Hasta hace unos años, en la región habían ocurrido de manera muy aislada ocupaciones ilegales en terrenos agrícolas de privados por parte de comunidades mapuches, casos que siempre se resolvieron de manera pacífica y expedita. Desde hace unos meses que en la región se han suscitado hechos que claramente podemos asegurar que no son aislados, afectando terrenos privados, algunos más violentos con incendios a maquinaria y oficinas de empresas forestales, y uno particularmente persistente y violento contra las personas en su variante etno-ambientales en las tierras del agricultor Edmundo Cortés.

En el marco del desalojo de hace unos días en el Fundo Lumaco Bajo de la comuna de Río Bueno, y que terminó con 11 detenidos, el mayor de Carabineros Juan Pablo Díaz y un activista heridos, las autoridades regionales reaccionaron interponiendo una querella contra los violentadores, situación valorable, no obstante no percibimos un discurso claro o acciones concretas tendientes a evitar el continuo hostigamiento a particulares y sus colaboradores, y la ocurrencia de nuevas ocupaciones ilegales. Como SAVAL F.G. seguimos esperando que el Ejecutivo y el Legislativo vayan al fondo del problema, buscando un acuerdo amplio y transversal que resulte en una legislación capaz de responder a aquello que tenga legitimidad, que es prevenir la sistemática violación del estado de derecho, y cuando corresponda, apresar, procesar y condenar a los responsables de estos actos.

La pregunta que cabe entonces es ¿hasta cuándo?, hasta cuándo el país deberá soportar la permanente transgresión del Estado de Derecho, argumentando la simple invocación de conflicto étnico para justificar ataques incendiarios o amenazas a ciudadanos pacíficos, que solo desean trabajar en paz y armonía.

Estamos a la espera de que la institucionalidad funcione para atender y resolver los conflictos entre sus ciudadanos, y que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no vacilen para hacer respetar esos derechos consagrados en nuestra Constitución Política, que aseguren que hechos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir. La violencia sufrida en estos días, nos deja claro que este conflicto es mucho más que hechos asilados y deben tratarse como tal.

Juan Enrique Hoffmann

El anuncio realizado por el ministro de Energía Máximo Pacheco sobre el proyecto de la Ley de Asociatividad, resulta muy interesante para la región de Los Ríos, donde existen varios proyectos de hidroelectricidad.

La idea -expuesta en una entrevista de prensa- será presentada ante el Congreso dentro de os próximos meses y en ella se propone que las empresas eléctricas (convencionales y de ERNC) entreguen aportes a sus comunidades vecinas según su capacidad de producción, por megawatt instalado. Además, que se pague la patente en la comuna donde la empresa está instalada y no en su casa central, como sucede ahora.

Esto implica que no solamente se deberá cumplir con la legislación ambiental, con las consultas ciudadanas respectivas y con las medidas compensatorias legales; sino que se establecerá una relación permanente con la comunidad a través de pagos que, preferentemente, vayan a garantizar un suministro eléctrico a menor costo para los vecinos de las centrales.

El aporte se entregaría a través de una corporación, los municipios o a través de otra fórmula aún no definida, pero sería constante y permanente en el tiempo. Es decir, beneficios directos y prolongados, además del establecimiento de un vínculo que podría disminuir desconfianzas desde la ciudadanía y aumentar compromisos, desde las empresas.

Por supuesto que esta idea no las exime de otras obligaciones legales, ni del respeto que deben tener por los territorios de valor patrimonial en su entorno; pero sí abre una puerta para que se conviertan en actores permanentes del lugar donde están insertas. Y eso presenta una diferencia ante el escenario actual, en el cual son vistas como visitantes incómodos, que ocupan un espacio, generan un negocio invasivo a partir de los recursos naturales, pero eso no se traduce en desarrollo para sus vecinos. Al contrario, porque las compensaciones son puntuales y finitas. Un aporte en esta nueva dirección, sería de largo plazo.

Si bien hay muchas otras aristas que analizar; al menos aquí se vislumbra un paso hacia conciliar la necesidad real y urgente de Chile de generar energía; con la ineludible responsabilidad de proteger el medioambiente y la calidad de vida de las personas.