Con 67 votos a favor y 42 en contra fue aprobado en la Cámara de Diputados el primer trámite legislativo la Reforma Laboral, o proyecto de modernización de las relaciones laborales, presentado por el Ejecutivo y que ha generado polémica entre los diversos sectores. Desde una perspectiva se le ha calificado como "insuficiente" para garantizar los derechos de los trabajadores y desde otra, se cree que su aplicación podría ser un desincentivo a la contratación y la inversión privada. Sobre todo ha existido inquietud en el área empresarial por los puntos que impiden el reemplazo de los trabajadores en huelga, la titularidad sindical y por la definición acerca de los "servicios mínimos" que se deben garantizar en un proceso de este tipo.

Los diputados por Los Ríos Iván Flores (DC) y Enrique Jaramillo (PPD) votaron a favor del proyecto, fundamentalmente porque consideran que desde él se comienza "a construir un nuevo escenario con relaciones laborales más justas y simétricas, donde los derechos colectivos estén asegurados y fortalecidos". Por su parte los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Bernardo Berger (RN), se manifestaron en contra, señalando que la nueva norma generaría riesgos para microempresas, lo cual podría traducirse luego en desempleo pronunciado en las regiones.

El trámite se extendió por dos semanas en la Cámara y finalmente se despachó con algunas modificaciones, que el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés calificó como parte de un "equilibrio", en el cual deben coincidir las capacidades negociadoras igualitarias entre empleados y empleadores; reglas de negociación que permitan más cooperación al interior de la empresa y adaptabilidad para garantizar la productividad.

Ahora el proyecto debe ir al Senado donde nuevamente será analizado y probablemente reciba nuevas modificaciones o definiciones respecto de temas como las empresas consideradas "estratégicas", que no pueden acceder a la huelga como presión. Sin duda se trata de un tema de suma importancia para el país y desarrollo futuro, sobre el cual es necesario mantenerse atentos, aunque las polémicas locales y nacionales, acaparen las miradas.

La semana del 21 de mayo produjo dos esperados eventos políticos. Las elecciones municipales y autonómicas españolas, destinadas a históricas, si los indignados de centro (Ciudadanos) e izquierda (Podemos) rompían el bipartidismo gobernante del PP y PSOE, permitiendo introducir lo que España necesita urgente para salir de su crisis económica e institucional, derivada de graves actos de corrupción.

El otro, radicaba en Chile, en el mensaje presidencial, del que no sólo se esperaba con expectativa la definición del proceso constituyente sino que, la presentación misma de la Presidenta luego de los escándalos Penta, SQM y Caval. Sin embargo, nada de ello ocurrió. Pues, el proceso para una nueva Constitución aún permanece en la nebulosa, y no solo para ciudadanos y Congreso sino que al parecer para la misma Moneda, lo que es aún más preocupante. Pero lo que alcanzó protagonismo inesperado fue su anuncio respecto de la gratuidad para los estudiantes más vulnerables. Desde aquél, los escritos y declaraciones en tono crítico no han cesado. Y como no, si es a todas luces inconstitucional. Si bien la gratuidad para los estudiantes más vulnerables es aceptable como primer paso en un camino cuyo lógico final debería ser la gratuidad total, lo que no es aceptable bajo ningún respecto, es la discriminación entre los más vulnerables de una institución y los de otra, más si la finalidad de la propuesta se entiende como gratuidad para todos los estudiantes más vulnerables de Chile. Los dichos del Ministro de Educación han ahondado aún más la polémica, pues si bien, como ha afirmado, la gratuidad no es un derecho constitucional, él más que cualquier otra autoridad no debe olvidar que la Educación es un tema de Estado revestido de los más altos estándares constitucionales. La propuesta del Gobierno sólo deja de manifiesto una falta absoluta de sensibilidad por el otro, los demás alumnos más vulnerables de Chile. Esto no soluciona el problema real de acceso a la educación superior ni menos, la de su calidad, revela sólo improvisaciones en pos de ocultar falencias y crisis políticas.

Este Gobierno avanza sin transar, obviando actuar bajo clave democrática. Testigos impotentes somos de un nefasto juego político de suma cero. Si hoy la mirada del gobierno está puesta en la recuperación de la confianza pública, créame, este es el camino equivocado.

Julio Muñoz Villa