La puesta en marcha de 50 cambios reglamentarios, que le otorgarán más transparencia y probidad al sistema de adquisiciones públicas, es el trabajo que por estos días afina la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza. Las modificaciones apuntan a ámbitos como la prevención de conflictos de interés, consultorías estratégicas y mejoras en los plazos de pagos a proveedores con un especial énfasis en las micro y pequeñas empresas (mypes), cuya participación en esta plataforma se busca aumentar.

La idea, según Inostroza, es eliminar gradualmente barreras de entrada y otorgar mayores facilidades. En lo concreto, desde el 10 de agosto se echarán a andar normas como la posibilidad que dos empresas pequeñas puedan unirse temporalmente para participar de licitaciones de mayor envergadura o modificaciones a los montos de las garantías, herramientas que, según la directora, ya están en proceso de adecuaciones reglamentarias y de capacitación.

- Las empresas de menor tamaño presentan un muy buen porcentaje de participación en el sistema de compras públicas. Sin embargo, creemos que existen aún ciertas deficiencias del sistema que podrían mejorarse, de manera de permitir aumentar y mejorar la participación del segmento. Nosotros tenemos mesas de trabajo permanentes con representantes de los gremios mypes y pymes, y ellos nos manifestaron algunas necesidades de mejoras.

- Principalmente a temas de pago por parte de los organismos públicos. Los plazos son un tema muy relevante, como también financiamiento y barreras de entrada, que a veces, en cierto tipo de licitaciones, no permiten la participación de empresas de menor tamaño, ya que se les exige una mayor capacidad financiera, con lo que no pueden responder. Recogiendo estas sugerencias, que también vienen de parte de los compradores públicos, se están implementando una serie de medidas que apuntan también a bajar esas barreras de entrada y eliminar desigualdades en el sistema, que pueden limitar o impedir la participación de las pymes. Su entrada en vigencia es el 10 de agosto.

- La garantía se identificó como barrera de entrada. Y habían varias inquietudes. Por ejemplo, que los organismos públicos requerían solo un tipo de garantía, cuando en el mercado existen otros tipos de garantía con menor costo para la empresa. Y eso impedía participar. Una modificación es que ahora los organismos públicos no podrán restringir el tipo de instrumento de garantía, los que deberán ser aceptados. Con esto permitimos que los participantes elijan instrumentos financieros que signifiquen una menor carga.

- En la presentación a los procesos, en las licitaciones de sobre 1.000 UTM se exigía una garantía de seriedad de la oferta, lo que implica una restricción por lo menos a oferentes que están participando con esperanzas en varios procesos licitatorios, lo que hace que esas garantías le signifiquen mucho capital detenido. Ya no será obligatorio pedir garantía de seriedad de la oferta sobre las 1.000 UTM, sino que lo elevamos a 2.000 UTM.