Nuevamente estamos frente al fantasma de la congestión y la sobrepresión en la urgencia del Hospital Regional debido a la magra gestión de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) dependientes de la Municipalidad de Valdivia.

Lo anterior se debe a que la municipalidad no ha cumplido con los compromisos asumidos en dos aspectos fundamentales. El primero dice relación con la solución de las más que justas demandas de los funcionarios del sector, lo que derivó en un paro el jueves pasado, y el segundo, por la tardanza en el traspaso de recursos necesarios para asegurar funcionalidad básica.

Datos proporcionados por el Ministerio de Salud indican que el 60% de la atención de urgencia en los hospitales corresponde a casos que, efectivamente, son urgencias de mayor complejidad, que requieren de atención en un recinto hospitalario, mientras que el 40% restante, y que congestiona la urgencia hospitalaria, tiene que ver con casos menos complejos y que precisamente debieron ser atendidos por los SAPU, porque para esa contención fueron creados.

Es decir, casi la mitad de las personas que llegan al hospital en busca de atención médica nunca debió acudir a ese recinto, porque dicha atención tendría que haber sido proveída oportuna y eficazmente en su consultorio.

Las estadísticas también indican que en la medida que la atención en los SAPU disminuye la gente los elude, debido a la falta de profesionales. En esa misma proporción crece la cantidad de urgencias en los hospitales. Lo que no hace uno, sobrecarga al otro.

Siendo una cuestión planteada públicamente desde hace varios meses, no es aceptable que la Municipalidad de Valdivia no sea capaz de resolver definitivamente este problema y traslade esa responsabilidad al Hospital Regional, porque, la verdad sea dicha, aun cuando se trate de un servicio traspasado con déficit en los años 80', es el municipio el que en la práctica no ha completado el traspaso más de 300 millones de pesos al Departamento Municipal de Salud, para apoyar el funcionamiento de los SAPU.

La gente no tiene por qué pagar los platos rotos por la ineficiencia del municipio al no transferir los recursos que permitan contratar profesionales y tener todos los medios para entregar atención de urgencia oportuna y de calidad.

Iván Flores García

Luego del anuncio de la creación de los ministerios de la Mujer y de Pueblos Originarios; el diputado Bernardo Berger ha recordado que existe una decisión pendiente sobre un Ministerio del Adulto Mayor, propuesta que se encuentra en el Congreso desde mediados del año pasado y que cuenta con respaldo transversal, según las declaraciones publicadas por los parlamentarios de distintos partidos.

Pese a lo anterior, la idea no ha prosperado con la misma rapidez de las otras secretarías de Gobierno, aunque para el país es prioritario establecer políticas públicas de largo plazo relacionadas con el envejecimiento, tema que hoy se encuentra repartido en diversas unidades gubernamentales, sin una coordinación clara.

Las estadísticas poblacionales señalan que la cantidad de personas mayores de 60 años muy pronto superará a las menores de 15 años en el país y eso implica un desafío a la institucionalidad social, como nunca antes en la historia de Chile, desde la perspectiva económica, de salud, de vivienda, previsión, derechos ciudadanos y otros, más allá del asistencialismo y la recreación, que han marcado el accionar de los gobiernos hasta hoy.

Un ministerio puede asumir esas tareas de mucho mejor manera que lo hace hoy el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), cuya buena gestión ha servido para visibilizar el crecimiento de este grupo etario; pero que solo puede coordinar esfuerzos con otras unidades, carece de recursos propios y no tiene atribuciones para decidir cambios, fijar normas o fiscalizar casos de discriminación o abuso.

Quizás para algunos este aumento del aparato público sea innecesario, por los gastos que implica y la burocracia que trae aparejada. Pueden tener razón. Sobre todo si se piensa que los tiempos del sistema fiscal son mucho más lentos que las necesidades reales de la población; sin embargo, hasta ahora no ha surgido una estructura estatal alternativa a un ministerio con autonomía y voz nacional que se pueda hacer cargo de una realidad como esta, que involucra a más del 15% de la población.

En tal escenario, es de esperar que la voz del diputado de Valdivia sea escuchada y el tema ingrese, con éxito, este año al proceso legislativo definitivo.