La crítica apuntó al gobierno, principalmente a lo que el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) calificó como "la ausencia del Estado en la región de La Araucanía". Por esta razón el parlamentario de Los Ríos se sumó el fin de semana a la manifestación realizada en Caburgua, para entregar una carta a la Presidenta.

Fuenzalida dijo que "la Araucanía es una región con conflictos sociales y alto grado de violencia, donde se siente la falta de Estado, que garantice la vida y la seguridad de las personas".

Argumentó que hoy los habitantes se sienten indefensos, hecho que también le ha tocado ver en la región de Los Ríos, "con las pocas, pero llamativas tomas que han empezado a ocurrir, por ejemplo, en Río Bueno", sostuvo.

Si bien afirmó que en Los Ríos no se está viendo una situación similar a La Araucanía, dijo que sí ha habido hechos que han afectado a los agricultores a establecer alianzas y a los Carabineros a actuar. "Eso es un pequeño indicio, pero preocupante, porque nadie nos dice que en 2015 no vaya a transformarse en algo un poquito más habitual y por lo cual hay que ponerse el parche antes de la herida".

Fuenzalida destacó el accionar de Carabineros. "He tenido reuniones en Santiago con el general director y con el general de inteligencia, con quienes hemos coordinado la intervención de Carabineros que ha sido oportuna y rápida". Sin embargo, dijo que ha notado una pasividad y falta de interés en participar en estos temas por parte del intendente Egon Montecinos, "al cual no he visto en ninguna reunión, tampoco al gobernador del Ranco", detalló.

H ace 15 años la familia Michillanca está solicitando la reivindicación de tierras en el sector Los Molinos. Actualmente, Gabriel Troncoso Michillanca lidera el proceso de reivindicación y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, donde solicita sea rechazada una acción judicial en su contra interpuesta por Aidee Martínez y José Luis Gómez, propietarios del terreno.

Troncoso y su familia ingresaron al sitio el 16 de diciembre del año pasado y lo mantienen ocupado hasta la fecha. Allí alojan en carpas y construyen una ruca. "Estamos dispuestos a quedarnos pase lo que pase, porque estamos cansados, han pasado muchos años. Es como la última medida que estamos tomando", explicó.

origen

Gabriel Troncoso afirma que tiene documentos que demuestran que la tierra fue usurpada a su familia en el año 1973, durante el gobierno militar. "Nos acusaron de comunistas y con un familiar preso no pudimos hacer nada", contó.

Según relató, su abuelo José Rosamel Michillanca, que no sabía leer ni escribir vendió dos hectáreas a José Luis Gómez. Éste pagó una cuota inicial, pero - añade - inscribió la totalidad del terreno con un título de compraventa.

En el documento aparece una firma de Michillanca y un rut que no corresponde. Además, no incorpora la autorización de Rosalba Velásquez (esposa de Michillanca), que era un requisito para transferir el dominio.

Acciones

La familia Michillanca inició la recuperación a través de la justicia. "Lo hicimos de la forma legal, de oficina en oficina, al final nadie nos ayudó".

A fines de diciembre de 2014, el director regional de Conadi, Cristian Cayul, llegó hasta el sector para prestar colaboración. La opción fue acogerse al artículo 20 letra B, que para su aplicación entrega un subsidio que permite resolver conflictos por la propiedad de la tierra entre un particular y las comunidades indígenas. Pero para Troncoso no es suficiente. "No queremos eso, porque nosotros tenemos todas las pruebas para demostrar que fue un robo, un fraude, entonces no nos convence la solución que nos dan".

El terreno en discusión es de aproximadamente 12 hectáreas, y para la familia de Troncoso es "urgente" recuperarlo para trabajar la tierra. Desde que asumieron la defensa del que dicen es su terreno, la familia Michillanca ha sido desalojada en tres oportunidades, en los años 2004, 2007 y 2013. "Pero ahora la situación es diferente, porque hay harta gente apoyándonos", dijo Gabriel Troncoso Michillanca.