En un departamento en Las Condes, en Santiago, fue detenido por la Brigada de Homicidios de Valdivia y la Brigada Investigadora de Derechos Humanos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, el ex capitán de Ejército en la década de 1970 Patricio Kellet Oyarzún. Estaba prófugo y con dos órdenes de aprehensión pendientes, por los delitos de estafa y violación a los derechos humanos.
El ex oficial, actualmente de 65 años, fue detenido la noche del martes y conducido ayer en la mañana a la Corte de Apelaciones de Valdivia, a la presencia del ministro Juan Ignacio Correa, quien instruye una causa en su contra, por los delitos de asociación ilítica, torturas, secuestro y usurpación de funciones.
QUERELLA
Las acciones judiciales en contra de Kellet se iniciaron como respuesta a una querella que presentó en su contra el ex intendente de Valdivia, durante 1973, Sandor Arancibia, con el patrocinio del abogado Roberto Avila.
Los detectives que lo detuvieron lo trasladaron ayer poco antes del medio al tribunal de alzada valdiviano en un vehí-culo institucional, quedando a disposición del ministro Correa, quien continuará con los interrogatorios los próximos días.
Tras la entrevista, el detenido fue trasladado hasta un recinto militar de la ciudad, quedando a disposición de la Corte. En la querella que existe en su contra, Kellet está acusado de haber cometido los delitos de los cuales se le acusa también en contra del entonces alcalde de Valdivia, Luis Díaz, y dirigentes del Partido Socialista, como Uldaricio Figueroa, Rogers Delgado, Joel Asenjo y Víctor Hormazábal.
EXONERADO
Según otros antecedentes relacionados a la investigación, el ex uniformado habría suplantado la identidad de una persona, haciéndose pasar por un exonerado político, acreditando documentación falsa para cobrar al Estado una pensión superior a un millón de pesos.
Jefe de inteligencia a su paso por Valdivia
De acuerdo a los antecedentes recopilados en torno al ex militar, al 11 de septiembfre de 1973 habría sido el jefe de inteligencia, y sería el responsable de llevar adelante una represión política, donde -según una propia confesión de su parte- se detuvo a más de tres mil personas, a las que se les interrogó bajo torturas. Todas ellas, estaban acusadas de ejecutar el supuesto Plan Z, que involucraba el secuestro de hijos y esposas de personal uniformado, lo que sería acompañado de un desembarco de tropas cubanas que llegarían a Valdivia.
