Esta semana se desarrollará en Valdivia el X Encuentro Empresarial del Sur, que convoca Codeproval y al cual se espera que concurran más de 600 personas, tanto del sector público como privado.

La actividad está programada para el 20 y 21 de agosto, incluyendo una primera jornada organizada en colaboración con Prochile, dedicada a las posibilidades de exportación que pueden tomar las empresas de la región de Los Ríos; y un segundo día con la asistencia de panelistas como la ministra Ximena Rincón, la cientista política María de los Ángeles Fernández y ex autoridades como José Miguel Insulza y Felipe Larraín, entre otros.

Además, contará con una feria abierta a los emprendedores locales, para que presenten sus productos en una amplia gana que va desde drones a chocolates (ver pág. 5).

La idea es que el evento se convierta nuevamente en un espacio abierto, en el cual analizar la marcha de la zona y reflexionar sobre temas contingentes. En esta versión, la convocatoria es a hablar especialmente sobre la reforma laboral, actualmente en trámite legislativo y sobre las inquietudes que ella genera en el mundo empresarial de regiones, cuya realidad es muy diferente a la de la zona central.

Este último punto es relevante, pues tiene que ver con poner sobre la mesa -una vez más- las urgencias de una efectiva descentralización del país para alcanzar un desarrollo armónico y de largo plazo, considerando las diferencias de cada zona y sus necesidades particulares.

Desde el Encuentro Empresarial del Sur se ha expresado innumerables veces este planteamiento, que todavía no parece haber sido bien internalizado por quienes toman las decisiones y aplican, a pesar de los discursos y las promesas políticas, criterios uniformes.

La reforma laboral tiene marcada, según quienes la han analizado a nivel local, una visión centralizada, que no considera particularidades agrícolas, forestales o pesqueras. El EEsur podría dar una excelente oportunidad para conversar al respecto, dando luz sobre éste y otros temas, permitiendo que más puntos de vista sean también considerados.

La bancada DC en la Cámara de Diputados apoyó la eliminación de la cotización del 5% correspondiente al pago de salud para pensionados mayores de 65 años de los sectores más vulnerables.

Ante este trascendente hecho, ahora esperamos del gobierno un esfuerzo pedagógico para explicar los beneficios a lo largo del país, valorando, especialmente, que se haya incorporado la solicitud de una prestación de vejez a todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias.

Serán unos 358 mil pensionados los beneficiados al año 2016 con este proyecto que ingresó la Presidenta, con el que cumple su compromiso de eximirlos de las cotizaciones de salud, lo que se realizará en forma gradual. Un mes después de que haya sido publicada la ley se rebajará del 5% actual a un 3 % la cotización y pasados 12 meses, ese 3% va ser rebajado totalmente llegando a 0%.

Ante este anuncio, es necesario que los adultos mayores sepan que esta prestación de salud igual va estar resguardada porque ahora va ser el Estado el que va a pagar esos recursos.

También es pertinente explicar que el proyecto establece un beneficio de cuota mortuoria del DL 3.500, del Ministerio del Trabajo, señalando que quien haya estado unido por vínculo o no, matrimonio o parentesco, con el afiliado fallecido, y acredite haberse hecho cargo de los gastos funerarios, tendrá el derecho a la diferencia que se genere entre el monto efectivo de la prestación y las 15 unidades de fomento que establece como límite la ley.

Finalmente, podemos informar que otro de los beneficios de este proyecto de ley es que facilita la tramitación de oficio de las solicitudes de pensión básica solidaria de vejez y del aporte previsional solidario de vejez.

Para esto, se otorga al Instituto de Previsión Social (IPS) las competencias correspondientes para tramitar dichas solicitudes durante el trimestre anterior a que un beneficiario cumpla la edad exigida por la ley.

Ahora, esperamos que con la misma celeridad y apoyo el proyecto pueda ser despachado por el Senado para que pueda comenzar a regir lo antes posible en beneficio de las personas mayores de nuestro país.

Iván Flores García