Un parte médico presentado ayer indicó que el subteniente de Carabineros Óscar Muñoz Vega, quien fue baleado el jueves en Peñalolén, se encuentra "estable dentro de su gravedad".

La directora de Salud y Sanidad de Carabineros, general Patricia Nilo, detalló que el uniformado sigue hospitalizado en la UCI del Hospital Militar, y "ha evolucionado de forma satisfactoria y favorable, dentro del estado y la condición en la que se encuentra".

"Nosotros estamos muy esperanzados, ha recibido toda la ayuda necesaria que pudiera requerirse en un caso como él. Su condición actual es una condición estable dentro de su gravedad", sostuvo Nilo.

La general indicó que "dentro de las expectativas de estos días, su evolución ha sido estable, ha mantenido una buena presión. La condición nos hace sentir que va, dentro de su estado de gravedad, dentro de sus preocupaciones, evolucionando sin eventos adversos".

Sin embargo, advirtió Nilo, "las próximas horas siguen siendo importantes. El manejo y la terapia la está dando el Hospital Militar con su gente y con su UCI".

La oficial detalló además que "los padres del funcionario, los familiares y su polola -que es una subteniente de Carabineros también-, siempre han estado al lado de él, han recibido el apoyo del hospital".

Muñoz recibió el impacto de bala mientras efectuaba un control junto a su patrulla en la comuna de Peñalolén. Uno de los dos motociclistas que se encontraban en el lugar extrajo un arma de fuego y disparó al uniformado.

Ramón Olguín Díaz (34), sindicado como el autor de los disparos, y Nicolás Reyes Urbina (22), se encuentran en prisión preventiva y se decretaron 60 días de investigación.

medidas y sanciones

El senador de Renovación Nacional Alberto Espina insistió en la necesidad de implementar un control de identidad preventivo para disminuir los casos de violencia.

"¿Cuántos más delincuentes como este cobarde que le disparó al carabinero podrían estar detenidos si existiera un control preventivo de identidad para aquellas personas que están transitando por las calles, en los parques y no en vehículos? Por eso resulta tan contradictorio que la Corte Suprema evalúe negativamente una iniciativa de esa naturaleza", remarcó el parlamentario.

El diputado DC Matías Walker destacó que "el delincuente que atentó contra el subteniente arriesga una pena efectiva de 30 años de cárcel y eso gracias a las modificaciones a la Ley de Control de Armas que aprobamos en el Congreso Nacional".

Nelson Quichillao, el trabajador contratista de Codelco que falleció la madrugada del viernes en medio de incidentes en El Salvador, habría perdido la vida por el "rebote de un proyectil balístico", según los nuevos antecedentes dados a conocer ayer.

Julio Artigas, fiscal a cargo del caso, detalló a T13 que "las diligencias administrativas" desarrolladas "dan cuenta de la indagación de la muerte de un trabajador en circunstancias que es impactado por el rebote de un proyectil balístico".

"Por la labor pericial de diversos servicios que se han convocado para este efecto por parte del Ministerio Público, hemos podido determinar un número superior al informado de disparos que se efectuaron, más de 30", indicó.

Los familiares de Quichillao llegaron ayer hasta el Servicio Médico Legal para retirar su cuerpo. Su hermana, Irina Quichillao, informó que los restos serán trasladados a La Serena. "Por mí que se esclareciera todo lo que pasó", expresó.

acciones legales

En tanto, el intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas, no descartó presentar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por la muerte de Quichillao.

"No descartamos absolutamente nada como Gobierno. Le hemos dado la tranquilidad a los familiares en primera instancia -y lo hemos hecho público para la confianza de toda la comunidad regional- que, por cierto, vamos a realizar todas las acciones que el Gobierno puede realizar en estas materias", señaló la autoridad regional en radio Cooperativa.

"Una vez que tengamos todos los antecedentes tomaremos las acciones que sean pertinentes de materializar, a partir de los datos que arrojen todas estas investigaciones. Por ahora el Gobierno confía plenamente en la labor del fiscal que ha sido designado por el Ministerio Público", añadió.

versiones

Según la versión oficial de Carabineros, los policías se vieron obligados a disparar para repeler un "ataque con maquinaria pesada" que habrían realizado los trabajadores movilizados, con un video como prueba de lo sucedido.

A juicio del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, la institución está "tratando de justificar y diciendo que el trabajador estaba operando una maquinaria. Y aunque hubiese sido así -que no lo es- tampoco se justifica (disparar)".

"Carabineros no actúa porque sí, son mandatos que se generan desde el mundo político", insistió el dirigente, y calificó como "impresentable" la demora del Ministerio del Interior en reaccionar. "Esto se produce en la madrugada y recién tuvimos algunas reacciones en la tarde intentando bajarle el perfil a lo sucedido", acusó Ahumada. Por último, señaló que "a la PDI entregamos 17 casquillos de balas nueve milímetros" e indicó que "el movimiento continúa en todas las divisiones, se están generando distintas actividades".

El diputado del PC, Lautaro Carmona, exigió "una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias en cuanto a precisar los responsables de este operativo policial".