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Uno de los temas que ha causado mayor división con respecto a la reforma educacional, es el de las sanciones que se apliquen a quienes lucren utilizando recursos públicos. Ayer, las comisiones unidas de Educación y Hacienda del Senado, aprobaron sanciones civiles y penales para quienes hagan mal uso de esos fondos.

Durante el paso del proyecto por la Cámara de Diputados, se había incluido una indicación que penalizaba con cárcel el mal uso de recursos públicos. La disposición no prosperó en el Senado, donde fue retirada del proyecto por los parlamentarios Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD).

Por esa razón el Ejecutivo en conjunto con parlamentarios de la Nueva Mayoría, introdujeron una indicación que establece sanciones civiles y penales para quienes lleven a cabo esa práctica, que fue la que finalmente se aprobó en la actual instancia que se encuentra el proyecto.

La indicación establece que quien haga mal uso de los recursos públicos destinados a educación, deberá reintegrarlos al establecimiento educacional debidamente reajustados y además la Superintendencia de Educación los sancionará con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada.

Además señala que en caso de que haya mal uso de los recursos del Estado, se deben establecer las "responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone" y que luego serán la Superintendencia de Educación o el Servicio de Impuestos Internos quienes deberán realizar una denuncia ante el Ministerio Público.

Votación dividida

La votación de esta disposición fue dividida y contó con el apoyo de los senadores de la Nueva Mayoría, mientras que los parlamentarios de la Alianza la rechazaron.

Ayer también se aprobó una indicación que permite la operación con personas relacionadas cuando se hacen con organizaciones sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente de servicios a los establecimientos educacionales. Los senadores también aprobaron dos indicaciones, una del Ejecutivo y otra de los parlamentarios Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, que establece que "se entenderá por partes relacionadas a las personas jurídicas que posean directa o indirectamente el 10% (antes se hablaba del 5%) o más del capital de ésta, la calidad de directivo o de administrador".

Los principales líderes de la UDI llegaron ayer hasta La Moneda para sostener una reunión con el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, con el fin de analizar el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, que busca mejorar el sistema de financiamiento de la política.

Asistieron el presidente del partido, Ernesto Silva y los senadores Hernán Larraín y Juan Antonio Coloma, quienes hicieron entrega de sus propias propuestas a los secretarios de Estado.

Tras la cita, que fue solicitada por la UDI, Silva señaló que le pidieron al Ejecutivo que trabajen juntos en la elaboración de proyectos para dar transparecia a la política. "La UDI ha venido a hacerle un planteamiento al Gobierno para trabajar juntos en una agenda de calidad y modernización de la política", señaló el líder gremialista.

Acerca de la propuesta, el diputado de la UDI detalló que "hemos traído nuestra mirada que se centra en tres aspectos fundamentales, el primero es avanzar en una agenda legislativa que incluye temas que hoy día están en discusión en el Congreso y otros que deben ser incorporados, como la ley de probidad, de transparencia, partidos políticos, Servicio Electoral y una legislación de la no intervención de autoridades en los procesos electorales".

"Hemos planteado nuestra disposición a seguir trabajando en ejes como la transparencia de los aportes, el incentivo a personas a aportar en política, a aportes que fomenten la formación de jóvenes, la inclusión de mujeres y el desarrollo de mayores ideas en partidos", agregó Silva.

Antes estuvieron en La Moneda tratando el mismo asunto, el presidente de RN, Cristián Mockeberg y el senador Alberto Espina, quienes valoraron el ingreso del proyecto en el Congreso.

"Hay que transparentar todo tipo de relación que exista entre la política y el dinero", aseguró Monckeberg.