La presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Nancy Silva, cuestionó el anuncio del Gobierno de aumentar en casi un 40% los recursos para contratar funcionarios a honorarios el 2016 y señaló que la medida no se condice con los acuerdos alcanzados con las autoridades durante los últimos años.

"Estamos bastante molestos (...) En la última negociación, en 2014, se solicitó que se fueran traspasando poco a poco los honorarios a contrata, de tal forma de terminar con la precariedad de los contratos a honorarios", dijo.

Apuntó a que en los protocolos de acuerdos establecidos con el Gobierno se planteó trabajo decente, carrera funcionaria, estabilidad laboral y mejores remuneraciones para los trabajadores a honorarios. Sin embargo, aseguró que "al hablar nuevamente de honorarios volvemos al trabajo precario (...) sigue existiendo un doble discurso". La dirigente explicó que existe el compromiso de traspasar entre el 2015 y el 2018, aproximadamente ocho mil funcionarios de honorario a contrata. "Actualmente en el país son más de 45 mil los funcionarios a honorarios en el sistema público", dijo y agregó que en la región no se sabe el dato real de los trabajadores que desempeñan labores en esa categoría contractual.

Comunidades mapuches de los sectores aledaños a donde se propone construir la Central Hidroeléctrica San Pedro - proyecto retirado anticipadamente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- expresaron ante la comisión regional de evaluación su respaldo a la iniciativa que lleva adelante la empresa Colbún.

Lo anterior mediante el envío de cartas dirigidas al director regional del SEA, Jaime Moreno y que fueron leídas en la sesión que ayer sostuvo la comisión.

Se trata de las comunidades Kimey Che Mapu y Lloncon Millal. A través del documento enviado por la primera de ellas, la comunidad presidida por Eleticia Muñoz señala que "nosotros estamos trabajando con Colbún a través de una mesa de trabajo y tenemos confianza en que el proyecto nos beneficiará". En tanto, el documento de la comunidad Lloncon Millal manifiesta el apoyo de ésta para la continuación del estudio de impacto ambiental de la empresa Colbún. "Creemos y lamentamos que hoy se haya paralizado el avance por temas políticos de algunos personajes de la región, sabiendo que al final del día, terminan celebrando juntos los proyectos", dice la carta.

Y agrega: "La oposición de estos va en desmedro al desarrollo de la región y las comunas cercanas al proyecto, como lo es Los Lagos y Panguipulli. La empresa y las comunidades estaban llevando temas importantes a través de mesas de trabajo, informando y llegando a acuerdos considerando el convenio 169".

Ambas cartas fueron recibidas por el SEA el 14 de septiembre de 2015.

Los diputados Bernardo Berger e Iván Flores apuntaron a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a honorarios. Berger señaló que "nos parece positivo que se incrementen recursos para mejorar los sueldos del sistema público, pero nos parece que es un contra sentido aumentar el número de trabajadores que hoy lo hacen en una condición de semi esclavitud moderna". En tanto el diputado DC Iván Flores dijo que si bien han planteado a los partidos de oposición la necesidad de que el aparato público crezca, "no es el camino de los honorarios la solución (...) Si a mí me dicen que van a aumentar mil o dos mil honorarios para contratar médicos especialistas, lo aplaudo, pero si me dicen que van a contratar burocracia ministerial la respuesta es no".

María Alejandra Pino

La comisión de evaluación regional no aprobó la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Ampliación Planta de Tableros Panguipulli" de la empresa Louisiana Pacific Chile.

La votación se realizó ayer en la sesión que fue presidida por el intendente Egon Montecinos y donde participaron diez representantes de los 18 servicios públicos que integran la comisión. Esto implica que el proyecto de la empresa puede seguir adelante.

Cabe recordar que el SEA recomendó rechazar la declaración ya que de acuerdo al análisis el proyecto -entre otros- "genera alteración significativa sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por cuanto interviene un sitio de significación cultural utilizado para uso tradicional, como asimismo se interviene el ejercicio de extracción de plantas medicinas en el Menoko" y "es susceptible de afectar comunidades indígenas que se encuentran dentro de su área de influencia en razón de la extensión y duración de los impactos que éste genera, producto del incremento de las emisiones atmosféricas".

Comunidades

Representantes de comunidades mapuches de sectores aledaños al lugar donde se localizará el proyecto - en el kilómetro 30 de la ruta entre Lanco y Panguipulli- asistieron a la sesión y expresaron su rechazo a la decisión de la comisión. El vocero de la alianza por la Defensa del Territorio de Malalhue, Patricio Castro, dijo que "es lamentable, aquí uno se da cuenta cómo el estado funciona en relación a las comunidades mapuches (...) Los pueblos de Malalhue y Melefquén estamos siendo contaminados, además de Panguipulli y Lanco que están en las cercanías de la planta".

Respecto al daño a las comunidades, Eduardo Quipainao -integrante de Defensa del Territorio- explicó que "la forma de eliminación de desechos de la empresa no se condice con lo que está estipulado en la resolución de calificación ambiental".

Además, señaló que "ustedes pudieron ver la ceniza que yo traje y que se supone que es material no contaminado en circunstancia de que lo que se pudo ver acá fue plástico, lo mismo pasa con la eliminación de corteza donde aprovechan de eliminar otros tipos de plásticos y aceites a los pozos de lastre y que por las condiciones propias de la zona de Malalhue estos aceites se van infiltrando a las napas subterráneas".

Quipainao aseguró que evaluarán las medidas que adoptarán a raíz de la resolución de la comisión de evaluación, constituyéndose como una alternativa presentar una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Proyecto

Según informa la Declaración de Impacto Ambiental el proyecto busca la ampliación de la actual planta de tableros, a través de la construcción de una nueva línea de producción, que permita aumentar la producción de 130 mil metros cúbicos a 290 mil metros cúbicos de producto terminado.

La ampliación de la planta tendría una vida útil de 30 años y su inversión sería de 55 millones de dólares. Durante la primera fase del proyecto requerirá de una mano de obra máxima de 350 personas y durante su operación -segunda etapa- de 120 personas.