Felicitaciones
Quiero destacar con grata sorpresa la celeridad con que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dio respuesta a una petición mía en orden a retomar las obras para el juzgado de Garantía de Los Lagos. Estas se mantenían paralizadas desde 2011, lo que originó la realización de audiencias en un container.
Esperemos ahora que la empresa que se adjudicó estas labores avance sin contratiempos, que no haya incumplimientos laborales y que podamos entregar pronto este edificio el primer semestre del próximo año como está planificado
La continuación de las obras estará a cargo de la constructora Coex Ltda., empresa que tendrá un plazo de 196 días para finalizar los trabajos que involucran la construcción y terminación de cerca de 1.300 metros cuadrados del edificio que se ubica en Calle San Martín con Tarapacá. Felicitaciones.
Bernardo Berger Diputado
Refugiados
El problema de los refugiados de países árabes y asiáticos no es de Europa, ni de los líderes de los países del viejo continente, ni de exclusivamente los países que limitan con aquellos en guerra. Esto es un tema que debe preocuparle a cada Estado libre y demócrata, a cada ser humano consciente, a todos aquellos seres vivos libres con razonamiento mínimo para poder ayudar a otros que no tienen la suerte de ver su futuro próspero y tranquilo como uno.
Chris O"Kuinghttons Lêrou Analista Círculo Acton Chile
El derecho a defensa
Uno de los valores más importantes en un modelo de justicia penal, es el derecho a defensa. Su ejercicio es expresión democrática en el deber social de respetar la dignidad de todos.
La persona acusada es quien sufrirá el rigor del castigo de ser declarada culpable, por lo que, al menos, ha de reconocérsele el derecho de manifestar su opinión ante la imputación que enfrenta. Como todo derecho, la institucionalidad debe dar la oportunidad a su ejercicio, de lo contrario, su consagración será sólo formal, carente de sustancia y equivalente a su no existencia.
Como el sistema judicial es de contenido altamente técnico, desarrollado en lenguaje de difícil comprensión para quien no se ha formado en la ciencia del derecho, la obligación institucional de asegurar aquel derecho, lleva al Estado a garantizar que la persona cuente con la asistencia de un abogado, sobre quien pesa el deber de cumplir su rol con fiel apego a los intereses de su cliente.
Este derecho a la defensa y el deber del Estado de garantizar su ejercicio, se hacen más patentes en materia penal, toda vez que el sistema punitivo es el que posee más impacto en la vida de las personas entre los diversos medios de control social, porque la sanción que trae aparejada consiste en privar la libertad, derecho base para el desarrollo de otros sobre los que todo ser humano hace palmaria su dignidad.
En efecto, con el encierro se excluye al condenado del tejido social, así, pues, a no dudarlo, el contacto con su familia se hará escaso, perderá su trabajo o las oportunidades de uno serán más exiguas, se alejará de amigos y vecinos por un buen tiempo, su acceso a la educación y la salud se minimizarán, en suma, será marginado de la cotidianeidad colectiva.
La Defensoría Penal Pública es la institución creada por el Estado para proveer de asistencia jurídica a todo acusado. Cumplimos este rol ciertos de nuestra valiosa contribución al sistema penal y la profundización democrática de nuestra sociedad, al poner de relieve la dignidad de nuestros asistidos.
Washington Fernández González Defensor Regional de Los Ríos
Ley de Inclusión Educativa
Esta semana la Ministra de Educación Adriana Del Piano, dio a conocer que en el marco de la aplicación de la Ley de Inclusión aprobada en enero pasado, 739 colegios particulares subvencionados pasarán a ser completamente gratuitos el 2016 y solo 20 permanecerán como particulares pagados. Incluso algunos colegios, con el aporte del estado, recibirán muchos más recursos de los que percibían de las familias de sus estudiantes, con lo cual contarán con mayores posibilidades de invertir en áreas o ámbitos que impacten en la calidad educativa.
Es cierto que estos colegios corresponden a aquellos con menor copago y que representan un porcentaje bajo en relación a los más de 6.000 que están en la misma condición: así lo determina la gradualidad en la implementación de la ley. Sin embargo, nadie podría dudar que para las 228 mil familias favorecidas en esta primera etapa -probablemente muchas de ellas vulnerables- la gratuidad significará un gran avance y por cierto un ahorro.
Aunque resulta pronto para lucubrar en torno al comportamiento futuro del resto de los colegios, es importante señalar que al menos para estos primeros la gratuidad no supuso la obligación de cerrar, ni tampoco una amenaza para la libertad de elección de las familias o el desarrollo de los proyectos educativos por los cuales han optado. Simplemente ha significado, ni más ni menos, la consolidación y restitución de un derecho ciudadano.
Rolando Poblete Docente Cs. Educ. U. Central
