El alcalde de Lanco Rolando Peña, anunció la aprobación de dos proyectos eléctricos, para los sectores de Los Maitenes y Alhuemanque y que beneficiarán a 54 familias conformadas principalmente por vecinos mapuche-huilliche. "Tengo la gran alegría de comunicar la aprobación de los proyectos de normalización de suministro de energía eléctrica para 16 familias de Los Maitenes por $68 millones y 38 familias de Alhuemanque por $102 millones, los que sin duda contribuirán a mejorar considerablemente la calidad de vida de nuestros queridos vecinos", expresó la autoridad.

Con el objetivo de solicitar su intervención para resguardar el patrimonio fiscal, el senador Alfonso de Urresti (PS) interpuso ayer por la tarde una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue la serie de hechos administrativos ocurridos en torno a la construcción del puente Cau Cau, en Valdivia.

Previo a ingresar el documento de la denuncia, el parlamentario sostuvo una reunión con el presidente del CDE Juan Ignacio Piña, a quien informó sobre los sucesivos errores cometidos en el desarrollo de la obra.

Al respecto, De Urresti manifestó que "hemos solicitado en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el puente Cau Cau, la intervención del Consejo de Defensa del Estado para que tome conocimiento de la situación, para que vele por los intereses del Estado y resguarde el correcto uso de los recursos públicos, como corresponde".

El legislador también expresó que "esta obra, como se sabe, adolece de muchos errores y la comunidad necesita conocer qué ha pasado, si se han malgastado o no recursos en inspecciones, en asesorías, y si existe daño al patrimonio fiscal. El presidente del CDE desconocía la magnitud y esperamos que a través de esta investigación exista una mayor claridad al respecto y, principalmente, se asuman las acciones de defensa del Estado, su patrimonio y sus intereses".

LEGADO BICENTENARIO

El puente Cau Cau es una de las obras caracterizadas como "Legado Bicentenario" que contemplaba en su inicio un monto aproximado a los 15 mil 786 millones de pesos de inversión y que, originalmente, debía ser entregada en marzo de 2014. A la fecha la inversión supera los 18 mil 500 millones de pesos y se desconoce la fecha de término.

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Militantes de Renovación Nacional (RN) en Los Ríos denunciaron ayer que la empresa Delphinus Capacitaciones Limitada, vinculada al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) Jorge Cid, se adjudicó un total de 87 capacitaciones del programa Más Capaz del Sence, en la regiones de Los Ríos (13), Los Lagos (48) y La Araucanía (26), por un monto total de 1.947 millones de pesos.

Si bien Cid ayer señaló que vendió su parte en la empresa en diciembre de 2014; los cursos fueron adjudicados por el Sence el 2 de marzo de 2015, momento en que la empresa registraba como representantes legales a Jorge Eduardo Cid Manríquez, Gina Rossana Oyarzún Rodríguez (esposa del director regional) y Ricardo Cid Oyarzún (hijo).

"No soy propietario de esta empresa, porque mi parte la vendí. Mi hijo sí participa con un 10%", dijo ayer el director regional del Sag y aseguró que "una vez que fui confirmado como director por alta dirección pública, hice los trámites de enajenación. La empresa se vendió en diciembre de 2014", aseveró.

Cid insistió además que no hay ilegalidad e el proceso de adjudicación de los cursos.

"El estatuto administrativo define claramente cuáles son nuestras obligaciones y derechos. Yo no tengo ninguna injerencia como funcionario en las decisiones que tomen otros organismos públicos. No hay ningún conflicto de interés", subrayó el director regional junto con manifestar que está de acuerdo con que el caso sea analizado por Contraloría "para despejar todas las dudas".

DENUNCIANTES

La denuncia sobre la situación fue hecha ayer por el presidente regional de RN Henry Azurmendi, quien relató que "hace un par de semanas se comunicaron anónimamente con nosotros funcionarios del Sag y el Sence, quienes nos solicitaban investigar. Lo hicimos y en caso de comprobarse los antecedentes recopilados, que se relacionan con que el actual director regional del Sag es dueño de organismo técnico de capacitación (Otec) que se adjudica proyectos que son financiados con fondos públicos, eso claramente es una irregularidad que la legislación no permite, y es una situación en la cual hay que investigar", agregó.

El ex intendente además aseguró que según los antecedentes que manejan "cada capacitación tiene un costo promedio de entre 12 y 13 millones de pesos".

"NO CORRESPONDE"

Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida el hecho debe ser investigado "porque adjudicarse licitaciones públicas siendo funcionario estatal, lo que en otras palabras es ganar platas del Estado haciendo capacitaciones, no sólo no corresponde éticamente, sino que tampoco legalmente".

"Ninguna persona que trabaje en el gobierno, ya sea a honorarios, a contrata o a planta, puede tener negocios con el Estado (...) ni él, ni sus familiares, ni tampoco ninguna empresa donde participe en un 10% de la propiedad", agregó.

En esa línea el parlamentario aseguró que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Como fiscalizador y como diputado voy a ir de todas maneras a la Contraloría a llevar estos antecedentes".

Pese a solicitar una versión, ayer el Sence no entregó una declaración sobre este hecho. Tampoco hubo una versión de la intendencia.

La presidenta regional de PPD, Bárbara Klett, lamentó las críticas que ha recibido el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, luego de ser vinculado a una arista del caso Soquimich. La dirigenta aseguró que "la derecha realiza un desesperado intento de jugar al empate, sin entregar soluciones, y sin entender que debe ser la clase política, en su conjunto, la que busque una solución para enfrentar las críticas de la ciudadanía. Vemos que mientras el gobierno hace frente el drama y al dolor que se vive en el norte, parte de la derecha busca desprestigiar y poner en duda al gobierno".

Mientras el diputado RN Bernardo Berger pidió ayer soluciones definitivas para las familias beneficiarias del Programa de Recambio de Calefactores, desde el Gobierno señalaron que la instalación de los nuevos equipos debería producirse dentro de las próximas dos semanas.

El parlamentario señaló que a raíz de una serie de denuncias recibidas en su oficina parlamentaria respecto a la marcha del programa de recambio de calefactores, pidió en la Cámara de Diputados que se oficie al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para que se entregue soluciones a los vecinos que son parte del programa.

"Eran alrededor de 400 calefactores que se entregarían en Valdivia, con una inversión de alrededor de 190 millones de pesos y hoy (ayer) 20 de abril, hay una cantidad que no se ha instalado porque no cumplen con las exigencias técnicas. Hay vecinos que desde noviembre tienen el calefactor embalado en su casa y aún no se lo instalan, con el agravante de que en la seremía de Medio Ambiente les dan diferentes explicaciones", aseguró Berger.

OFICIAL

En tanto, ayer el seremi de Gobierno Marco Leal y la seremi de Medio Ambiente Carla Peña recordaron que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emitió una resolución el 4 de febrero, a través de la cual prohibió transitoriamente la comercialización de ocho modelos de calefactores marca Amesti -entre ellos el Scantek 380- hasta que se regularice el proceso.

Leal informó que "la SEC ordenó a la empresa presentar un plan de cumplimiento para sus equipos. Frente a ello, ya se certificaron los 23 equipos que se van a fabricar a partir de ahora y estamos a la espera de las fechas para su instalación, que no debiese ser superior a dos semanas"y agregó que el objetivo del Gobierno "es que esta resolución tenga el menor impacto posible en los beneficiarios del programa de recambio y garantizar que los aparatos instalados cumplan con las normativas vigentes".

La seremi Carla Peña indicó que los 372 calefactores ya instalados en Valdivia serán reemplazados por la empresa Amesti, por estufas nuevas certificadas y que "conocida la resolución de la SEC, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a Amesti la detención inmediata del proceso de recambio".