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Penta: fiscal Gajardo acusa a Zalaquett de "arrastrar al delito" a 10 empresas

audiencia. La formalización del ex senador y ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, se postergó para el 6 de julio, ya que fue derivado a una clínica por una hemorragia. Varios diputados gremialistas fueron agredidos al llegar al Centro de Justicia.

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La Unión Demócrata Independiente (UDI) vivió ayer uno de los días más difíciles desde su fundación, por la formalización de cuatro de sus militantes -incluido su histórico líder y ex presidente, Jovino Novoa, quien terminó la jornada internado en la Clínica Las Condes- como supuestos autores de los delitos de facilitación de boletas o facturas ideológicamente falsas, o de presuntas infracciones a la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones en los casos Penta y SQM.

El juez Juan Carlos Valdés acogió la solicitud de la defensa de Alberto Cardemil y reagendó su formalización para el 6 de julio, mientras que al senador (UDI) Iván Moreira y al diputado (UDI) Felipe De Mussy se les imputaron delitos tributarios por la supuesta emisión de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de sus campañas electorales, aunque no quedaron con medidas cautelares por sus cargos.

El ex senador y ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, alegó una baja de presión y posteriormente fue ingresado en la Clínica Las Condes por una hemorragia. Antes de su salida del edificio, el fiscal Emiliano Arias pidió arresto domiciliario total contra Novoa, por supuestamente haber "incurrido de manera reiterada en los delitos de falsificación y facilitación de boletas por servicios no prestados".

Respecto del ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador, Pablo Zalaquett, el Ministerio Público expuso boletas por $ 72 millones y pidió las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional.

La jornada estuvo marcada por ncidentes en el acceso al Centro de Justicia, donde parlamentarios de la UDI fueron insultados por manifestantes que llegaron al lugar portando banderas del FPMR.

antecedentes

En su exposición, el fiscal Carlos Gajardo resaltó la "gravedad" de las acusaciones contra el ex alcalde Zalaquett, quien según el persecutor, "de manera inédita arrastró al delito a 10 empresas distintas, y a su ex jefa de campaña, Carmen "Coca" de Castro, con la sola intención de financiar de manera irregular su campaña senatorial" por la circunscripción Santiago Poniente en 2013.

"La conducta del señor Pablo Zalaquett Said (...) terminó generando que 10 empresas efectuaran o facilitación de documentación falsa o incorporación en sus propias contabilidades" de la misma, dijo Gajardo citado por radio Cooperativa. Según Gajardo, los montos de los aportes ilegales calculados por el Servicio de Impuestos Internos "ascienden a $ 72 millones y fracción".

De acuerdo al alegato del fiscal, habrían sido dos las empresas emisoras de facturas falsas, Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, y ocho las empresas receptoras de estas: Inversiones La Manada; Soquimich, Eurocorp, Inversiones Alsacia, Empresas Penta, Inversiones El Bosque, Ecsa (Ripley) y Corpbanca.

"Se trata de empresas de lo más variopinto, desde bancos, grandes mulltitiendas, empresas inmobiliarias, una empresa que tiene que ver con el Transantiago, Soquimich -la mayor minera no metálica del mundo- y empresas menores, como asesorías La Manada, del propio señor Zalaquett, todo lo cual da cuenta de la gravedad que tiene la conducta desplegada", afirmó Gajardo.

El abogado Cristóbal Bonacic, que representa al ex alcalde de Santiago, dijo que el caso de que existiera algún delito sería en calidad de coautor, puesto que no actuó solo. Zalaquett, agregó su defensa, solo habría incurrido en una falta administrativa y no en delito.

La Fiscalía pidió como medidas cautelares contra Zalaquett arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma semanal, definición que sería comunicada anoche.

incidentes y agresiones

El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, exigió ayer al Gobierno que le dé mayores garantías a los militantes y directivos que asistieron a la formalización, después de las agresiones que enfrentaron los diputados Patricio Melero, María José Hoffman y Javier Macaya. Larraín sostuvo una cita con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en La Moneda, donde dijo que la presencia de legisladores gremialistas en el Centro de Justicia "ha estado manchada por la agresión que hemos vivido de parte de manos de los infantiles de izquierda, anárquicos, del Frente Manuel Rodríguez y también del PC".

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, rechazó las acusaciones de la UDI y dijo que "a la UDI lo único que le falta es acusar a los fiscales de comunistas. No hay ningún comunista en las agresiones a la UDI".

"reproche moral"

El senador (UDI) Iván Moreira dijo que asume el "reproche moral" por los hechos que se le imputan, pero descartó que por ello deba renunciar al Parlamento.

El parlamentario gremialista agregó que en enero pasado reconoció su "responsabilidad política de haber cometido una infracción electoral. Tampoco he jugado ni a la persecución política ni al empate, he asumido como corresponde mi responsabilidad en todo lo ocurrido (...) tengo la convicción de que no he cometido ningún delito, solo una infracción".

Moreira respondió a quienes lo emplazan a dejar su cargo. "No me van a arrebatar lo que me costó ganar a través de una secretaría", afirmó.

El diputado (UDI) Felipe de Mussy aseguró que asistió "humildemente y con la frente en alto" a la audiencia de formalización, y destacó que "nos preocupa que hubo una formalización y no tengo ninguna querella del SII".

Gobierno rechaza quejas por seguridad

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, rechazó las críticas al Gobierno que realizó el secretario general de la UDI, Guillermo Ramirez. El directivo acusó que "el Gobierno en vez de enviar Carabineros, manda a miembros del PC a agredir a nuestros parlamentarios". Aleuy afirmó que "las declaraciones que ha hecho el secretario general de la UDI me parecen completamente irresponsables". "Me parece grave que alguien se permita decir que nosotros organizamos a grupos de manifestantes. Eso no es así, el Gobierno no hace eso, el Gobierno se dedica a gobernar", agregó.

"Es urgente avanzar en la agenda de probidad y separar la política de los negocios. Hay que avanzar en esta materia, regular el financiamiento electoral, fortalecer atribuciones del Servel y establecer duras sanciones a quienes vulneren la ley. Hay que respaldar las iniciativas que busquen mayor transparencia y probidad".

"Seré coherente con mis declaraciones, como lo he sido desde el primer momento, y no realizaré comentarios respecto a procesos judiciales en curso. Por respeto a los tribunales de justicia y al Ministerio Público, es importante que dejemos que las instituciones funcionen, y hacer valer el derecho a la presunción de inocencia".

"Estamos en presencia de un acontecimiento que tiene su origen en una actividad política irregular. Hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Espero que otras personas que están en una situación similar, aclaren sus casos o que se les fiscalía avance para esclarecer estos acontecimientos oscuros que dañan la fe pública y constituyen un delito".

"La justicia está haciendo lo que le corresponde, que es transparentar todas las situaciones existentes en esta cercanía perversa entre política y dinero. Hay que ser respetuoso de los tribunales de justicia, que han demostrado autonomía y hay que esperar con tranquilidad la continuidad de los procesos judiciales".

"Es una vergüenza para Chile que parlamentarios elegidos hayan hecho fracasar los ideales de la gente que pensó en quienes hoy son procesados y es lamentable que por los errores de pocos, los legisladores que trabajamos apegados a la legalidad, seamos también apuntados por el dedo de la ciudadanía que ha perdido la confianza".