Beneficio para adultos mayores
Una iniciativa para rebajar el monto de las deudas que tienen los adultos mayores con las Cajas de Compensación, fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados por sugerencia de varios parlamentarios, entre los que se encuentra el diputado y ex intendente de Los Ríos, Iván Flores. La idea fue acogida positivamente desde el Ejecutivo y podría traducirse en condonación de intereses y multas (no de las deudas contraídas) por casi 20 mil millones de pesos a nivel nacional.
El tema es muy importante porque implica dar alivio directo a personas que pertenecen a los grupos más vulnerables de la población y que, en las actuales condiciones, no tenían posibilidades reales de ordenar su situación financiera. Pero también es relevante, porque permite volver la mirada hacia una realidad escondida relacionada con el creciente nivel de endeudamiento que presentan los adultos mayores en Chile, tanto con la banca como con las Cajas de Compensación, las tiendas comerciales y las farmacias.
Según la encuesta de 'Conocimiento y Evaluación de los Consumidores en Materias Financieras, 2014' del Sernac, el 65% de las personas mayores de 60 años reconoce tener una deuda en tarjetas de crédito de casas comerciales; un 29% con tarjetas de crédito bancarias y un 26% en créditos de consumo. Además según datos del Senama, más de 300 mil mayores se encuentran morosos con los créditos contraídos, destinando un estimado de $30 mil pesos mensuales a esos compromisos, algo bastante alto si se considera que el ingreso promedio de los pensionados llega a $173.244 mensuales.
Esta cifra creciente se podría deber a que las pensiones son demasiado bajas para cubrir las necesidades básicas de las personas mayores. También a que se recurre a créditos para solventar necesidades de otros familiares (hijos, nietos), asumiendo cuotas mensuales que superan la capacidad de pago. En estos casos, se verificarían también abusos económicos que no son fáciles de detectar.
La propuesta parlamentaria permite reflexionar al respecto y pone de manifiesto, la necesidad de contar con un sistema regulatorio especial y de largo plazo para los mayores, tanto en ésta como en otras materias.