Durante estas fechas, ocurren simultáneamente dos hechos que propongo analizar de manera conjunta: por un lado, nuestros buenos deseos de prosperidad y bienestar para el nuevo año; y por, la elección que muchos jóvenes y adultos hacen en relación a estudios superiores y de perfeccionamiento profesional en los que se embarcarán en el año escolar 2015. Relacionar estos dos hechos se basa en que la educación formal es un vehículo eficaz para perseguir y ser capaz de ir concretando el futuro deseado. El ejercicio de la vocación profesional supone dotarse de competencias para afrontar las propias aspiraciones, con un sentido sano de contribución a la sociedad.

Como Ingeniero Comercial que soy, quiero aprovechar este espacio para desmitificar la figura del ingeniero comercial transformado en un ejecutivo agresivo, orientado sólo a generar utilidades, a costa de convencer a los consumidores de que necesitan comprar algo.

El área de economía y negocios, no sirve sólo para invertir de manera oportunista, con el fin de satisfacer los intereses de unos pocos; sino que además, y ahora mucho más frecuentemente, entrega herramientas de gestión para lograr la sostenibilidad y la competitividad financiera en iniciativas orientadas a generar valor social. El valor privado, propio de ser objetivo de empresas tradicionales, es desplazado por el valor compartido, signo de modernidad y de nueva tendencia en los negocios.

El valor compartido concibe la competitividad de una empresa y el bienestar de la comunidad como mutuamente dependientes. En este sentido, como diría Sebastián Gatica, lo público no es sinónimo de estatal. La iniciativa privada y su gestión son motor de desarrollo social. Animo por tanto a aquellos con inquietudes de renovación social, tales como afrontar la desigualdad y la pobreza, y como lograr un Chile más justo en educación, salud, pensiones, y otros; que consideren los estudios en economía, negocios y emprendimiento como un camino a tomar. Las grandes demandas sociales de Chile, la calidad de vida y la prosperidad, requieren de un empresariado fuerte y comprometido, de la buena gerencia, de la inversión y del riesgo, y de una sociedad que puede reconocer el aporte de éstos.

Elena Velasco Directora Escuela Ingeniería Comercial, UST Valdivia

Las noticias vinculadas al Caso Penta, lamentablemente han involucrado a la región de Los Ríos, debido a que la senadora Ena von Baer fue incluida como parte del grupo de los parlamentarios, ministros, candidatos y políticos, mencionados como posibles receptores de dineros aportados por el holding a las campañas electorales.

La congresista ha entregado su versión de los hechos y ha pedido que se deje actuar a la justicia.

Sin duda así será. Los tribunales harán su trabajo y definirán responsabilidades acorde con los errores o delitos que se pudiesen o no haber cometido.

Sin embargo, más allá de una situación particular, la polémica nacional instalada frente a todas las aristas del caso, dibuja un escenario particularmente grave para la comunidad chilena, pues ahonda la desconfianza y la distancia que existen entre la ciudadanía y la clase política en general, sobre la cual dan cuenta la mayoría de los sondeos de opinión recientes.

Desde tal perspectiva -más allá de dejar actuar a la justicia, insistimos- se trata de un asunto con un costo altísimo para todos, transversalmente, porque remece el sistema de gobierno y a parte de las instituciones que lo sustentan. Hechos como los que ahora se están conociendo hacen mal a la democracia, la misma que tanto costó al país recuperar y reconstruir.

Por otra parte, mientras el Caso Penta concentra la atención con antecedentes nuevos revelados diariamente, pasan a segundo plano otros asuntos importantes para la marcha del país, como las medidas por la descentralización, por ejemplo.

Por lo mismo, tal como lo ha señalado la presidenta del Senado Isabel Allende, es necesario tomar decisiones legislativas serias al respecto, que se transparenten los datos investigados, se establezcan sanciones reales y ejemplarizadoras para los congresistas que pudiesen haber incurrido en faltas a la probidad o a la ley; además de hacer cambios respecto del financiamiento de la política, fijándose límites a ellos. Los montos actualmente considerados, parecen excesivos y de una magnitud que se acerca al despilfarro, tal como ha indicado un sector de la iglesia Católica en varias ocasiones.