"Yo no diría que esto es incómodo, yo diría que esto es doloroso. Realmente me genera un nivel de frustración personal muy grande"
Pdte. Sofofa Hermann v. Mühlenbrock
"Este cartel es uno de los más importantes que hemos desbaratado"
— Felipe Irarrázabal, Fiscal FNE Por colusión del papelDurante los últimos años se han conocido los pormenores de casos judiciales en que los tribunales, especialmente la Corte Suprema, han declarado la responsabilidad de determinados funcionarios públicos que han ejecutado acciones dañando patrimonialmente al Estado. Aunque las modalidades de comisión de los delitos pueden ser muy variadas y complejas, la figura más o menos recurrente, generalmente asociada favores o compromisos políticos, ha consistido en el pago de importantes sumas de dinero sin que exista a cambio una contraprestación de servicios profesionales o laborales o de otra naturaleza. En síntesis, se han impuesto castigos a quienes "a sabiendas" idearon o participaron en procedimientos "destinados a solventar pagos que el Tesoro Público no estaba obligado a hacer".
La reacción de la ley en esos casos es clara: El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, sea originándole pérdida o privándole de un lucro legítimo, es castigado con pena de presidio.
Por estos días, en que la ciudadanía se ha visto presa del uso abusivo de la fuerza por parte de los trabajadores del Registro Civil y de la incapacidad del Gobierno para abordar oportuna y eficazmente un conflicto que ha derivado en una huelga cuya ilegalidad no admite discusión, y en un país en el que se ha instalado la práctica de paralizar ilegalmente servicios y faenas, públicas o privadas, que de ordinario terminan con un premio (bono) por término de conflicto, olvidando el enorme daño causado, parece conveniente recordar los principios antes mencionados de responsabilidad penal y civil de las autoridades políticas y administrativas. Porque resultaría inaceptable que luego de hacer abandono de las labores durante prácticamente un mes, los funcionarios públicos involucrados además sean remunerados por ese tiempo. Un pago hecho en esas circunstancias sin duda que haría criminalmente responsable a la autoridad ministerial y del Servicio involucrado por la defraudación del Estado que implicaría el pago de remuneraciones sin que el trabajador haya hecho la prestación laboral a que estaba obligado. De ocurrir aquello, con seguridad la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado no serán meros espectadores de una ilegalidad de esa envergadura.
Luis E. Ulloa Rosas Director Derecho, USS Valdivia
Cifras muy interesantes de observar respecto de la confianza de los chilenos en las instituciones, otras personas y los grados de amistad que logran alcanzar, presenta la Encuesta Nacional Bicentenario dada a conocer hace pocos días por la Universidad Católica-GfK Adimark. Se trata de un estudio nacional, aún sin detalles regionales cobre cada ítem, pero que permite graficar una situación generalizada del país en estas áreas, con datos correspondientes a la última década.
Establece, por ejemplo, que ha aumentado el pesimismo respecto de la capacidad del país de resolver sus grandes problemas sociales como la pobreza y la desigualdad; sin embargo, individualmente, la mayoría considera que vive mejor que sus padres a igual edad. Por otra parte la desconfianza en todas las instituciones ha caído, pero sigue en pie la convicción de la democracia como mejor sistema de gobierno.
En esa línea también la confianza en las personas que tienen un cargo de decisión, es mayor que en la institución a los que ellos representan.
A nivel personal y comunitario los chileno se muestran, según la Encuesta, cada vez con menos amigos o vecinos cercanos, pero también más positivos respecto de los demás. En 2006 el mismo estudio reveló que solo el 12% de los encuestados pensaba que se podía confiar en la mayor parte de las personas; este año la cifra subió a 23%. Y quienes no están de acuerdo con esta afirmación, bajaron de 73% a 50%. El número aún es menor, pero hay avances.
Donde existe poco progreso es en la cohesión social. Casi el 70% reconoce que en sus barrios cada quien vive en su propio espacio y casi el 50% piensa que sus vecinos no le ayudarían en caso de perder una billetera, por ejemplo.
Esta información ha sido comentada en diversos espacios y a partir de ella es importante reflexionar, desde la perspectiva regional, sobre la importancia de renovar lazos comunitarios para mejorar la calidad de vida. Áreas como la participación y la seguridad ciudadana, por ejemplo, requiere de colaboración entre vecinos y de una relación de largo plazo, para mejorar. Claramente, hay una tarea por hacer.
La dirección de la escuela D-5 "México" de Valdivia abrió un concurso para confeccionar la letra del himno institucional, cuya música será compuesta por el director de la Escuela de Cultura y Difusión Artística Ernesto Guarda. En el certamen pueden participar alumnas, es alumnas y profesores. Hay plazo hasta el 11 de noviembre.
El ministro de Educación Sergio Molina aseguró que los parques nacionales de la Isla de Pascua y del Archipiélago de Juan Fernández serán patrimonio de la Humanidad, según decisión de la Unesco.La información fue dada conocer en Paris, pero en Rapa Nui la recibieron con reserva, pues no creen que pueda ser favorable.
Entre el 9 y el 12 de noviembre se efectuará en Valdivia el XXIII Congreso Anual de la Sociedad de Siquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia. La actividad es organizada a nivel local por las especialistas Cecilia Navarro, María Eugenia Guzmán y Anita Flández, quienes esperan la llegada de 300 personas a la actividad.