Por segunda vez desde que comenzó el proceso, Víctor Hugo Montoya Encina fue absuelto de todos los cargos de los que había sido acusado en relación al bombazo que en febrero de 2013 afectó a un retén policial en Las Vizcachas, en la Región Metropolitana.

En fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal liberó de los cargos al joven que había sido acusado de delito terrorista y que ya había sido absuelto en junio de este año. Sin embargo, en septiembre la Corte de Apelaciones de San Miguel anuló el fallo que lo dejó libre de responsabilidad penal y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

Pese a esto, en el nuevo proceso el tribunal a cargo determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para determinar la participación de Montoya en el delito que dejó a un funcionario de Carabineros herido.

La justicia además determinó que el delito por el que acusó la Fiscalía Sur tampoco se enmarca dentro de un contexto de terrorismo, por lo que el tribunal en su fallo lo recatalogó como una infracción a la Ley de Armas.

"Sabíamos que el resultado iba a ser el mismo", afirmó Montoya luego de conocer la noticia.

"No me hace gracia haber estado 16 meses en prisión preventiva", agregó, recordando que durante el primer proceso pasó ese tiempo privado de libertad.

El joven calificó como "un chiste" las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y señaló que los fiscales -Raúl Guzmán, Héctor Barros y Christian Toledo- "solo justificaron el sueldo de una forma incorrecta y poco ética".

Montoya no descartó que una vez que se conozca la sentencia, que será leída el próximo 2 de diciembre, presente una demanda legal con contra del Estado por los daños sufridos.

El abogado defensor, Rodrigo Román, afirmó que "si se hubiera hecho dos o 10 veces más el juicio, el resultado siempre iba a ser el mismo". "Ha quedado en evidencia la falta de profesionalismo del Ministerio Público y las policías, fue una imputación irresponsable y sesgada, una investigación imprecisa", agregó, acusando que evidencias presentadas "fueron manipuladas y los testigos reservados, preparados por la Fiscalía".

El pasado 6 de noviembre se dio aviso de que había un artefacto explosivo instalado en las cercanías de una estación de la Línea 5 del Metro de Santiago. Carabineros acudió al lugar y personal del Gope detonó la bomba destruyéndola.

Sin embargo, ayer se conoció cómo ocurrieron de verdad los hechos. Según consignó La Segunda, un obrero que trabaja en un edificio en construcción cerca de dicha estación del Metro encontró un bolso cuando iba en bicicleta a su trabajo, pero un día antes de los hechos descritos.

El hombre se detuvo, lo tomó y se lo llevó hasta la obra. Cuando llegó, lo abrió y se encontró con el extintor que tenía algunos elementos adosados. El guardia de la obra, que no entregó su identidad, contó a dicho medio que su compañero "pensó que era una máquina como las que usan los electricistas, pero le dije que eso era una bomba y que se la llevara de acá".

Luego, el obrero tomó el bolso y lo llegó hasta la Dirección Metropolitana de Gendarmería, que está muy cerca de la estación. Pero al llegar al lugar y explicarle los hechos a los guardias ellos le dijeron que se llevara el bolso. Así fue que el hombre decidió dejar el artefacto explosivo en el bandejón central de la Avenida Vicuña Mackenna, donde está la entrada al Metro.

Al otro día se informó que un jardinero encontró el bolso con la bomba junto a un pilar de la estación de la Línea 5 y que dio aviso a Carabineros quienes sacaron el bolso y destruyeron la bomba.

Según señala La Segunda, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), su presidente Pedro Hernández aseguró que desconocía la situación.

Sin embargo testimonios de la obra en que trabaja el hombre que encontró el bolso aseguran que la versión de que el artefacto fue manipulado un día antes de ser hallado es real. "Yo supe que alguien que trabaja a la vuelta encontró un bolso nuevo con un extintor con cables de cobre. Pero eso fue el día antes de que Carabineros llegara acá a hacer el procedimiento", dijo a La Segunda Johnny Fuentealba, jefe de obra de otra construcción ubicada en las cercanías del lugar.

A exactamente 15 años de la desaparición de Jorge Matute Johns (23), ocurrida el 20 de noviembre de 1999, un informe del Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la causa de muerte del joven estudiante de Concepción corresponde a un homicidio.

El documento fue entregado a la ministra en visita del caso, Carola Rivas, quien se hizo cargo de la investigación en julio de este año luego de que el magistrado Jaime Solís decidiera inhabilitarse por la relación que tenía su yerno con el caso.

El nuevo informe, a diferencia de los anteriores que no establecían la causa de muerte del estudiante de la Universidad de Concepción, sí determina que Matute fue asesinado. Pese a haber recibido este nuevo documento, la ministra en visita no quiso confirmar si esto implica que se dará paso a nuevas diligencias en el caso, según señaló Rivas.

Rivas señaló que el nuevo informe "tiene algunas novedades que es necesario investigar. Revela elementos que me pueden llevar a decidir la causa de muerte", en declaraciones a radio Bío Bío.

La ministra afirmó además que determinó posibles sospechosos de lo que habría ocurrido con el joven la noche del 20 de noviembre de 1999.

"Yo tengo que ponerle nombre a un delito y y nombre y apellido a quienes en mi hipótesis deberían haber participado", dijo.

El documento pasará a las manos de la familia Matute y a la defensa, quienes tendrán que determinar si hacen público el documento o no. Sería el hermano del joven, Alex Matute, el que viajaría hasta Concepción para recibir personalmente el informe.

"En un día tan emblemático para nosotros como familia, reiteramos una vez más nuestro total apoyo a la ministra Carola Rivas y esperamos de todo corazón que pueda colocar término a esta pesadilla", afirmó el abogado tras conocer la noticia.

Discreción

En declaraciones entregadas el martes a radio Bío Bío, la ministra Rivas afirmó que tiene antecedentes relevantes respecto de los responsables de la desaparición y muerte del joven penquista. "Tengo cierta información bastante relevante que en el evento de que se conozca o que los protagonistas de esta causa conozcan, puede desviar el éxito de esta investigación", dijo a esa emisora.

La ministra explicó que por esa razón ha preferido trabajar en reserva, con el fin de que la investigación no se vea entorpecida. Rivas señaló que tiene "bastante fe" en resolver el caso, pero aclaró que "tengo que ponerme en el evento de que tampoco lo pueda realizar". Pese a esto afirmó que "hoy día yo me estoy poniendo solamente en un escenario de encontrar la verdad y que eso sea realmente posible en esta ocasión".

En julio de este año el ministro Jaime Solis se inhabilitó del caso porque su yerno, Farid Harun, declaró haber estado en la discoteque "La Cucaracha" la noche de la desaparición de Matute.

Jorge Matute Johns fue visto por última vez con vida la noche del 20 de noviembre de 1999, cuando tenía 23 años, y su cuerpo sin vida fue encontrado en febrero de 2004 a las orillas del río Biobío. El caso fue cerrado sin culpables en 2010 y luego reabierto este año, luego de que el entonces ministro en visita a cargo de la investigación, Jaime Solis, determinara que había nuevos antecedentes que así lo permitían. En julio la ministra Carola Rivas se hizo cargo del caso.