El Presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó ayer que el Papa Francisco "está convencido", del reclamo de su país por una salida al mar, luego de haber recibido una carta en la que el Pontífice le dice que está a su servicio "para lo que pueda ser de utilidad".

Durante un discurso que pronunció en Bolivia, el Mandatario leyó las cartas que el Papa le habría enviado. "Le recuerdo que cuenta con mi cercanía y servicio para lo que pueda ser de utilidad", le escribió el líder de la Iglesia Católica en la misiva que le escribió en agradecimiento por el recibimiento y las atenciones recibidas durante su visita a este país a principios de mes.

Según Morales, esas palabras le permiten entender "que el hermano Papa está convencido del tema del mar para Bolivia".

Estas declaraciones llegan un día después de que Morales rechazara que su Gobierno haya planteado "condicionamientos" o "chantajes" para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile.

Por otra parte, la Cancillería boliviana se quejó y pidió tomar "las medidas que correspondan", por un comercial de la compañía telefónica WOM en que un actor parodia al Presidente Morales y hace alusión a la demanda marítima.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, calificó como "ofensivo y de mal gusto".

Pese a esto, el canciller sostuvo que en Chile "la libertad de expresión y de prensa es amplia y protege incluso el mal gusto".

"He conocido por la prensa un aviso comercial que en mi opinión es ofensivo y de mal gusto. Y si bien es cierto que esa es mi opinión personal, la libertad de expresión y de prensa en Chile es amplia y protege, incluso, el mal gusto, sujeto por cierto a que no se afecte el ordenamiento jurídico", afirmó Heraldo Muñoz.

Cinco archivos confidenciales del Gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados ayer por el National Security Archive, apuntan a Augusto Pinochet como el principal encubridor del caso quemados, que ha sido reabierto a 29 años de ataque incendiario en el que murió Rodrigo Rojas de Negri y que dejó con graves quemaduras a Carmen Gloria Quintana.

Los archivos de la CIA, que fueron dados a conocer por el diario español El País, detallan que el ex comandante en jefe del Ejército ordenó personalmente que se detuvieran las pesquisas para dar con los responsables del atentado perpetrado el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron vivos con combustible a los jóvenes, en el marco de una protesta.

Los cables fueron desclasificados hace ya una década. Peter Kornbluh, responsable de la investigación de la Universidad George Washington, explicó al medio citado que los cables fueron publicados con el fin de colaborar a la investigación reabierta por el ministro en visita Mario Carroza.

"Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas", dijo el investigador a El País.

Según los documentos revelados, las maniobras para encubrir los hechos comenzaron en el mismo hospital al que fueron llevados las víctimas.

El primer cable fue enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, a dos días de la muerte de Rojas, y en él se afirma que el joven fue "quemado de forma deliberada por soldados" y que médicos de la Posta Central dijeron que el director del recinto, identificado como el doctor Guzmán, impidió que fuera trasladado a un lugar mejor lugar para ser tratado.

El segundo documento fue remitido a la Casa Blanca el 14 de julio, afirma que el Gobierno por órdenes de Pinochet, tachó a los jóvenes de "terroristas" y que ellos mismos habían sido culpables de sus lesiones por "sus propios cócteles molotov".

El 22 de julio llega otro cable que dice que los informes de Carabineros indican a los militares como responsables y que el director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el reporte a Pinochet el 11 de julio, quien se negó a creerlo y recibirlo.

El 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno "ha cambiado varias veces su versión" y comenzó a presionar a los testigos.

El último cable es del 18 de diciembre y lo firma la CIA y dice que el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, presionó al fiscal del Estado y los jueces para desestimar el caso y evitar que llegara a la Corte Suprema.

Pablo Ramírez, el cajero de una sucursal de Servipag de la comuna de Hualpén que fue quemado vivo el jueves tras resistirse a un asalto, permanece en estado crítico en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad.

El trabajador fue trasladado la noche del jueves desde la Región del Biobío al recinto de salud de Santiago, que ayer entregó un parte médico sobre es estado de la víctima de un atentado incendiario. La institución informó que Ramírez, de 33 años, tiene el 30% de su cuerpo quemado.

"Él está en riesgo, tiene menos riesgo que las primeras 24 horas, pero aún está en riesgo porque está en un proceso en que su organismo se está adaptando al trauma inicial producto de las quemaduras", explicó el director del Hospital de la Mutual de Seguridad, César Cárcamo.

El especialista informó que "se confirma la observación inicial de que la superficie (de piel dañada) es alrededor de un 30 por ciento y alrededor de un tercio de esa superficie es profunda, que va a requerir cirugía con autoinjerto la próxima semana".

"Se le hicieron estudios a nivel de la vía aérea y efectivamente hay unas pequeñas lesiones a nivel de la vía aérea superior que nos indica mantener la conexión a ventilación mecánica a la espera que regrese de esa quemadura", agregó.

El trabajador será operado la próxima semana. El jefe de la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital de la Mutual de Seguridad, Alberto Muñoz, dijo en declaraciones citadas por Cooperativa que la intervención "consiste en retirar el tejido quemado de la piel quemada y reemplazarla por injerto de la propia piel del paciente".

Los dos sospechosos del ataque que fueron detenidos quedaron en libertad por decisión del Juzgado de Garantía de Talcahuano el jueves, resolución que la asesora jurídica de la Gobernación de Concepción, Pamela Quijada, anunció que apelarán hoy.

El tribunal rechazó la prisión preventiva para el imputado de 27 años y dejó sin medidas cautelares al de 17 años.