L a abogada y ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, y la antropóloga y académica de la Universidad Austral de Chile, Debbie Guerra, analizaron ayer el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En el edificio Nahmías de la Uach participaron en el seminario "Aborto en tres causales", organizado por la Secretaría de la Mujer de la Juventud de la Democracia Cristiana de Los Ríos.

La encargada regional de la Secretaría de la Mujer, Valezca Escarez, explicó que el objetivo del seminario fue "nutrir la discusión en base a pilares fundamentales, como el respeto, la democracia y el espíritu de contribuir a la comunidad".

Agregó que la iniciativa surgió del interés que genera el aborto como una problemática social que -dijo- afecta directamente los derechos fundamentales de la mujer. "Un tema delicado y que tras muchos años de discusión no ha logrado ser resuelto, ya que generar un consenso respecto a esta temática es bastante complejo", expresó.

En ese contexto, Valezca Escarez señaló que "sin embargo, no debemos paralizarnos, al contrario debemos avanzar, considerando la realidad político-social de nuestro país y que no podemos ignorar".

DEBATe Y rol de la mujer

Laura Albornoz destacó que este es un tema "muy importante" y que "las mujeres no vamos a permitir que este debate quede ubicado en un segundo lugar".

Señaló que "se practicaba y se practica el aborto cotidianamente en Chile (...) Entonces cuando la gente se niega a hablar de un tema que en Chile es un hecho concreto, cuando la gente quiere hacer de esto una situación excepcional uno se siente viviendo en un país falso, mentiroso y no solamente aspiracional sino que inconsecuente", sostuvo.

En tanto Debbie Guerra apuntó a que en temas como el aborto y otros "hay un grupo de la población que piensa que tiene la palabra y que define lo que es".

En esa línea, precisó que "para tres cuartas partes de la población del mundo está aceptado el aborto por voluntad de la mujer, por factores sociales y económicos y por motivos médicos. Para cerca del 15% está permitido únicamente para salvar la vida de la mujer, en los países islámicos y casi todos los países de América Latina, algunos países en África y en Europa solo en Irlanda. Y tan solo en el restante 10% está prohibido totalmente como en nuestro país".

También se refirió al protagonismo de la mujer en las elaboración de las leyes y políticas públicas. "La capacidad de engendrar y también de abortar de la mujer, que se convierte en posibilidad cierta desde el momento que alcanzan la menarquia, es decir, desde que existe la posibilidad biológica del embarazo, convierte a la mujer en la principal protagonista de esta situación".

Agregó que: "Por tanto nuestras opiniones, percepciones y experiencias deberían ser consideradas determinantes en la elaboración de las leyes y las políticas públicas relativas a la fecundidad y a la maternidad, especialmente en aquellas orientadas a disminuir la ocurrencia de los abortos, regular su realización y asegurar la vida y salud de las mujeres. Sin embargo, la voz de las mujeres no suele tomarse en cuenta".

detalles del proyecto

El proyecto -un compromiso adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno- propone la despenalización del aborto cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la madre, en caso de violación y ante la inviabilidad del feto. "En todas las demás circunstancias el aborto continuará siendo igualmente ilegal como lo es ahora", enfatizó Laura Albornoz. Asimismo, recalcó que la iniciativa se inserta en el marco legal que establece la Constitución Política. "En este sentido, lo que establece el proyecto de ley es que el Estado no puede exigir a la mujer perseverar un embarazo que coloca a la propia mujer en una situación extrema", precisó.

Además, insistió que el proyecto no impone a ninguna mujer la obligación de practicarse un aborto, sino que da la alternativa para que, de presentar alguna de las tres causales, pueda tomar libre e informadamente la decisión.

las tres causales

En su presentación la abogada profundizó en esas tres causales y explicó que la modificación legal se hace en el Código Sanitario, que regula la interrupción del embarazo en Chile. "Particularmente lo que pretende, como lo dice el mensaje del proyecto de ley, es dotar de ciertas certezas a los médicos que practican los abortos en determinadas circunstancias y establecer particularmente un procedimiento que garantice el respeto de las mujeres y su dignidad", detalló.

Lo anterior -dijo- "hoy no se encuentra regulado ni menos considerado por quienes practican, conocen o atienden situaciones de aborto en los servicios médicos".

En esa línea, precisó que el proyecto de ley establece un procedimiento a seguir para realizar la interrupción del embarazo en cada una de las tres causales.

En el caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, dijo que se otorga la posibilidad de que la mujer tome la opción -sin que ella esté muriendo- para poner fin a una situación actual que en el futuro va a implicar el riesgo de su vida.

Respecto a la inviabilidad del feto, Laura Albornoz explicó que esta causal "distingue los casos de inviabilidad fetal de los casos de discapacidad severa, los que no se encuentran contemplados en el proyecto de ley".

En esa línea, dijo que hay grupos que están haciendo un debate mentiroso. "Estamos hablando de malformaciones dramáticas, por lo tanto aquí el que quiera decir que este proyecto va a propiciar el aborto de niños con síndrome de down, con niños que le falte una pierna o un brazo está mintiendo, está mintiendo cuando dice que vamos a propiciar el aborto de niños con hidrocefalia (...) Estamos hablando de situaciones de grave afectación e incompatibilidad con la vida extrauterina", señaló. En el caso de violación, el proyecto define que primará la protección y el bienestar de la mujer. Se establece la posibilidad de que se interrumpa el embarazo por violación hasta 12 semanas y en el caso de las menores de 14 años podrá ser hasta las 18 semanas de gestación. Al respecto dijo que "el 78% de las violaciones en Chile recaen sobre menores de edad y en el 91% de los casos son ejecutadas por personas del primer círculo de cercanía de la víctima, es decir, padres, abuelos, tíos, hermanos, padrastros (...)".

Acerca de esta última causal, Debbie Guerra señaló que es importante que ésta sea considerada, dada la relación -dijo- "perversa" que existe entre la violencia sexual y el aborto. "Todos sabemos que la violencia sexual está ampliamente presente en la vida de las mujeres e instalada en nuestra sociedad".

La antropóloga se refirió al estudio "Aborto y violencia contra la mujer" (2008), que evidencia que un 7% de las mujeres mayores de 18 habría sufrido una violación en Chile y en casi la mitad de los casos ésta constituiría su iniciación sexual. "En este contexto hay varios tabúes que no hemos puesto en el debate y que son importantes, por ejemplo la alta tasa de incesto en el país y en nuestra región", precisó.

Agregó que en el año 2001 una de cada cuatro adolescentes habría sufrido una experiencia de abuso sexual y que se calcula que entre un 70% y un 50% de las agresiones sexuales nunca es denunciada. "Un dato inexistente es el relativo al número de embarazos forzados que resulta de la violación". Sin embargo -señaló- un estudio realizado a nivel global muestra que entre un 15% y un 18% de las violaciones denunciadas tienen como consecuencia un embarazo".

Valezca Escarez Secretaría de la Mujer JDC

El plazo para presentar las indicaciones al proyecto de ley que "Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales" finalizó el viernes y la ministra de Salud, Carmen Castillo, informó que el Ejecutivo despachó estas indicaciones, las que -aseguró- fueron formuladas en acuerdo entre los ministerios de Justicia, Servicio Nacional de la Mujer, Secretaría General de la Presidencia y Salud.

La secretaria de Estado precisó que se mantienen las tres causales originales contenidas en el proyecto de ley: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, y las indicaciones presentadas vienen a "robustecer" la iniciativa.

Una de las indicaciones se refiere a la causal de inviabilidad del feto. En ésta se exigirá que un médico especialista acredite la condición de inviabilidad y no solamente un médico general, como lo planteaba el proyecto original. Otra observación apunta a eliminar la palabra "riesgo presente o futuro de la madre", en la causal de riesgo de vida de la mujer que esté acreditado por un médico especialista. Mientras que en el caso de violación, los profesionales de la salud deberán denunciar por oficio, cuando mujeres menores y mayores de 18 años hayan sido víctimas de violación. En el caso que las adolescentes sean menores de 14 años, que presenten embarazos por violación y no tengan representantes legales, será el juez de Familia quien deberá determinar si procede o no la interrupción del embarazo.

Por primera vez, después de 25 años, Chile se abre a discutir democráticamente la posibilidad de que las mujeres interrumpan en forma voluntaria un embarazo cuando su vida se encuentre en peligro, cuando exista inviabilidad fetal o cuando sea el resultado de la violencia sexual.

Este es un debate que el país quiere dar, más del 70% de las chilenas y chilenos está de acuerdo con despenalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales, tal como lo indican diferentes estudios de opinión en el último año (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015). En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fueron escuchados más de 68 expertas y expertos, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, iglesias, gremios profesionales y universidades, entre otros.

El país merece un debate informado y con altura de miras sobre un tema que, sin duda, interpela y alude a convicciones personales, pero sobre el que es necesario establecer márgenes que aseguren el respeto a la voluntad y a los derechos y estamos hablando de un proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que devuelve a las mujeres del país la esperanza de volver a tener asegurados nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos y la dignidad y el respeto por sus decisiones. Como institución también estamos abiertos a escuchar, a debatir en base al respeto como ha llamado nuestra Presidenta de la República, en base a la tolerancia sobre todo, pero es importante que podamos resguardar la idea matriz de este proyecto que tiene que ver con respetar las tres causales que propuso la Presidenta y que, además, cuentan con un amplio respaldo de la ciudadanía.

Una iniciativa que, claramente plantea una alternativa, no una obligación.

Sabemos que en estas circunstancias se ponen en tensión derechos y criterios de humanidad, y por lo mismo sostenemos que ni el Estado ni nadie puede imponer a sus ciudadanas una decisión. Por otra parte hoy aparecen muchos análisis entorno a una temática que nos hace reflexionar, hoy más que nunca, sobre la aberrante sub representación de las mujeres en el parlamento, una realidad que debe ser asumida y trabajada, porque hoy es este proyecto de ley, pero mañana puede ser otro en torno a la mejora en la calidad de vida de las mujeres, donde no puede ser posible, que sean mayoritariamente hombres los que decidan por ellas.

En eso estamos trabajando, en la construcción de una sociedad que camine hacia una mayor participación femenina en la toma de decisiones, lo que nos encaminará hacia el desarrollo de un país con igualdad de oportunidades y equidad de género.

"El objetivo fue nutrir la discusión en base a pilares fundamentales, como el respeto, la democracia y el espíritu de contribuir a la comunidad". "Lo que establece el proyecto de ley es que el Estado no puede exigir a la mujer perseverar un embarazo que coloca a la propia mujer en una situación extrema".

Laura Albornoz Ex ministra del Sernam

Directora

regional del Sernam

"El aborto es una práctica que pese a su prohibición legal se extiende a mujeres de todas las clases sociales, con consecuencias más graves para las mujeres más pobres".

Debbie Guerra

Antropóloga

8 de septiembre

será votado en particular el proyecto que "Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales".

78 por ciento

de las violaciones en Chile recaen sobre menores de edad y en el 91% de los casos son ejecutadas por personas cercanas a la víctima, según precisó Laura Albornoz.

18 semanas

de gestación es el periodo máximo que el proyecto de ley establece como posibilidad para interrumpir el embarazo en caso de violación de mujeres menores de 14 años.