Tal como fue exigido el miércoles en una marcha liderada por comuneros de la comunidad El Roble-Carimallín de Río Bueno, será la justicia civil la que lleve adelante la investigación de los hechos producidos durante un desalojo donde Miguel Antiqueo resultó con lesiones, perdiendo la visión de su ojo izquierdo. Desde la Corte de Apelaciones de Valdivia informaron que el fallo del tribunal de alzada cambió la decisión tomada el 26 de mayo de 2015 por el juez subrogante de Letras y Garantía de La Unión, Pablo Salas, que se declaró incompetente para conocer de la querella interpuesta por la abogada Karina Riquelme, en representación de Antiqueo. Asimismo, la resolución de la Corte consideró que "los juzgados militares conforman tribunales especiales que conocen, entre otras materias, de los delitos comunes perpetrados por militares en el desempeño de sus funciones, competencia que debe ser interpretada en forma restringida, mas aun cuando entre los partícipes se encuentran personas que no revisten la calidad de militares".

La segunda sala de la Corte de Apelaciones, en una votación de 2 a 1, resolvió ayer sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que recaía en contra de Eric Medina Gavilán y José Medina Rehl, hijo y padre, respectivamente, quienes están formalizados por el Ministerio Público, acusados de asesinar al joven pescador de 18 años, Javier Alfonso Sáez Sáez, el 1 de junio de 2014, a la salida de una discoteca, en San José de la Mariquina.

La sala del tribunal de alzada estuvo integrada por las ministras Ruby Alvear, Loreto Coddou y María Helena del Río.

La medida causó decepción en la familia del asesinado pescador de Mehuín, en especial en Nelly, su madre, quien señaló que "sentimos que es una burla de la justicia, porque ahora ellos (los imputados) celebran en su casa haber salido de la cárcel, mientras nosotros seguimos con toda la pena".

El tercer imputado por el crimen, el ex funcionario municipal de esa comuna Nicolás Núñez Jeria, sigue en prisión, aunque su defensa particular, también ha insistido reiteradas veces para lograr la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva.

Tomadas pacíficamente amanecieron ayer las oficinas de la Dirección Regional del Sename (Servicio Nacional de Menores) en Los Ríos, ubicadas en Pérez Rosales 860, debido a la huelga nacional que mantienen los trabajadores de la entidad, en demanda de un mejoramiento salarial y de condiciones laborales.

Los dirigentes Erwin Catalán, presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase); y Pedro Araya, presidente de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) en la región de Los Ríos, lideraron la movilización y señalaron que el paro de ayer fue "una advertencia por 24 horas", sin descartar que la próxima semana, continúen con la protesta, de no haber una respuesta favorable desde la dirección nacional.

Señalaron que hoy el Sename en Los Ríos, requiere de la contratación de unos 15 a 20 funcionarios más, "para que los programas rehabilitadores puedan cumplir con sus objetivos".

Además, hoy no se cumple -afirmaron- "que el 80 por ciento de los trabajadores sean de planta y un 20 por ciento a contrata. Es prácticamente al revés".

CARRERA FUNCIONARIA

A juicio de los dirigentes, lo anterior es justamente la causa de que no haya en el servicio una carrera funcionaria como sus trabajadores la desean.

Catalán y Araya, advirtieron que esperan una acogida favorable a sus demandas, de lo contrario la movilización continuaría a nivel nacional.

No obstante, apuntaron que en el caso de Las Gaviotas, donde funcionan el Centro de Internación Provisoria (CIP)y el Centro de Rehabilitación Conductual (CRC), se mantienen los turnos éticos, en una movilización que cumplirá dos meses, también en demanda de mejoras en las condiciones laborales para sus trabajadores.

Los dirigentes del Sename anunciaron que el próximo lunes se efectuará en Santiago una asamblea de evaluación del conflicto, de lo que dependerá su continuidad.

Solamente casos como matrimonios ya pactados y entrega de documentación para personas que debían viajar obligadamente , tramitaron ayer los trabajadores de las oficinas del Registro Civil e Identificación en Valdivia, ubicadas en Picarte 786, que realizaron un paro por 24 horas, en demanda a nivel nacional de un bono de gestión.

Los dirigentes locales, Héctor Cabezas (presidente) y Verónica Monsalves (secretaria), manifestaron que el motivo es la reivindicación por el pago de un bono de gestión, "cuya negociación estaba prácticamente cerrada con el exministro de Justicia José Antonio Gómez (hoy en la cartera de Defensa), pero que la actual ministra, Javiera Blanco, al parecer desconoce".

DIRIGENTES NACIONALES

Señalaron que la huelga de ayer fue en respuesta a que ", justamente la nueva ministra no quiere recibir a nuestros dirigentes nacionales, para hablar del tema, y dar curso a la cancelación del bono, que constituye un reconocimiento a nuestra labor y gestión en el Registro Civil".

Cabezas y Monsalves, señalaron que la movilización de ayer fue totalmente pacífica y sólo por 24 horas, por lo que a partir del lunes retomarían las actividades de atención al público, que a diario se traduce en unas 500 personas que acuden hasta las dependencias para recibir atención.

ADHESIóN TOTAL

Los dirigentes también valoraron el hecho de la "adhesión total" que la manifestación tuvo ayer en toda la región.

Cabezas, señaló que la próxima semana los dirigentes nacionales y de regiones del servicio, se reunirían en una asamblea en La Serena, ciudad a la que viajarían igualmente representantes locales.

Anticipó que en esa oportunidad podría resolverse declarar un paro indefinido, "de mantener la ministra Blanco, su actitud de no querer recibir a los dirigentes nacionales, para tratar el bono de gestión y otros problemas que aquejan a los trabajadores", indicó.