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Militantes de Renovación Nacional (RN) en Los Ríos denunciaron ayer que la empresa Delphinus Capacitaciones Limitada, vinculada al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) Jorge Cid, se adjudicó un total de 87 capacitaciones del programa Más Capaz del Sence, en la regiones de Los Ríos (13), Los Lagos (48) y La Araucanía (26), por un monto total de 1.947 millones de pesos.
Si bien Cid ayer señaló que vendió su parte en la empresa en diciembre de 2014; los cursos fueron adjudicados por el Sence el 2 de marzo de 2015, momento en que la empresa registraba como representantes legales a Jorge Eduardo Cid Manríquez, Gina Rossana Oyarzún Rodríguez (esposa del director regional) y Ricardo Cid Oyarzún (hijo).
"No soy propietario de esta empresa, porque mi parte la vendí. Mi hijo sí participa con un 10%", dijo ayer el director regional del Sag y aseguró que "una vez que fui confirmado como director por alta dirección pública, hice los trámites de enajenación. La empresa se vendió en diciembre de 2014", aseveró.
Cid insistió además que no hay ilegalidad e el proceso de adjudicación de los cursos.
"El estatuto administrativo define claramente cuáles son nuestras obligaciones y derechos. Yo no tengo ninguna injerencia como funcionario en las decisiones que tomen otros organismos públicos. No hay ningún conflicto de interés", subrayó el director regional junto con manifestar que está de acuerdo con que el caso sea analizado por Contraloría "para despejar todas las dudas".
DENUNCIANTES
La denuncia sobre la situación fue hecha ayer por el presidente regional de RN Henry Azurmendi, quien relató que "hace un par de semanas se comunicaron anónimamente con nosotros funcionarios del Sag y el Sence, quienes nos solicitaban investigar. Lo hicimos y en caso de comprobarse los antecedentes recopilados, que se relacionan con que el actual director regional del Sag es dueño de organismo técnico de capacitación (Otec) que se adjudica proyectos que son financiados con fondos públicos, eso claramente es una irregularidad que la legislación no permite, y es una situación en la cual hay que investigar", agregó.
El ex intendente además aseguró que según los antecedentes que manejan "cada capacitación tiene un costo promedio de entre 12 y 13 millones de pesos".
"NO CORRESPONDE"
Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida el hecho debe ser investigado "porque adjudicarse licitaciones públicas siendo funcionario estatal, lo que en otras palabras es ganar platas del Estado haciendo capacitaciones, no sólo no corresponde éticamente, sino que tampoco legalmente".
"Ninguna persona que trabaje en el gobierno, ya sea a honorarios, a contrata o a planta, puede tener negocios con el Estado (...) ni él, ni sus familiares, ni tampoco ninguna empresa donde participe en un 10% de la propiedad", agregó.
En esa línea el parlamentario aseguró que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Como fiscalizador y como diputado voy a ir de todas maneras a la Contraloría a llevar estos antecedentes".
Pese a solicitar una versión, ayer el Sence no entregó una declaración sobre este hecho. Tampoco hubo una versión de la intendencia.