Una excelente noticia es la anunciada por el seremi de Energía de Los Ríos Pablo Díaz, sobre el trabajo que realizará el ministerio para lograr que la leña sea declarada como combustible.

Si efectivamente se logra esa definición, podría cambiar el panorama actual y tomarse medidas que permitan un buen uso y comercialización protegida.

Fiscalización a la venta, apoyo a la producción certificada, asignación de subsidios de compra y desarrollo de planes de manejo eficaces, serían algunos de los temas que podrían abordarse de mejor manera si existiese un instrumento legal adecuado para este producto, que es el más utilizado en el país. De hecho más de 7 millones de personas de las ciudades de la zona sur (Casen 2013), declaran utilizarlo en la calefacción y cocina diariamente.

Al ser reconocida como combustible, la leña podría ser manejada de acuerdo a normas sujetas a la fiscalización de la Sec (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Esto rigidizaría la forma actual de circulación del producto, pero abriría opciones a estimular el uso en mejores condiciones. Es decir, se podría apoyar el control de la calidad, algo que hoy está sujeto a la voluntad y conciencia de los usuarios, únicamente.

Si consideramos que la leña húmeda es una de las principales fuentes contaminantes detectadas actualmente en las ciudades como Valdivia y otras de la región de Los Ríos; entonces una norma que apoye el uso de leña seca, resultaría altamente positiva.

El ministerio de Energía tiene la misión de elaborar un proyecto, el cual deberá recoger las inquietudes de los productores, investigadores y de los sectores que trabajan por controlar la contaminación. Pero es necesario que él también contemple mecanismos para que el producto no se encarezca demasiado para los usuarios, pues tampoco se debe olvidar que una de las principales causas por la cual se prefiere la leña húmeda, es su menor precio en la venta informal.

Seguramente una iniciativa de estas características debiera contar con apoyo parlamentario transversal. Es de esperar que así se confirme y que su trámite sea rápido, pues también se trata de un tema que necesita de soluciones prontas.

Hablar de evaluar económicamente las inversiones en salud es, todavía, resistido por muchos que la asocian más con rentabilidad que con hacer más eficaz el uso de recursos, tanto en el sector privado como público.

Rentabilizar las inversiones en el sector privado, si se traduce en una ganancia para quienes invierten bien, posiblemente generarán para los pacientes un acceso a mejores tecnologías, reducción de tiempos de espera, mejor calidad del servicio integral. Por el contrario, las ineficiencias siempre se traducen en demoras en la atención, equipos médicos que hacen diagnósticos menos certeros, mayores costos o mayor tiempo de hospitalización. Independientemente de los beneficios económicos, lo importante es que los recursos, siempre insuficientes, sean asignados eficazmente al decidir en qué y cómo invertir.

Obviamente, no puede ser la variable económica, por sí sola, la que determine qué decisión debe tomarse. Especialmente en áreas como la salud, consideraciones éticas, morales, sociales o incluso políticas, podrían hacer aceptar un proyecto no rentable o rechazar otro que, teniendo rentabilidad, vaya en contra de los principios fundamentales de la institución como, por ejemplo, un proyecto de fertilización asistida de alta complejidad en un hospital clínico universitario católico.

Dada la imposibilidad de pronosticar el futuro (qué nuevas tecnologías médicas existirán cuando el proyecto esté funcionando, qué sanaciones o curaciones terapéuticas se habrán descubierto, cuántas enfermedades, hoy terminales, serán crónicas, etc.), las técnicas para estudiar una inversión se deben usar conscientemente de sus limitaciones, pero reconociendo que, sin ellas, la incertidumbre sería total.

Dada la escasez de recursos para responder a todas las necesidades de la comunidad, se hace más necesario que nunca que la autoridad evalúe los impactos de invertir en salud versus el de gastar, por ejemplo, en educación gratuita si no se es capaz de explicar el impacto en la calidad de la educación.

Un proyecto médico que use hoy recursos tendrá impactos de muy largo plazo en la salud de la población, por lo que éticamente la decisión debe ser objetiva, excluyendo intereses cortoplacistas personales o políticos.

Nassir Sapag