Por cuatro horas declaró ayer, en calidad de imputado, el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por el denominado caso Caval en la Fiscalía Regional de O'Higgins.

El caso, investigado por los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, tiene relación con la compra de tres predios en la comuna de Machalí a través de un crédito de $6.500 millones otorgado por el Banco de Chile.

La Fiscalía investiga si en el negocio hubo delitos de negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias. Caval, de la que es socia Compagnon, habría adquirido los terrenos rurales apostando al cambio en el plan regulador que se efectuaría en el sector, el que aumentaría considerablemente el valor de los predios.

El ex director sociocultural de La Moneda llegó cerca de las 10.00 a las dependencias de la Fiscalía de Rancagua a bordo de un vehículo fiscal y en compañía de su abogado Alvaro Morales.

Las inmediaciones del edificio estuvieron resguardadas por amplias medidas de seguridad, que incluyeron el despliegue de 20 funcionarios de Carabineros y un bus de Fuerzas Especiales.

La semana pasada, cuando la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, concurrió a declarar ante el fiscal, sufrió agresiones por parte de un grupo de manifestantes a su salida. Las medidas de ayer fueron solicitadas por el Ministerio Público para evitar que se repitieran los mismos hechos.

En el interrogatorio, el hijo de la Mandataria renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó prestar declaración.

Dávalos se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa que estaba apostada en el lugar.

El interrogatorio a Dávalos ocurrió horas después de que la prensa difundiera las declaraciones a la Fiscalía realizadas por Compagnon. En ellas, la cientista político involucró a los "operadores" de la UDI Patricio Cordero y Juan Díaz en el negocio en Machalí.

Dichos de Compagnon

La socia de Caval aseguró que con ellos se acordó dividir las ganancias de la operación y que Cordero y Díaz se quedarían con el 50% de la utilidad. Por ello, dijo Compagnon, ella sólo obtendría $ 350 millones.

Cordero dijo haber desconocido esa distribución, según consignó ayer El Mercurio, y negó que parte de las ganancias de la venta hayan sido destinadas a un senador y a un ex ministro de Estado, como declaró Víctorino Arrepol, uno de los gestores del crédito del Banco de Chile.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, también rechazó ayer los antecedentes entregados por Compagnon y aseguró que el negocio fue de carácter privado.

"He oído cosas delirantes en el último tiempo, pero ésta francamente superó toda la imaginación", afirmó el senador gremialista en radio Cooperativa, sobre el presunto vínculo de los operadores de la UDI en el caso Caval.

"Me parece que no se le puede prestar crédito a ese tipo de insinuaciones para lograr pensar que aquí hay una operación política detrás del caso Caval ajena a los actores que ahí están", agregó.

Larraín enfatizó que "una de las personas que están imputadas, Patricio Cordero, ha dicho que 'éste es un negocio particular en donde estamos trabajando con Caval'. Eso me parece que es lo que es".

4

horas duró la declaración de Sebastián Dávalos a los fiscales de O'Higgins Luis Toledo y Sergio Moya.

$ 9.500

millones fue el monto en que los terrenos de Machalí fueron vendidos a Silca, que ahora acusa a Caval de estafa.

$ 350

millones dijo la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, que obtendría por el negocio en Machalí.

El ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, aseguró ayer que el Ejecutivo respalda el trabajo realizado por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, pese a la aparición de boletas suyas que lo vinculan a la empresa Asesorías y Negocios SpA, que emitió documentos para SQM, y a sus dichos respecto de que no habrá querellas contra políticos por parte de la institución.

Jorratt "es una persona con una larga trayectoria profesional, fue en el pasado jefe de estudios del SII y está desarrollando un trabajo profesional", sostuvo el vocero de La Moneda.

Respecto del vínculo de Jorratt con Asesorías y Negocios SpA, Elizalde dijo que "los trabajos profesionales que desarrollan los distintos servidores públicos no es un tema que le corresponda al Gobierno".

"Lo importante es que ésta es una institución que está trabajando de manera autónoma y con profesionalismo", agregó, respecto del SII.

En cuanto a los comentarios del titular del servicio sobre las querellas a políticos, Elizalde reiteró que "nosotros somos profundamente respetuosos de la autonomía y profesionalismo el SII". "Ustedes han sido testigos que efectivamente el SII ha llevado adelante todas las iniciativas necesarias para cumplir primero con su función de contribuir a la recaudación de los impuestos en el país y adicionalmente en la persecución penal cuando eventualmente se ha cometido un delito", agregó.

Sobre una eventual ratificación de Jorratt en el cargo, el titular de la Segegob explicó que "se está realizando el proceso conforme a las normas de Alta Dirección Pública y la Presidenta de la República en su momento tendrá que tomar la decisión correspondiente".

bancorp

A la arista SQM del caso Penta ayer se sumó una nueva diligencia en la Fiscalía. Los ejecutivos de Bancorp José Cox y Santiago Valdés se reunieron con los persecutores a cargo de la causa. Sin embargo, ambos funcionarios declinaron prestar declaración, pero sí solicitaron acceso a los antecedentes que están en la carpeta investigativa del Ministerio Público.

Cox es investigado por la Fiscalía luego que el SII realizara una denuncia por 15 facturas sin respaldo emitidas a SQM por un total de $ 318 millones.

Valdés, en tanto, fue quien habría firmado un contrato forward por $ 49 millones entre Bancorp y CB Consultorías y Proyectos para Mediterráneo Fondo de Inversión.