Con una visita guiada por varios locales del sector Esmeralda de Valdivia, se dio inicio oficial al programa Barrios Comerciales de la región de Los Ríos, que ejecutará Sercotec y que también incluye la calle Comercio de La Unión, la costanera de Los Molinos, y el sector de Picarte, colindante con la plazuela Berlín.

La actividad incluyó una ceremonia en el conocido pub "Clover", y contó con la presencia del intendente Egon Montecinos, el senador Alfonso de Urresti y el director de Sercotec Carlos Burgos, además de una serie de autoridades respresentantes de los servicios que deben trabajanen forma coordinada con este plan, destinado a fortalecer los sectores de comercio tradicional en las ciudades.

COLABORAR

"Este programa es parte de la Agenda de Innovación, Crecimiento y Productividad que tiene entre sus objetivos prioritarios, dinamizar las economías regionales, tomando el componente de la tradición. Por eso, se busca generar planes de negocios basados en la lógica de los clúster, que siguen la premisa de colaborar para competir". Por ende, no se compite con el vecino para quitarle clientela, sino para hacer más competitivo el entorno", señaló el intendente Montecinos.

fuente valdiviana

La visita concluyó en la "Fuente Valdiviana", otro de los tradicionales centros de la bohemia local, donde su dueña, María Graciela Vega, ofreció un brindis "por el éxito de esta iniciativa, que busca rescatar algo que va en la esencia identitaria de la sociedad chilena, como lo es la vida barrial", señaló la empresaria.

La Fiscalía Centro Norte solicitó ayer penas de hasta 12 años de cárcel en contra de siete ex ejecutivos de tiendas La Polar vinculados a el escándalo financiero de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa de retail entre 2006 y 2011. El caso afectó a cerca de un millón de clientes de todo el país, llevó a la empresa al borde de la quiebra y provocó estragos en el sistema financiero local.

José Morales, fiscal jefe de Alta Complejidad, acusó a los imputados de diferentes ilícitos, como lavado de activos, infracción a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos.

La acusación va en contra de Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar y por quien se pide 12 años de prisión; Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros (10 años) y María Isabel Farah, ex gerenta de Administración (10 años).

También se pidió cárcel para Martín González, ex gerente general interino; Santiago Grage, ex gerente de Finanzas; Marta Bahamondes, ex gerenta de Créditos, e Ismael Tapia, ex jefe de Proyectos y Análisis.

Según un comunicado de la Fiscalía, la acusación contra los siete ex ejecutivos a punta a diferentes ilícitos en distinto grado de participación, por lo que solicita penas privativas de libertad diferenciadas, multas y el comiso de dinero y bienes de los acusados.

Contra Alcalde se persiguen cuatro ilícitos y el comiso de $ 375.901.169. A Farah se solicita confiscar $ 560 millones, mientras que a Julián Moreno se le solicitó la devolución de más de $ 600 millones.

lo que viene

La justicia deberá notificar ahora a los intervinientes de esta causa, para revisar la acusación y fijar las pruebas que se presentarán en el juicio oral.

Morales afirmó que en su investigación "hay miles de correos electrónicos, centenares de testigos, decenas de informes periciales, algunos muy contundentes. Tenemos antecedentes de toda naturaleza para acreditar la participación de estas personas en los delitos que hemos acusado".

Respecto a un posible juicio abreviado, el fiscal aclaró que "jamás podría descartar una solución como esa".

El persecutor agregó que "hay dineros que nos interesa que caigan en comicio del Fisco y también dineros que caigan eventualmente en beneficio de alguna de las víctimas de estos hechos".

La Polar, la cuarta cadena de tiendas por departamentos más grande del país, con operaciones también en Colombia, admitió en 2011 que durante varios años había recurrido a la renegociación unilateral de deudas a cerca de un millón de clientes. De esta forma, la firma buscaba mejorar de forma fraudulenta sus resultados.

La crisis arrastró a varias de las empresas minoristas en la Bolsa de Santiago y también salpicó al banco BCI, que tenía un poco más del 40% de la deuda de La Polar (US$ 120 millones), al Banco de Chile, que era acreedor de 14% de los pasivos y a las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP), que mantenían el 24% de los recursos de los afiliados en propiedad de esa tienda.

El senador Alfonso de Urresti (PS) y el diputado Bernardo Berger (RN) rechzaron ayer la decisión de la Contraloría que prohibiría la realización de bingos, una de las pocas herramientas que tienen las organizaciones sociales para reunir dinero.

La determinación se produjo a partir de una interpretación del órgano contralor a la legislación vigente en materia de casinos y juegos de azar en el territorio nacional, que pondría paradojalmente, en condiciones similares, a las grandes empresas del juego y a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro.

"Hago un llamado cordial a la Presidenta para que analice esta situación a la brevedad, nos envíe un proyecto de ley, y estoy seguro que tanto diputados como senadores vamos a tener la mejor disposición de resolver este inconveniente que no permite que nuestras organizaciones comunitaria puedan hacer bingos como forma de resolver sus problemas y proyectos comunitarios", dijo Berger.

La interpretación de la Contraloría, a juicio del diputado de RN y ex alcalde de Valdivia, tiene un efecto negativo, por ejemplo, en los comités de vivienda, "miles de los cuales recurren cotidianamente a los rifas y bingos para reunir recursos".

DE URRESTI

Por su parte, el senador Alfonso de Urresti señaló que "los casinos de juegos son empresas con fines de lucro, lugares donde la gente va a apostar dinero en diversos juegos de azar con el objeto de ganar plata, no de solidarizar con nadie, ni de aportar a una buena causa social o personal. Eso es exactamente lo contrario a lo que buscan los bingos que realiza la gente más humilde para reunir fondos".

De Urresti insistió que "el dictamen de la Contraloría se ajusta a una legalidad formal, homologando o midiendo a todos los juegos con una misma vara, en este caso la Ley de Casinos. Pero claramente hay que establecer diferencias y si para ello es necesario avanzar en una legislación interpretativa, es lo que habrá que hacer. Con todo respeto, no es posible aceptar como válido a estas alturas del siglo que la supuesta excepción para realizar bingos solidarios o benéficos, sea una norma reglamentada vía un decreto de 1974. Necesitamos actualizar el criterio a utilizar frente a una realidad que es parte de la cultura social y organizacional de gran parte del país".

El senador señaló que pedirá una reunión con la Contralora (s) para analizar este dictamen, de abril pasado.