Fraude tributario, mentira electoral
Cuando el año 2000 se modificó el código tributario para sancionar la confección, tráfico y suministro de documentos falsos para facilitar la comisión de delitos tributarios, el legislador también consideró que quien delinque incumpliendo sus obligaciones impositivas se pone en una situación de privilegiada e indebida desigualdad frente a los demás contribuyentes, al dejar de asumir una carga económica que otros en cambio efectivamente soportan. En la práctica, al tipificar este nuevo ilícito, se perseguía atacar la fuente de comisión de ciertos delitos tributarios, pues quien entrega facturas u otros documentos falsos para que otro los contabilice como respaldo de una operación inexistente, permite que el receptor aumente indebidamente sus costos o gastos. Con ello resulta un menor ingreso y, consecuentemente, un menor impuesto a la renta a pagar. Pero además, esos mismos documentos permiten al infractor descontar de su declaración mensual de IVA el impuesto falsamente soportado en la compra o utilización de servicios que en realidad nunca existieron. Con seguridad el legislador del año 2000 no imaginó que burdas maniobras de este tipo serían utilizadas con otros fines, pero con el mismo resultado evasor, por complejos grupos empresariales y por emperifollados políticos. El descubrimiento se presenta con la agravante, como ha trascendido de las investigaciones vinculadas al grupo PENTA, que la facilitación de los documentos que darían cuenta de pagos de servicios inexistentes provendría de quienes pretendían acceder a cargos de elección popular. Esta modalidad habría permitido "justificar" tributariamente la salida de dineros de las empresas, cuando en verdad estaban destinados al financiamiento de campañas políticas.
El hallazgo es reprochable de todo punto de vista, pues los involucrados habrían transgredido desde disposiciones tributarias hasta la ley electoral. Por ello parece cada vez más necesario recordar que la defensa de la igualdad, de la libertad, la justicia y la democracia no sirve hacerla sólo en encendidos discursos diseñados sólo para cautivar votos.
Antes bien, parece imperioso exigir consecuencia, ahora más que nunca, entre lo que se predica y lo que se practica, de parte de quienes aspiran a ejercer cargos de servicio público y de defensa del bien común, pero sobre todo de parte de quienes ostentan esos cargos por varios años.
Luis E. Ulloa Rosas