El canciller Heraldo Muñoz informó ayer que ya están definidos los nombres de los abogados que alegarán en defensa de Chile en el juicio que revisará las excepciones preliminares presentadas por nuestro país a la demanda marítima ingresada por Bolivia a la Corte de La Haya.

El anuncio fue realizado por el ministro luego de reunirse en París con el equipo jurídico que defenderá la causa nacional. En la oportunidad, el titular de Relaciones Exteriores aseguró, además, que los argumentos ya están listos y que en un nuevo encuentro que se realizará hoy se afinarán los discursos que se presentarán ante los jueces del tribunal internacional.

"Esta reunión con los abogados internacionales de la defensa de Chile en La Haya ha sido muy productiva hasta ahora y seguiremos trabajando el día de mañana (hoy) afinando los alegatos orales que comienzan el 4 de mayo", comentó Muñoz.

"Los argumentos principales ya están definidos, de lo que se trata ahora es de pulir los discursos propiamente tales y ya hemos definido quiénes van a alegar en defensa de nuestro país", agregó, sin mencionar los nombres de los juristas.

En cuanto al trabajo que resta, el canciller indicó que "tenemos que ver los discursos del segundo día, hay que entender que estos alegatos se extienden una semana entera".

Sobre la postura que Chile expresará en la Corte, el ministro dijo que "la defensa de Chile ha sido integral, hemos considerado los elementos, políticos, comunicacionales, pero hoy es el momento de los argumentos jurídicos, el 4 de mayo llega la hora del derecho y del cumplimiento de los tratados".

La Conferencia Episcopal de Chile expresó ayer públicamente su apoyo al nombramiento de Juan Barros Madrid como nuevo obispo de Osorno, decisión que ha sido cuestionada debido a su vínculo con el sacerdote Fernando Karadima, acusado de abusos sexuales.

En un comunicado, el comité permanente del organismo respondió a los reparos emanados desde distintos sectores de la Iglesia que rechazaron la llegada de Barros a la diócesis sureña y que han pedido su renuncia.

El Episcopado manifestó "nuestra adhesión, en espíritu de fe y obediencia, al Papa Francisco quien ha nominado a Mons. Barros como Obispo de la diócesis de Osorno".

Asimismo, expresó "nuestra cercanía a los presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas de la Iglesia hermana de Osorno, llamados por Jesús a ser discípulos-misioneros suyos, en comunión con su pastor". Y finalmente, la Iglesia resaltó su "compromiso de oración para que fieles y pastor caminen en fidelidad al mandato del Señor".

DESIGNACIÓN

A los cuestionamientos surgidos por la designación de Barros se sumó ayer el del sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien expresó sus dudas respecto de los dichos del nuevo obispo a través de una carta a los fieles de Osorno, en la cual asegura haber desconocido los abusos cometidos por Karadima.

Al respecto, Berríos dijo en CNN Chile que "tiendo a creerles más a los testigos, a los mismos que los trataron de que eran locos, que querían plata, que los trataron pésimo, los desautorizaron porque estaban diciendo que Karadima hacía lo que hacía. Después que el Vaticano les encontró razón a Murillo, a Juan Carlos Cruz y a Hamilton vienen a decir esto otro, entonces yo le creo a quienes han dicho la verdad".

Uno de los primeros en reprochar el nombramiento de Barros fue un grupo de cerca de 30 sacerdotes y diáconos de Osorno que le pidió al nuncio apostólico, Ivo Scapolo, que intercediera para lograr la renuncia del prelado. También expresaron su rechazo el superior provincial de los Sagrados Corazones, Alex Vigueras, y el ex capellán de La Moneda, Percival Cowley.

La controversia ha sido reproducida en medios internacionales, entre ellos el diario británico The Guardian, que sugirió que la promesa del Papa Francisco de afrontar los abusos al interior de la Iglesia está siendo puesta a prueba con el nombramiento del obispo chileno, un análisis similar al realizado por New York Daily News y la CBS.

El Senado aprobó ayer revocar la nacionalidad por gracia del sacerdote irlandés John O'Reilly, revirtiéndose así el beneficio que le concedió el 2009 el propio Parlamento.

El religioso de los Legionarios de Cristo fue condenado en noviembre de 2014 a cuatro años de libertad vigilada tras ser declarado culpable de abusos reiterados contra una menor de edad del Colegio Cumbres, en Santiago.

En primera instancia, los legisladores respaldaron una moción de los senadores PS Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros que plantea la revocación de la nacionalidad al sacerdote. Luego, los senadores visaron un proyecto en segundo trámite constitucional ratificado por la Cámara en enero y que apuntaba a aplicar la misma medida a O'Reilly. Al contar ya con el respaldo previo de la Cámara, la segunda medida quedó en condiciones de convertirse en ley.

Al respecto, De Urresti manifestó que "la nacionalidad chilena es un privilegio y este delincuente con sotana no puede ostentar este alto honor". Además, en su intervención, el parlamentario manifestó que "lamentablemente la nacionalidad por gracia que le fue concedida fue utilizada como atenuante para rebajar su sentencia, lo que es inadmisible, y obtuvo solamente 4 años de libertad vigilada y hoy con estupor vemos fotos de este delincuente paseándose a vista y paciencia de la ciudadanía", expresó.

Igualmente, De Urresti solicitó que se oficie al Ministerio del Interior para que John O'Reilly sea expulsado del país.