Diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunciaron que ingresarán una indicación al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, con el objetivo de impulsar una fórmula jurídica que elimine la causal de violación incluida en la iniciativa del Ejecutivo.

Tras su paso por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la iniciativa tendrá que avanzar a la Comisión de Constitución de la corporación. Será en esa instancia que los parlamentarios de la DC ingresarán la indicación, el próximo 29 de septiembre.

"Es evitar que exista una sanción penal para la mujer, pero el aborto en sí, el procedimiento de interrupción del embarazo, va a seguir, de acuerdo a nuestra postura, siendo un hecho ilícito penado por la ley para el equipo médico que interviene en la interrupción de un embarazo de un feto que está sano, que puede vivir, que puede desarrollarse y que puede crecer", explicó el diputado Matías Walker.

Los parlamentarios falangistas buscarán así eximir de castigo penal a la mujer que aborte tras ser víctima de una violación, pero no así al equipo médico que realice el procedimiento. Ese punto está siendo analizado actualmente por el equipo jurídico de la bancada DC.

La votación del proyecto en la Comisión de Salud fue aplazada el martes luego de que el documento con las 100 indicaciones a votar llegara sólo una hora antes de su realización.

El 27 de agosto integrantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC-Chile), tras ingresar a Santiago caravana, llegaron hasta La Moneda, donde entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet en la que detallan una serie de exigencias. En el documento, explican: "Demandamos del Gobierno de Chile que ejecute en forma urgente las acciones necesarias para resolver la deplorable situación de violencia e inseguridad que afecta a la gran mayoría de las regiones de nuestro país, especialmente los graves actos terroristas que afligen a las regiones del sur de Chile".

Contenido

La carta es firmada por Sergio Pérez Jara (presidente CNTC-Chile), José Villagrán Sandoval (presidente Fedesur) y José Egido Arriola (presidente Fedequinta). Considera siete puntos, entre los que destacan: "Mayor respaldo político y de recursos a Carabineros de Chile. El Ejecutivo debe presentar e impulsar un proyecto de ley que entregue mayores recursos y atribuciones a Carabineros, a fin de que sea efectiva su participación en la prevención y reacción ante los delitos"; "Efectivo y eficiente apoyo a las víctimas. El Estado en su calidad de garante y protector no está considerando a las víctimas que sufren múltiples vulneraciones de índole patrimonial, social y emocional. El Ejecutivo debe mandatar la protección y atención de víctimas de delincuencia común como de índole político ideológica, desde las organizaciones públicas como del Instituto Nacional de Derechos Humanos"; y "Buscar medidas alternativas a la compra de tierras, consultando a las comunidades. La persistencia en la política de compra de tierras para comunidades indígenas ha sido uno de los principales, si no el principal, incentivo a la violencia y estímulo para que la mayoría pacífica se vaya sumando a la estrategia de la violencia. Solicitamos generar desde el Ejecutivo un acuerdo nacional transversal, de una política de Estado eficiente hacia los pueblos originarios.

El Ministerio Público apeló ayer ante el tribunal de alzada por las medidas cautelares otorgadas por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago a los cuatro imputados del denominado caso basura. Los involucrados son los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, Christian Vittori y Luis Plaza; el concejal de Maipú y administrador municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres; y de la secretaria de Planificación de la misma comuna, Marcela Morales, quienes tras ser formalizados por delitos de corrupción, quedaron con prisión preventiva y arraigo. La formalización de los imputados es la más larga en toda la reforma procesal, tras extenderse por 18 días.

Carolina Collins

El senador Fulvio Rossi solicitó la suspensión de su militancia en el Partido Socialista (PS) al Tribunal Supremo de la colectividad, después de que surgieran diversas críticas internas tras la publicación de un correo electrónico que el parlamentario le envió al entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, pidiéndole aportes para campañas.

"Frente a la inquietud que se ha generado en la opinión pública y en mi propio partido por la publicación de un correo en el cual se solicita aportes de campaña por la vía legal para candidatos y candidatas de la Nueva Mayoría, solicito a usted, suspender mi militancia", afirmó Rossi a través de una declaración.

"He decidido suspender mi militancia hasta que concluya la investigación bajo la convicción que debe existir total transparencia sobre estos hechos, incluida la apertura total de los aportes reservados", añade el texto.

Rossi además negó haber cometido un delito. "Soy militante socialista desde los 14 años y quiero a mi partido. Las acciones que se investigan tienen directa relación con una práctica generalizada en un mal sistema. Tengo la tranquilidad que no he cometido ilícito alguno", expresó en el texto.

El martes se dio a conocer un correo de agosto de 2012 en el que el senador socialista le pedía a Contesse aportes para 32 candidatos. A raíz de esto el Ministerio Público solicitó al Servicio Electoral (Servel) antecedentes de financiamiento de esas campañas, para comprobar si se realizaron los aportes solicitados por Rossi y si éstos se hicieron a través de los mecanismos válidos o de otra manera, como la emisión de boletas falsas. La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Alicia Rosende Silva, pidió ayer más antecedentes a la fiscalía antes de aprobar la entrega de por parte del Servel y comenzar las diligencias.

Desde el PS el secretario general de la colectividad, Pablo Velozo, señaló a través de una declaración pública que el partido "valora el gesto de Rossi en el entendido de que con su acción pueda evitarse el aprovechamiento de estas circunstancias para menoscabar al partido y su historia". Asimismo agregó que "esperamos que el senador pueda aclarar su situación a la brevedad".

Críticas

La posibilidad de suspender la militancia de Rossi fue abierta por el senador socialista Carlos Montes, quien al ser consultado respecto de si era adecuada esa medida sostuvo que "si los datos son los que se están dando, probablemente va a tener que ser así", en entrevista con Cooperativa. El parlamentario aseveró que en los personal le "molesta" que un senador socialista le haya pedido aportes a la empresa que es de propiedad del yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. Sin embargo, señaló que "el haber recurrido a esto era una de las maneras de hacerlo".

A las críticas de Montes se suman las de Camilo Escalona, quien aseguró que Rossi "tomó una decisión que no le corresponde tomar, que es pedir dinero por terceros, ni más ni menos que a (Julio) Ponce Lerou. Es un hecho bochornoso".