Cuatro miembros de la comisión que asesora al Papa Francisco sobre abusos sexuales viajaron ayer a Roma para expresar en persona sus recelos ante la designación de Juan Barros como obispo de Osorno, quien ha sido cuestionado por su vínculo con el ex párroco Fernando Karadima, condenado canónicamente en 2011 por abusos sexuales.

Según consignó la agencia AP, los cuatro asesores se reunieron con el cardenal de Boston Sean O'Malley, el lugarteniente del Pontífice en materia de abusos sexuales.

En un comunicado citado por la agencia, Marie Collins, integrante de la comisión y quien en el pasado fue víctima de abusos, dijo que si Barros no comprendió entonces que la conducta de Karadima era inaceptable, "entonces no comprende el abuso de niños" y no debería estar al frente de una diócesis donde, entre otras tareas, sería responsable de proteger a los niños de los pederastas.

En el comunicado, los cuatro miembros de la comisión resaltaron que el proceso de designación de obispos debe tomar en cuenta su comprensión sobre cómo deben ser protegidos los niños.

"A la luz del hecho de que los abusos sexuales son tan comunes, es esencial la capacidad del obispo para promulgar políticas eficaces y vigilar cuidadosamente su cumplimiento", subrayaron.

Cuestionamientos

La designación de Barros como líder de la diócesis de Osorno suscitó fuertes críticas en la comunidad de esa ciudad y en algunos sectores de la Iglesia, debido a que es apuntado como supuesto encubridor del ex párroco de El Bosque Fernando Karadima.

Antes y después de asumir su cargo, Barros aseguró que nunca se enteró de los abusos sexuales cometidos por Karadima y manifestó su condena a esos hechos.

A pesar de los múltiples reparos a su nombramiento, Barros asumió a fines de marzo pasado como obispo de la ciudad sureña en una ceremonia marcada por las protestas y las muestras de rechazo de cientos de manifestantes apostados dentro y fuera de la catedral local.

Entre quienes han rechazado la designación de Barros en el cargo se encuentran el sacerdote jesuita Felipe Berríos, el ex capellán de La Moneda Percival Cowley y la Congregación de los Sagrados Corazones.

A ellos se suman los denunciantes de Karadima, entre ellos Juan Carlos Cruz, quien aseguró que Barros presenció los abusos de los que fue víctima.

El ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005), vocero de la causa marítima que su país reclama a Chile, consideró ayer que la "doble apuesta" de Chile en la campaña para defender su postura frente a la demanda del país andino ante La Haya.

En una columna de opinión publicada en el diario Página Siete, Mesa dijo que uno de los argumentos de Chile es insistir en que Bolivia intenta con su demanda cuestionar el Tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos países 25 años después de la guerra en que el país andino perdió su acceso al océano Pacífico.

Según Mesa, ante la proximidad de la presentación de alegatos en la CIJ y "a falta de razones jurídicas", Santiago busca generar "una sensación política de que lo que está en juego no es simplemente un fallo que resuelva la controversia entre dos países" sino "un antecedente de alto riesgo para el orden jurídico internacional".

"La apuesta doblada por Chile en esta recta final es perfectamente comprensible, pero, con todo respeto, absolutamente estéril. La causa boliviana tiene una base lógica que está a muchos kilómetros del Tratado de 1904", sostuvo.

El presidente del Senado, Patricio Walker, aseguró que un fallo favorable a Bolivia provocaría un "caos internacional". Al respecto, Mesa consideró que Chile persigue dos objetivos, el primero "intentar que la corte acepte su lógica argumental" que, según dijo, es "ajena a la naturaleza intrínseca de la demanda boliviana". El segundo, agregó, es "crear en la comunidad internacional el temor de que, efectivamente, lo que está en juego no es un caso entre dos países, sino una jurisprudencia que puede complicar al mundo en temas internacionales mucho más volátiles y explosivos".

Los habitantes de Chañaral salieron ayer a las calles a protestar por la falta de ayuda tras la catástrofe producida por inundaciones y aluviones que afectó al norte del país a fines de marzo.

Los chañaralinos pidieron que se aceleren los trabajos de reconstrucción de su ciudad, además de exigir claridad sobre la contaminación que hay en la zona debido al lodo.

La manifestación consistió en un corte de tránsito de la ciudad, en la Región de Atacama, por varios minutos, donde los vecinos expresaron que necesitan soluciones definitivas y no de parche.

"Queremos que el Gobierno reacciones y que no nos dejen botados. Que las casas sean definitivas y no de parche (...) que la solución del abastecimiento de agua sea concreta", dijo uno de los manifestantes al canal 24 Horas.

La protesta se disolvió cuando un militar se acercó a hablar con quienes participaban y los convenció de despejar el camino, argumentando que sólo buscaba "el bien común de Chañaral" y solicitándoles su ayuda como "líderes" para "levantar" la ciudad.

Antes de que finalizara la manifestación, los asistentes emplazaron a las autoridades de Gobierno por las labores de búsqueda en la zona.

Nuevo balance

La noche del sábado, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) emitió un nuevo balance sobre la catástrofe que afectó a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

En el informe se reportó que la cifra de personas desaparecidas disminuyó de 101 a 85, de acuerdo con las denuncias por presunta desgracia que han sido realizadas.

La cifra de damnificados, en tanto, se situó en 29.739, de los que 1.392 se encuentran en albergues, unas 600 menos que en el recuento del viernes pasado. Mientras que el número de fallecidos se mantuvo en 26.

Además, la Onemi señaló en su publicación que se mantiene el Estado de Catástrofe, para facilitar la remoción de escombros y la reconstrucción, en la Región de Atacama y las comunas de Antofagasta y Taltal. Asimismo, sigue el toque de queda en las comunas de Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, el cual rige desde las 00.00 a las 06.00.

Por otro lado, desde el mismo organismo ratificaron que sigue el proceso de vacunación contra la hepatitis A, la influenza, el difteria y el tétano a quienes fueron afectados por los aluviones en la Región de Atacama.

Respecto del año académico, según autoridades, recién el 1 de mayo los estudiantes de la zona podrían regresar a clases, las que se mantienen suspendidas debido a los daños causados a varios de los establecimientos educacionales del norte.

Anteriormente, la Presidenta Bachelet había anunciado la adjudicación de US$ 1.500 millones para hacer frente a la emergencia, cantidad superior a la que hizo falta para contrarrestar el terremoto en Iquique y el incendio en Valparaíso del año pasado.

Niegan apropiación

Mientras, el ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, desmintió ayer la denuncia realizada a través de un video anónimo respecto de la supuesta apropiación del Gobierno de la ayuda de privados a los afectados por la catástrofe, afirmando que "dicha denuncia es absolutamente falsa".

El secretario de Estado explicó que "más del 90% de la ayuda distribuida en las regiones afectadas por la emergencia corresponde a compras que ha realizado el Estado". Esta, agregó, se "clasifica y se identifica con el distintivo oficial para evitar que se utilice con finalidades distintas".