Con personas que salieron a las calles a vitorear con banderas chilenas y manifestantes que provocaron incidentes en el centro de la ciudad, Santiago recibió ayer a un convoy de 13 camiones quemados por actos de violencia que viajó desde diversas zonas de La Araucanía, seis de los cuales lograron acceder a La Moneda para representarle al Gobierno quejas por la impunidad en hechos delictuales en la zona del conflicto mapuche.

La protesta se produjo un día después de que La Moneda le pidiera la renuncia al ex intendente de esa región, el DC Francisco Huenchumilla, y mantuvo a decenas de camiones paralizando el acceso sur a Santiago en el peaje de Angostura, impedidos por una circular de la seremi de Transportes de entrar al radio urbano de la ciudad.

En apoyo al grupo de transportistas, cientos de camioneros se tomaron la ruta 68, que une Santiago y Viña del Mar, y otras importantes vías del país con la Ruta 5 Sur, a la altura del Cruce Los tambores, en la regióin de Los Ríos (ver tema del Día)..

El Gobierno acusó durante toda la jornada los transportistas de intransigencia y autorizó el ingreso de un vehículo a La Moneda, lo que fue desechado por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y vocero de los manifestantes.

Durante el día, el ministro del Interior, Jorge Burgos, reconoció "una situación de fracaso" y "falta de respuesta" del Estado en torno a la violencia contra transportistas en La Araucanía.

"Llamamos a la gente que se tranquilice, todos tenemos derecho a manifestarnos", afirmó Pérez, quien confirmó que el grupo de dirigentes sería recibido en La Moneda por el titular de Interior, Jorge Burgos.

"Es una manifestación pacífica. Hay un problema de violencia de gente que no comprende que tiene que haber diálogo. Me recuerda tiempos pasados", afirmó el presidente de la CNTC.

ley de seguridad

En un tono más duro, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el Ejecutivo no descartaba la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes mantienen bloqueos en las rutas. "Evidentemente todas las herramientas que nos franquea la ley están siempre siendo consideradas en cada uno de los casos", afirmó el secretario de Estado.

José Egido, líder de la CNTC en Valparaíso, agregó que la protesta busca que "no exista más terrorismo en Chile".

También un grupo de mapuches se enfrentó frente a La Moneda con familiares de víctimas de ataques de La Araucanía y agredió a Jorge Luchsinger McKay, hijo del matrimonio quemado vivo en Vilcún.

Con duras críticas, la oposición se cuadró en contra de la prohibición que impuso el Gobierno durante todo el día para el ingreso de la caravana de transportistas a Santiago, mientras desde la Nueva Mayoría los partidos oficialistas, a través de un comunicado, rechazaron una supuesta "intransigencia" de los camioneros.

Dirigentes de RN, la UDI, Evópoli y el PRI, encabezados por el timonel gremialista, Hernán Larraín, se reunieron con el titular de Interior, Jorge Burgos, para entregarle una carta manifestando su descontento con la decisión del Ejecutivo.

Larraín afirmó que la decisión de negarles el paso "es un abuso de poder". En conversación con radio Cooperativa, el senador agregó que "han apagado el fuego con diésel en este caso, porque es inexplicable esta situación".

"Lamento el pésimo manejo que ha tenido el Gobierno, ha aplicado de manera mañosa el derecho a manifestarse permitiéndole a grupos afines a su sector manifestarse y no a los ciudadanos que están reclamando por la violencia y el terrorismo en La Araucanía", agregó el diputado José Manuel Edwards (RN).

El senador Manuel José Ossandón (RN) escribió en su cuenta de Twitter que "el decreto que inventó el Gobierno para impedir el paso a los camioneros lo dice todo: no hay coraje político ni liderazgo alguno en La Moneda".

rechazo oficialista

A través de una declaración pública, la Nueva Mayoría destacó el "esfuerzo (del Gobierno) tremendo para terminar con los brotes de violencia y la quema de camiones en esa región" y cuestionaron la movilización de los camioneros, a quienes criticaron por una supuesta "falta de voluntad" para alcanzar soluciones.

"Nos parece altamente incoherente e inconsecuente que una asociación gremial que exige cumplimiento de las leyes en seguridad, realice acciones que atentan contra el orden público y el estado de derecho", aseguró el texto.

En relación al mencionado decreto de la seremía de Transportes y Telecomunicaciones que prohibió en horas de la mañana la circulación de vehículos de carga desde el kilómetro 55 de la Ruta 5 Sur hasta el kilómetro 0 en Santiago y en la Ruta 68, que une la capital y Viña del Mar, desde el kilómetro 54 hasta el kilómetro 0, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) rechazó, a través de una declaración pública, a la determinación tomada por la autoridad por considerar que acude a un resquicio legal para reprimir e impedir el legítimo derecho de los camioneros a manifestarse pacíficamente.

"No entendemos por qué bajo el argumento de garantizar la circulación en la ciudad se emitió un decreto puntual para impedir una manifestación pacífica, en circunstancias que semanalmente se permiten otras marchas que no sólo alteran el normal funcionamiento de la ciudad, sino que el orden público, causando daño a la infraestructura pública y privada. En ese escenario, el citado decreto nos parece arbitrario, señaló el documento.

Y agregaron: "La marcha que han emprendido los camioneros desde Temuco y que pretende llegar hasta La Moneda responde a su legítima desesperación y frustración ante la incapacidad del Estado de brindarles seguridad y proteger su integridad. Ya son centenas los camioneros, agricultores y comerciantes que han perdido sus fuentes de trabajo e incluso vidas en atentados incendiarios que hasta hoy permanecen en la impunidad y sin respuestas efectivas por parte del Estado".

Valorando finalmente la declaraciones realizadas durante la jornada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, en las que la autoridad reconoció que la violencia y la impunidad en la zona responden a un "fracaso y a una falta de respuesta del Estado".

"Esperamos que este explícito reconocimiento marque un punto de inflexión en la forma en que las autoridades han abordado la situación de La Araucanía, la que requiere de diálogo de todos los actores y la búsqueda de soluciones definitivas, en un ambiente de absoluto respeto a los derechos ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Política", concluyó la institución gremial.