El director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, informó ayer que el Servicio de Evaluación Ambiental de Los Ríos se encuentra en plena etapa de análisis de las 18 observaciones realizadas por los distintos servicios públicos de la zona al proyecto "Adecuación Central Hidroeléctrica San Pedro", propiedad de la empresa Colbún .

"En esta fase se evalúan los distintos pronunciamientos (...) y en la eventualidad que el documento ambiental (de Colbún) no reúna los antecedentes relevantes y esenciales para poder continuar con el proceso de evaluación ambiente se puede declarar un término anticipado del proceso o en su defecto, pasar a la fase de elaboración de un informe consolidado de solicitudes y aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones (ICSARA) que se remite al titular de proyecto para efecto que se haga cargo y elabore lo que se denomina un informe de complementación Adenda. Sin embargo, todavía no llegamos a esas etapas y estamos en la fase de análisis de las observaciones que han formulado las instituciones que están participando de este proceso", explicó el profesional.

Cabe recordar que el 31 de julio pasado concluyó el plazo formal para que los diversos organismos públicos con competencia ambiental se pronunciaran sobre la iniciativa que pretende reactivar la construcción de la represa que tendrá una potencia máxima de 170 MW para una generación anual de 950 GWh.

De esa manera y según consta en la ficha electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la iniciativa privada tuvo 18 observaciones, declarándose conforme con sus términos sólo la secretaría regional ministerial de Energía.

Instalación

En forma paralela al estudio que se realiza del proyecto de Colbún, el mismo Jorge Troncoso confirmó que ya asumió sus funciones el nuevo director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) en Los Ríos, Jaime Moreno Burgos, quien llegó al cargo a través de un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública.

"Él ya está ejerciendo sus funciones, asumió días atrás. Ahora está en el proceso típico de instalación en su cargo, conociendo a su equipo de trabajo e interiorizándose de los distintos procesos de evaluación ambiental que hay en región. Además, está sosteniendo entrevistas y reuniones con las autoridades regionales que participan con nosotros en los proceso de evaluación ambiental", afirmó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo ayer sus proyecciones de crecimiento para la economía chilena en 2,5% para este año y 3,1% para 2016, pero hizo hincapié en que la actividad "se ha visto afectada negativamente por los costos de ajuste relacionados con el programa de reforma estructural puesto en marcha en 2014", el que debe ser implementado "de manera cuidadosa".

Según dijo el organismo multilateral en su informe anual Artículo IV sobre Chile, la caída de la inversión fija refleja "en parte una disminución de la confianza de las empresas que no puede conciliarse totalmente con los shocks externos, y probablemente se deriva de la incertidumbre generada por el programa de reforma estructural y sus costos a corto plazo".

El FMI agregó que la recuperación que ha mostrado la actividad en Chile en los últimos meses ha perdido "algo de impulso", arrastrada por la caída de la inversión y el fin del boom de la minería.

De acuerdo con los cálculos del organismo, la inversión cayó 6% en 2014, en respuesta a la caída del precio del cobre, que ha perdido 35% a mediados de 2015 de su valor desde su máximo de 2011.

El documento agrega que la inflación se ha mantenido "tozudamente alta", rozando el 6% y por encima de la meta marcada por el Banco Central de entre el 2% y el 4%, aunque ha comenzado a dar signos de ralentización en los últimos meses.

Frente a esta situación, agregó el FMI, el Gobierno adoptó una política macroeconómica "sumamente expansiva", especialmente en el área fiscal, y con una "fuerte aceleración de la inversión en infraestructura" que el fondo considera "adecuada".

La institución multilateral afirmó que también ha afectado a la confianza empresarial "la incertidumbre asociada al ambicioso plan de reformas estructurales".

"Si se aplican correctamente, las reformas tienen el potencial de estimular la productividad y el crecimiento a mediano plazo, pero pueden implicar costos a corto plazo".

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que "estamos de acuerdo con el FMI en que algunas de las reformas tienen costos transitorios que hay que minimizar".

Sin embargo, Valdés aseguró que la economía chilena "está fundamentalmente sana, adaptándose a un entorno internacional menos favorable y en particular a un precio del cobre más bajo".

En cuanto a las reformas, el secretario de Estado enfatizó que "el tema de equidad es fundamental" y que el país requiere de un cambio importante en materia laboral.

E n un nuevo capítulo de la disputa legal que mantienen los empresarios Jacob Mosa y Horst Paulmann, por el arriendo de un paño de terreno en pleno centro de Valdivia, la versión on line de revista Capital informó ayer que el 22º Juzgado Civil de Santiago le dio ampliamente la razón al empresario de origen sirio obligando al holding Cencosud a pagar sobre 600 millones de pesos por 18 facturas impagas.

Básicamente y de acuerdo a los antecedentes conocidos de este caso, Pasmar, la firma de la cual es dueño Mosa, arrendó a Johnson's un terreno en Valdivia por un plazo de 20 años renovables, acuerdo que fue cumplido durante siete años por Cencosus hasta agosto de 2013, fecha en la cual se dejó de pagar el compromiso.

Las razones del grupo controlado por Paulmann para no hacerlo fueron que Pasmar no era la titular de los terrenos -en 2012 la empresa de Mosa cedió el contrato de subarrendamiento a Inversiones Shajjo-, por lo tanto, no tenía validez.

Además, alegaron que ellos "nunca habían tenido en su poder el terreno", en el cual Mosa, según dicen, intentó levantar un mall. Incluso interpusieron una demanda contravencional, en la que establecen que durante seis años pagaron "por error" a Pasmar y exigieron la restitución de dichos pagos.

PAGO DE COSTAS

Pero la justicia no sólo rechazó la contrademanda, sino que obligó al retailer a pagar el total de la deuda más los intereses y las costas judiciales. Una decisión a la que el holding de Paulmann decidió apelar.