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Prisión preventiva por 120 días, mientras dure la investigación. Esa fue la decisión tomada ayer por el juez de La Unión, Daniel Mercado respecto de Jaime Javier Uribe Montiel, de 23 años, único detenido por el ataque armado sufrido por el mayor de Carabineros Juan Pablo Díaz Gutiérrez, en el marco del desalojo del fundo Lumaco Bajo, la noche del viernes.
La Fiscalía de Río Bueno solicitó la formalización de Uribe Montiel, por los delitos de homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio, tenencia y porte ilegal de armas de fuego, municiones y usurpación violenta.
El fiscal subrogante Sergio Carmona detalló los hechos en la audiencia de formalización, señalando que "un grupo de personas con sus rostros cubiertos comenzó a lanzarle piedras con boleadoras al personal policial, dándose posteriormente a la fuga. La policía logró dar alcance al imputado, que se había ocultado en unos matorrales, y éste se opuso tenazmente a la detención".
Carmona agregó que producto del forcejeo el imputado cayó al suelo y extrajo de sus vestimentas un revólver calibre 32, con el cual disparó al mayor de Carabineros en la zona abdominal, a una corta distancia. "El proyectil impactó en el chaleco antibalas que la víctima portaba para su protección, resultando con una herida contusa erosiva no penetrante, de carácter leve", precisó.
Además del revólver, cuyo número de serie se encuentra borrado, en poder del imputado se encontraron otras dos armas, entre ellas una escopeta calibre 16, y municiones. Al respecto, el fiscal indicó que Jaime Uribe no tiene autorización para el porte ni tenencia de estas armas.
defensa
La abogada defensora de Jaime Uribe Montiel, Sandra Zamora, aseguró que los 120 días que la fiscalía solicitó, son para realizar nuevas pericias químicas al imputado y las vestimentas usadas el día del desalojo.
En cuanto al lugar de detención del imputado, Zamora indicó que "para tener una conversación más fluida con mi representado y poder realizar vivitas más seguidas, se determinó que Uribe Montiel debe quedarse en el centro de detención preventiva de Río Bueno".
derechos humanos
Patricia Rada, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, asistió a la audiencia de ayer. "Estamos aquí para verificar el estado de las personas que se encontraban detenidas y de la persona que se encuentra herida en el hospital". Respecto del posible abuso policial por parte de Carabineros hacia los comuneros, Rada aseveró que "no podemos realizar ningún tipo de análisis porque recién recibimos los antecedentes para evaluarlos".
Respecto de los otros diez detenidos durante el desalojo del fundo Lumaco Bajo, los cuales fueron puestos en libertad en la madrugada del sábado, la fiscalía indicó que se les citó a declarar por lo ocurrido, pero que aún no se determina si los van a formalizar por el cargo de usurpación violenta.