano al agua, es que surgieron distintas iniciativas, desde el Ejecutivo y del parlamento.

El senador Alfonso De Urresti es uno de los impulsores de estas reformas. 'Buscamos limitar especialmente estas concesiones especulativas, por parte de ciudadanos o empresas que inscriben los derechos de agua, simplemente para revenderlos', sostuvo.

En el proyecto, que presentó junto a otros senadores, plantea por ejemplo 'El derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas'.

El senador De Urresti informó que esta y otras seis mociones presentantes por otros parlamentarios, están siendo analizadas por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, del Senado. Algunas de ellas están asociadas a: establecer el dominio del Estado sobre todas las aguas continentales; que la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de las aguas sean de resguardo del Estado, introducir el concepto de planes de manejo de cuencas regionalizados y limitar a 30 años las concesiones.

El 8 de octubre el Ejecutivo ingresó al Congreso una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.

Una de las modificaciones es que los nuevos derechos de aprovechamiento pasan de ser perpetuos a un período limitado de un máximo de 30 años. este periodo se prorrogará a menos que se acredite que no se está haciendo buen uso del recurso.

Además, en las indicaciones se establece como uso prioritario el consumo humano y el saneamiento .

También se fortalecen las atribuciones de la Dirección General de Aguas, servicio al que se le permite reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

Otro de los cambios propuestos tiene relación con la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas. Ante ello, de forma excepcional se permite constituirlos a los comités de agua potable rural.

Por otra parte, se prohibe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen. Asimismo, se restringe en el caso de otras categorías de áreas protegidas.

Desde Observatorio Ciudadano, el coordinador del equipo jurídico, Hernando Silva, dijo que las iniciativas presentadas desde el parlamento son 'bastante trascendentales, ya que buscan generar una reestructuración de fondo del sistema de aguas chileno'. Respecto al Ejecutivo, afirmó que 'si bien hay un cierto avance, la respuesta del Ejecutivo a la tramitación legislativa del proyecto no ha sido de acuerdo a lo que exige la ciudadanía'. Precisó que, por ejemplo, se desconoce el derecho ancestral de los pueblos indígenas a los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios'.