Desde el año 1955 la Universidad Austral de Chile inicia sus actividades académicas con una ceremonia especial. En ella, un personaje público destacado realiza una clase magistral. Han pasado las décadas y esa tradición nunca ha sido interrumpida. Ayer fue inaugurado el año académico de 2015.

Durante la mañana -y después del desfile de académicos togados encabezado por el rector Oscar Galindo- se llevó a cabo la ceremonia. Este año, el encargado de dictar la clase magistral fue el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Francisco Martínez. Su charla se tituló: "Reflexiones sobre la Reforma de la Educación Superior". En ella habló sobre la búsqueda de la equidad, los fines éticos y económicos que tiene realizar esta reforma y también explicó algunos detalles de cómo se espera lograr esa equidad.

sobre ética y economía

Cuando se compara la calidad y la equidad de la educación chilena con las realidades de otras naciones los resultados son preocupantes. Los estudios muestran que Chile está en el puesto número 33 en competitividad, entre 144 . Sin embargo, cuando se estudia la calidad de su educación primaria figura en el número 99 y al analizar la calidad del sistema de educación está en el 71. "Hay un desfase, estamos en deuda", dijo el experto Francisco Martínez. También se está en deuda con la educación técnico profesional, con la equidad del acceso y con el apoyo económico que se entrega a los estudiantes más vulnerables. "Las carreras no siempre son rentables para permitir que los estudiantes puedan pagar sus créditos. Y los más afectados son quienes tienen menores ingresos y estudiaron carreras más precarizadas. Quedan endeudados para la próxima generación que ellos tienen que construir", explicó

Tampoco se puede asegurar la calidad de las instituciones porque los procesos de acreditación son voluntarios y no se puede evitar que los establecimientos cierren debido a factores financieros. "El sistema que se estableció en los años '80 generó una ampliación en la cobertura, pero dejó una marca de inequidad, que es de la que nos tenemos que hacer cargo", agregó.

Para Martínez, solucionar estos problemas es un deber ético, pero también representa una necesidad económica. "Recibir educación de calidad es el mecanismo más efectivo para reducir las inequidades. Además, la educación es un derecho que no puede depender de los recursos económicos. Pero desde el punto de vista económico es importante destacar que si invertimos fuerte en un sistema de educación de calidad que mejore los talentos de los estudiantes, tendremos una economía más dinámica e innovadora", dijo.

cómo lograrlo

Para Francisco Martínez las soluciones a estos problemas se pueden encontrar cambiando el rol del Estado. "Es una decisión profunda, porque cambia el rol en el que nos organizamos como sociedad. Hasta ahora hemos tenido un rol subsidiario. La educación se ve como un servicio, la cobertura se rige por las reglas del mercado y el rol del ministerio ha sido básicamente proveer de subsidios y programas. El rol se debe reemplazar a uno garante, donde la educación de calidad sea un derecho social. Un sistema mixto y regulado".

cambios

Martínez aseguró que con la reforma de la educación superior se mantendría un sistema mixto -de universidades públicas y privadas- pero se fortalecería la educación pública.

Se crearían dos universidades -en las regiones de O'Higgins y Aysén-, además de 15 Centros de Formación Técnica a lo largo del país.

Se financiaría a las instituciones que estén acreditadas. Los aranceles serían definidos por el Estado por un panel de expertos e ingresar al sistema gratuito sería opcional para los establecimientos.

"También vamos a instalar el marco nacional de cualificación. Esta es una antigua aspiración de los especialistas y algo nuevo en el mundo. Permitirá que haya coherencia y transparencia para todo el sistema. Los resultados esperados de cada nivel serán garantizados y certificados. Se certificarán las calificaciones de los estudiantes, este sistema también permitirá cambios de carrera entre universidades. Nos permitirá ordenar los procesos educativos y homologar nuestros procesos formativos con las diferentes instituciones del sistema y también internacionalmente", destacó.

Habrá tres grupos de instituciones de educación superior. Las privadas sin aportes públicos, que serán las que decidan quedarse fuera del sistema de gratuidad. Las privadas con aportes públicos que ingresarán al sistema de gratuidad y las universidades estatales. Ellas definirán diferentes niveles de compromisos con la política pública.

acreditación

La acreditación sería obligatoria. Las evaluaciones se integrarían en un solo proceso. Se seleccionaría a un conjunto de carreras con ciertos criterios, por lo que las universidades tendrían que evitar que alguna de sus carreras baje su calidad, ya que esto podría afectar su acreditación institucional. Habría criterios y estándares.

"Existirán tres niveles de acreditación que significarán un buen estándar. También habrá una acreditación condicional. Esto significa que la institución podrá seguir operando, pero por un tiempo determinado -unos dos años- para recuperar los estándares mínimos. También estarán las instituciones que no sean acreditadas. La Superintendencia se hará cargo de estos casos", dijo.

financiamiento

Para establecer el financiamiento de las instituciones se determinaría el costo de la docencia y luego el costo de las diferentes funciones que cumple la universidad.

"La gratuidad nos obliga a tener claridad sobre cuál es el costo real de lo que estamos financiando como estado. Los instrumentos van a ser diferenciados de acuerdo al régimen. Habrá instrumentos para universidades estatales, privados con aportes públicos y privadas sin aportes públicos", explicó Martínez.

Las universidades estatales y privadas sin fines de lucro, acreditadas y con compromisos públicos tendrían financiamiento de gratuidad. Los estudiantes tendrán un límite de gratuidad en términos de lo que necesiten para cumplir su carrera. "La noción es el financiamiento a una carrera", destacó. El crecimiento de una institución estaría acotado a su calidad.

La forma de calcular el costo de una carrera se definiría dependiendo de si están basadas en el aula, si incluye laboratorios o tareas en terreno. Las diferencias en valores también tendrían que ver con el nivel de calidad de cada institución, la vulnerabilidad de sus estudiantes y la localización geográfica.

"Si invertimos fuerte en un sistema de educación de calidad que mejore los talentos de los estudiantes, tendremos una economía más dinámica e innovadora".

Francisco Martínez, Jefe de la Div. Educación Superior del Mineduc