La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta pidió ayer a los senadores que están siendo investigados en casos judiciales, que entreguen hasta el 1 de julio próximo un informe a la instancia explicando los hechos que los afectan.

Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, Hernán Larraín (UDI), quien detalló que dicha petición incluye, esta vez, a los senadores Iván Moreira (UDI), Jaime Orpis (UDI), Eugenio Tuma (PPD) y Carlos Bianchi (independiente). La entrega del documento será obligatoria para los legisladores.

De esta forma, Larraín indicó que se "ha solicitado a los señores senadores que aparecen involucrados en hechos conocidos por la opinión pública, que se refieren a situaciones vinculadas a sus actuaciones parlamentaria y que están siendo objeto de investigaciones avanzadas por el Ministerio Público, que tengan a bien explicar a la comisión las circunstancias que los afectan. Y les hagan llegar todos los antecedentes que puedan aportar, así como su opinión sobre el particular".

"La apertura de este espacio para que dichos senadores puedan exponer su versión de los hechos, contribuirá a que la comisión se forme opinión acerca de las decisiones que podría resultar aconsejable adoptar respecto de cada situación en particular", expresó.

Consultado por la situación de la senadora UDI Ena von Baer, Larraín explicó que al no ser citada en la formalización por el caso Penta, ha quedado fuera del proceso "por lo menos por ahora".

Respecto de otros casos como el del senador DC Jorge Pizarro, el presidente de la instancia precisó que "nos hemos circunscrito a las investigaciones judiciales que estén avanzadas".

La Comisión de Constitución del Senado aprobó, en general y particular, el proyecto que establece un incremento en todo el país de la dotación de fiscales, profesionales y administrativos, y que entrega mayores facultades al Ministerio Público. La iniciativa deberá ahora ser ratificada por la Sala del Senado y luego por la Cámara.

El proyecto suma 577 cargos de la actual dotación de personal del Ministerio Público a nivel nacional. Esta cifra implica la creación 122 nuevos cargos de fiscales, 203 de profesionales, 82 de técnicos y 170 de administrativos.

Las funciones del personal se verán reforzadas por las nuevas atribuciones que se les entregan a los abogados asistentes de fiscal, quienes desarrollarán muchas de las tareas que hoy cumplen los fiscales adjuntos.

En efecto, el nuevo inciso tercero del artículo 2° de la ley dispondrá que el Ministerio Público también podrá realizar sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, a través de los abogados asistentes de fiscal, con excepción de la comparecencia al juicio oral.

Los mencionados abogados quedarán sujetos en dichas actuaciones a las normas de inhabilidad y responsabilidad que se aplican a los fiscales adjuntos.

De esta manera, no sólo verá incrementado el número de fiscales adjuntos y profesionales ya mencionados, sino que contará además con la presencia de los abogados asistentes de fiscal en todas las actuaciones procesales que se pueden realizar ante los jueces de garantía (por ejemplo, formalizar imputados, solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva, y acusarlos). Así, se refuerza el personal de la Fiscalía dedicado a la persecución criminal.

"No hay duda que el aumento de 577 cargos en el Ministerio Público, de los cuales 122 son fiscales y 203 son profesionales -algunos de los cuales van a poder cumplir la función de persecutores-, es importante para suplir el déficit que había de fiscales en el país", sostuvo el senador de RN Alberto Espina, quien integra la Comisión de Constitución.

Las regiones donde más se incrementará la dotación del Ministerio Público son Arica y Parinacota (32,7% de aumento), Tarapacá (27,7%), Antofagasta (25,4%) y O'Higgins (22,4%).

Espina también destacó la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que a su juicio "tiene un enorme valor, porque significa que la Fiscalía va a tener una unidad especializada que va a poder hacer un seguimiento, un diagnóstico, un perfil de las bandas de delincuentes que operan en el país, fundamentalmente los delitos de alta connotación social, y entre ellos los delitos donde Chile tiene más debilidades, que son los robos y el narcotráfico".

El vicepresidente de la República, Jorge Burgos, promulgó ayer la nueva ley de violencia en los estadios, que esta vez lleva el nombre de Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional y que comenzará a regir en la próxima Copa América 2015.

La nueva normativa contiene tres elementos esenciales: la ampliación de la ley a hechos conexos (como entrenamientos, desplazamientos de hinchas desde y hacia los estadios, y festejos en lugares públicos), un régimen sancionatorio efectivo y un estatuto de derechos y deberes de los hinchas.

"Estar promulgando esta ley es un hecho que a todos los que amamos el deporte nos llena de alegría. Esta ley apunta a que el fútbol profesional sea una fiesta social", manifestó el ministro Burgos, quien promulgó esta ley en su calidad de vicepresidente de la República, debido al viaje por Europa de la Presidenta Michelle Bachelet.

"No sólo buscamos sancionar a los que se apartan del deporte, sino garantizar a las familias disfrutar sanamente", agregó la autoridad.

Multas de hasta mil UTM

El régimen de sanciones incluye multas a los clubes que incumplen la ley y sanciones más drásticas. En concreto, se duplican los periodos de prohibición de ingreso a los estadios (de dos a cuatro años para quienes comentan delitos, y de uno a dos años en el caso de las infracciones); se incorporan sanciones por discriminación o xenofobia, y las infracciones pasan al Juzgado de Policía Local.

Las multas van desde una a mil UTM (alrededor de $ 43 millones), cifra que se puede duplicar o triplicar en caso de reincidencia.

Se regula, asimismo, el derecho de admisión y se establecen especificaciones para su aplicación. Además, se incorpora la solidaridad en su ejercicio, es decir, si un club aplica derecho de admisión, todos los demás clubes lo deben hacer.

Respecto de esto mismo, existirá un registro de las prohibiciones judiciales de ingreso a los estadios y del derecho de admisión ejercido por los clubes, que quedará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

La legislación comprende, además, nuevas facultades para los intendentes, quienes con razones justificadas en alteraciones a la seguridad y el orden público, podrán rechazar la programación de un espectáculo de fútbol profesional, en cuanto al día, el horario y el lugar en que éste se desarrolle, además de revocar la autorización comunicando su determinación a Carabineros, el organizador y el árbitro.

Para los organizadores de los espectáculos, se incorporan exigencias claras, entre ellas el deber respecto de crear accesos diferenciados para grupos familiares, personas que asistan con niños, tercera edad y discapacitados.

La solicitud de los organizadores a la autoridad para la realización de un espectáculo de fútbol profesional deberá realizarse con a lo menos 72 horas de anticipación al desarrollo del partido, salvo en ocasiones especiales y por razones justificadas.

Por último, la normativa determina facultades para los guardias de seguridad privada para que puedan cumplir exitosamente su tarea preventiva.

"Lo más destacable es que esto no es solo un cambio de nombre, puesto que ahora, sin perder la atención en el control del comportamiento del hincha, se pone énfasis en el aspecto preventivo, en cómo vamos instalando una cultura del deporte distinta y cómo vamos educando a los espectadores a estos megaeventos deportivos", explicó la ministra del Deporte, Natalia Riffo.