Claudia Muñoz David

La Presidenta Michelle Bachelet anunció que este mes comenzará una serie de hitos que buscan crear una nueva Constitución, con mayor legitimidad política que la actual. Fernando Muñoz, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, asegura que "para que realmente exista una nueva Constitución debe haber cambios en la forma en que pensamos los problemas públicos". Para él, esta es la oportunidad de otorgar derechos a aquellos grupos que actualmente no gozan de ellos y para reducir la desigualdad. Muñoz lanzará en marzo del 2016 el libro "Hegemonía Constitucional" y en él muestra a la Constitución como una correlación de fuerzas entre los grupos que integran la sociedad.

-¿Cómo fue creada la Constitución que nos rige actualmente?

-La Constitución que tenemos fue redactada por un grupo de asesores jurídicos de la Junta Militar, entre 1973 y 1977. Una vez que este grupo -conocido como la Comisión Ortúzar- terminó este trabajo, le entregó el resultado a la Junta Militar, la que le hizo cambios y la sometió a un plebiscito en el año 1980. En 1989 la Concertación junto con RN propuso algunas reformas a la Constitución. La Junta Militar decidió cuáles aceptar y éstas también fueron plebiscitadas. Luego hubo una gran reforma, en el año 2005, que eliminó algunos enclaves autoritarios, pero fue una reforma negociada entre los sectores con representación parlamentaria, es decir entre la Alianza y la Concertación.

-¿Por qué es necesario cambiar esta Constitución?

- Algunos grupos sociales y algunos sectores políticos plantean que debe ser modificada porque los procesos a través de los cuales se redactó estuvieron mediados por pactos entre las elites políticas, sin participación de la ciudadanía en ninguna forma. En ningún momento hubo posibilidad de que los ciudadanos propusieran contenidos. El único rol que tuvo la ciudadanía fue pasivo, el de aceptar o rechazar, pero eso se hizo durante dictadura. Hay sectores, particularmente en la Nueva Mayoría, que creen que la Constitución debe ser modificada por un problema de legitimidad de las instituciones, Bachelet lo planteó así en su discurso. Pero ese problema termina traduciéndose en uno de contenidos. Dado que éstos solo los propusieron las elites comerciales, la Constitución tiene consecuencias sociales muy claras: generan desigualdad económica. No se basa en el talento de las personas, sino que en la gran acumulación de capitales.

-¿Cómo influiría un cambio de Constitución en la vida cotidiana de las personas ?

-Desde luego que a primera vista pareciera ser algo tremendamente lejano, porque regula el período presidencial, además de organismos desconocidos para la opinión pública, como el Tribunal Constitucional. Pero la Constitución no es solo un gran diseño de instituciones políticas, también establece ciertos elementos que permiten que actividades cotidianas se transformen en una oportunidad de negocio para algunos. La Constitución que tenemos hoy protege los intereses de las elites económicas del país, protege la libertad económica, amplía los espacios de libertad económica a espacios donde antes no existía, por ejemplo la televisión, las universidades, la propiedad minera. Crea espacios de negocio que han sido utilizados durante los últimos 30 años por los grandes grupos económicos. Algunos de esos negocios involucran a la mayor parte de la sociedad. Eso pasa con la educación superior, con la salud, la seguridad social. En la Constitución están las bases que permiten que existan las Isapres, las AFP, las universidades privadas, la Ley de Pesca, la posibilidad de privatizar el agua, que actualmente es un bien que está en el mercado y que en su mayor parte está otorgado a los sectores extractivos de la economía.

-¿Cuáles son los intereses sociales que no estarían siendo protegidos por la Constitución?

- Existen diversos grupos cuyos intereses y condiciones de vida no gozan de protección. No hay ningún tipo de protección hacia el pueblo mapuche y las otras etnias indígenas, tampoco hacia las personas que son discriminadas por su orientación sexual o para proteger a la mujer. Es más, no reconoce los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Tampoco protege a los trabajadores, la Constitución dificulta la sindicalización y prohibe a importantes sectores de la fuerza del trabajo negociar colectivamente y llevar a cabo huelgas. Las huelgas del sector público son todas inconstitucionales, por así decirlo. No contamos con mecanismos legales para regular esos conflictos.

-¿Hasta qué punto se puede modificar la Constitución?

-Jurídicamente no hay ningún obstáculo para cambiar toda la Constitución. En cuanto a instrumento jurídico, lo único que hace la Constitución es establecer mecanismos para llevar a cabo las reformas que se quieran realizar. Estos mecanismos consisten en la exigencia de quórums, de supermayorías de parlamentarios que voten favorablemente a las reformas. Lo que debemos preguntarnos es si hay mayorías en el Parlamento que estén dispuestas, por ejemplo, a acabar con el otorgamiento de derechos de aguas. La respuesta hasta el momento es que no. El principal límite para los cambios en la Constitución es la orientación ideológica de los partidos que están en el Congreso. La Concertación, en estos 25 años de gobiernos civiles, ha demostrado que no está comprometida con una modificación a la regulación del derecho de propiedad, de los derechos sindicales, de la libertad económica. Al final es un problema político, no jurídico. Pero si hay algo interesante en la propuesta de Bachelet es que desplazó la decisión sobre cómo va a ser la nueva Constitución desde el actual Congreso hasta uno nuevo, porque entremedio habrá elecciones parlamentarias, que puede que cambien la composición política del Parlamento.

-Durante el proceso anunciado por la Presidenta Bachelet la ciudadanía está integrada. ¿Qué tan vinculante será esa participación?

- Lo que importa es quien decide y -en este caso- importa quien redacta. Esto está diseñado para que sean funcionarios del actual gobierno los que redacten el anteproyecto que se enviará al Congreso. Esta será una discusión interna dentro del gobierno, pero insisto, de quien redacte depende el contenido. Algo importante es destacar que no se puede redactar algo que deje a todos contentos. Lo importante es saber qué representante de los sectores de la Nueva Mayoría redactará este anteproyecto y qué ideología tiene. Cuando hablamos de ideología nos referimos a las distintas visiones sobre el bien común.

-Una vez hechos los cambios ¿Cuándo se comenzarían a notar?

- Si el anteproyecto lo redactan los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría y si el nuevo Congreso no tiene fuerzas políticas ideológicamente distintas a las actuales, entonces no va a haber cambios en el contenido. Si los sectores ideológicamente más inclinados hacia la izquierda de la Nueva Mayoría tienen la posibilidad de redactar la nueva Constitución y si en las elecciones parlamentarias hay representación de nuevas fuerzas políticas, entonces la Constitución va a cambiar. Eso va a ocurrir recién en 2018. Pensando en que las cosas cambien, que la nueva Constitución sea más socialdemócrata, van a darse recién ahí las condiciones para que surjan nuevas instituciones. La Constitución será el punto de partida de un proceso largo de reformas que probablemente va a durar una generación. Lo que puede ocurrir a partir de esta nueva Constitución es que haya un ciclo de reformas que transformen el carácter neoliberal del Estado, lo que va a llevar 10 o 15 años de luchas políticas. La mejor forma de entender esto es que a la Dictadura le tomó 15 años llevar a cabo una reforma de todos los sectores de la vida social para en todos ellos establecer condiciones de vida neoliberales. Y eso fue en Dictadura, sin oposición.

"Jurídicamente no hay ningún obstáculo para cambiar toda la Constitución (...) Hay que preguntarnos si hay mayorías en el Parlamento que estén dispuestas..." "Lo importante es saber qué representante de los sectores de la Nueva Mayoría redactará este anteproyecto de Nueva Constitución".

1980 fue realizado el plebiscito con el que se legitimó la Constitución elaborada durante el gobierno militar, esta carta fundamental tuvo modificaciones en 1989.

2005 se aplicó una serie de reformas a la Constitución. Entre ellas, la disminución del mandato del Presidente de la República y la eliminación de los senadores vitalicios y designados.

2018 se realizará un plebiscito con el fin de que la nueva Constitución sea ratificada por los ciudadanos, luego de un largo proceso de reformas y elaboración de proyectos.

entrevista. Fernando muñoz, DOCTOR EN DERECHO.

Las fechas clave del proceso constituyente

Octubre de 2015

Marzo de 2016

Octubre de 2016

Julio de 2017

2018

Educación Cívica y Constitucional

En los próximos días se iniciará una etapa de educación cívica y constitucional, proceso que se extenderá hasta marzo de 2016.

Consejo Ciudadano de Observadores

En las próximas semanas además se nombrará a un grupo de ciudadanos de "reconocido prestigio" que se denominará Consejo Ciudadano de Observadores y el cual tendrá por misión asegurar la transparencia del proceso constituyente.

Diálogos ciudadanos

Desde marzo del próximo año se efectuará un "proceso ordenado" de diálogos ciudadanos abiertos a todas las personas. Estos partirán por las comunas y luego seguirán por provincias y regiones, terminando con una síntesis a nivel regional.

Bases ciudadanas para la nueva Constitución

Los resultados de los diálogos anteriores serán sintetizados en un documento llamado "Bases ciudadanas para la nueva Constitución", el que será entregado en octubre de 2016.

Reforma a la actual carta magna

A fines de 2016 se enviará al Parlamento u proyecto de reforma a la actual Constitución, el que permita facultar al Congreso elegido en 2017 para dictar el mecanismo por el cual se construirá la nueva Carta Fundamental, necesitando una mayoría de tres quintos.

Proyecto de nueva Constitución

A inicios del segundo semestre de 2017 se enviará al Congreso Nacional el proyecto de la nueva Carta Fundamental, iniciativa que recogerá "lo mejor de la tradición constitucional" del país y en el cual estén las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. Incluirá las conclusiones de la Bases Ciudadanas.

Discusión del proyecto y cuatro alternativas

El Congreso 2017 deberá elegir el mecanismo mediante el cual se discutirá el proyecto de nueva Constitución enviado por el Gobierno. Para ello tiene las siguientes alternativas: Comisión Bicameral de senadores y diputados, una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente o un plebiscito donde la ciudadanía decide entre las anteriores alternativas.

Plebiscito vinculante

Una vez sancionada la propuesta por alguna de las instancias anteriores, la medida será sometida a un plebiscito vinculante con el fin de ser ratificada por los ciudadanos.