Nuestra ciudad ya cuenta con nueva infraestructura para recibir a los habitantes de nuestra región y, por supuesto, a los turistas chilenos y extranjeros.

La apertura del nuevo edificio del Terrapuerto Valdivia demuestra que una alianza público - privada puede dar excelentes frutos, como el resultado del trabajo entre la empresa Terval, la Municipalidad de Valdivia y Valdicor.

Nuestra administración busca propiciar inversiones de este tipo, donde el esfuerzo mancomunado es reconocido de manera transversal por distintos actores políticos, económicos y sociales.

Pero toda inversión debe ser coherente con nuestra vocación de comuna y no puede romper con el trabajo que estamos planificando de manera coordinada, para un desarrollo armónico de Valdivia.

Por ello, la Municipalidad declaró su no conformidad con la Declaración de Impacto Ambiental presentada para 4 proyectos de centros de engorda de salmonideos que pretenden instalarse en la costa valdiviana. Para esta administración, estos proyectos no son compatibles con nuestro Pladeco y es fundamental que dichas iniciativas sean evaluadas ambientalmente como un todo y no fraccionados.

Dos de los proyectos se instalarían en sectores contiguos a nuestra actual Zona de Interés Turístico y otros dos están dentro del perímetro, lo que a nuestro juicio genera una incompatibilidad de estas iniciativas privadas con el trabajo comunal en el área turística.

Además, ninguna de las Declaraciones de Impacto Ambiental aborda los efectos en comunidades humanas, sus sistemas de vida y sus costumbres.

A la hora de evaluar estas iniciativas, es necesario recordar que existe un acuerdo en trámite de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, respecto de no permitir el cultivo de salmonideos como actividad.

Esperamos que estas cuatro iniciativas puedan reingresar al Sistema de Evaluación Ambiental como un solo proyecto y que su evaluación se realice a través de un Estudio de Impacto Ambiental, para profundizar en los efectos de un proyecto salmonideo sobre el ecosistema marino y los asentamientos humanos de nuestra costa que han hecho del mar su fuente de trabajo, considerando a comunidades indígenas, los pescadores artesanales y los buzos recolectores.

Omar Sabat Guzmán

Un estudio publicado la semana pasada por Acción RSE señala que un 91% de los chilenos valora muchísimo la participación ciudadana; que el 59% la considera incluso "un deber", pero el 64% no la ejerce. Al menos no a través de instituciones donde su actuar genere cambios sociales, emita opinión política o contribuya a alguna causa.

Una primera mirada permite señalar que se trataría de una expresión más del doble estándar nacional, según el cual se dice una cosa y se hace otra. Y es probable. Sin embargo, otros datos del mismo análisis invitan a escarbar algo más profundo y preguntarse por qué existe esa diferencia de apreciación.

En el sondeo, un 34% de los entrevistados indica que se siente lejos de las tomas de decisiones generales del país y casi un 70% alude a lo mismo respecto de la marcha de las instituciones donde trabaja. Es decir, habría una falta de sentido real para la participación, una idea instalada respecto de la inutilidad práctica de ella, que contrasta con la necesidad (y obligatoriedad legal, en algunos casos) de su existencia. En otras palabras, la sensación de que las decisiones finales son tomadas por algunos que "escuchan, pero no hacen caso".

El análisis se aplicó en todo el país y refleja en cierta medida lo que un observador percibe también en Los Ríos, aunque claramente esta región se caracteriza por un mayor nivel de presencia comunitaria en la discusión pública de los diferentes temas.

Sin embargo, aquí también se aprecia esa suerte de desconfianza en una participación no vinculante, o una que se abre solo como válvula de escape a tensiones sociales.

Afortunadamente en la zona hay algunos indicios favorables que pueden hacer disminuir esa percepción. Una de ellas es la decisión comunitaria sobre un pequeño porcentaje de fondos públicos (los Fril), de modo de invertir en obras que la comunidad efectivamente necesite, en las diferentes ciudades.

La idea ha sido aplaudida como ejemplo a nivel nacional y de verdad lo es, en la medida -por supuesto- que nadie intente instrumentalizarla, sino que se aplique con libertad.