La división de los poderes del Estado y la ejecución de las sentencias fue una de las materias que ayer abordaron los expertos en la jornada de cierre de la conferencia internacional "Adjudicación de controversias ambientales", que organizó el Tercer Tribunal Ambiental (TTA).

El magistrado presidente (s) del organismo, Michael Hantke, fue quien entregó una primera aproximación a la temática al plantear ¿cuál es la posibilidad que tiene un Tribunal de revisar decisiones políticas? Explicó que la teoría antigua sobre la división de poderes imponía la separación del ejecutivo, legislativo y judicial.

Dijo que esa es una materia relevante que actualmente está en el centro de la discusión y está orientada a la posibilidad de actuación del poder judicial ante la inacción del poder ejecutivo.

"El poder judicial no puede dejar de actuar, ni siquiera a pretexto de que exista una política pública en relación con la provisión de un derecho", afirmó.

Al respecto comentó casos donde Tribunales de Justicia enfrentaron problemas ambientales y dieron solución a ellos, adoptando sanciones y ordenando a los estados a adoptar medidas reparatorias.

Por ejemplo mencionó la sentencia del denominado "Caso Mehta", en India. Desde 1975 la Corte de ese país se transformó en "activista", es decir, vela por la protección de los más desvalidos. "En esa lógica aparece el caso de un político, dueño de un hotel. Mediante la prensa se descubrió que a través de una serie de prácticas corruptas él obtuvo una serie de permisos y entre ellos la posibilidad de modificar el curso del río, porque cada cierto tiempo con las crecidas le inundaba una parte del resort", detalló.

En ese contexto, explicó que la Corte Suprema inició un procedimiento en contra de ese hotel, el que derivó en sanciones para el político. Entre ellas debió sacar el hotel del lugar.

Además, se le ordenó al Gobierno dejar sin efecto el contrato y restaurar el curso del río. "Pero qué es lo que tiene de relevante este caso, es la idea de que el Gobierno tiene el deber de proteger los bienes nacionales de uso público".

Principales problemas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, también se refirió a ese punto. Dijo que América Latina tiene una identidad en cuanto a su modo de establecer relaciones con los demás poderes del Estado en materia ambiental.

Señaló que "el problema de activismo y de la división de poderes se plantea en el proceso de la ejecución de sentencias".

Además, explicó que "un aspecto que me parece que es importante en el ámbito constitucional es el rol de los poderes judiciales actualmente(…) La estructura de la organización del poder dificulta mucho las políticas de mediano y largo plazo, que son las que hay que aplicar en materia ambiental, es decir, costos actuales para beneficios futuros. Eso solo lo pueden hacer los actores institucionales que no dependen del sistema electoral, por eso el rol de la sociedad civil es tan importante y el rol de los poderes judiciales, porque también es necesario que estos últimos actúen con esta visión de mediano y largo plazo cumpliendo una función que no pueden cumplir los poderes ejecutivos porque cada vez están más presionados por cuestiones inmediatas".

En su análisis, Ricardo Lorenzetti apuntó al estado de derecho, donde -dijo- hay mucho consenso respecto a que éste debe ser defendido por el poder judicial. Sin embargo, ese mismo consenso -añadió- no se aplica en el campo ambiental, así como tampoco el principio de información y transparencia que se exige en el estado de derecho.

"En general, las decisiones que se toman en muchos países de la región en materia ambiental son secretas, no participa la ciudadanía y entonces se viola esta regla del estado de derecho", aseveró.

"La estructura de la organización del poder dificulta las políticas de mediano y largo plazo, que son las que hay que aplicar en materia ambiental".

Ricardo Lorenzetti Pres. Corte Suprema Argentina

Jueza estadounidense entregó detalles de desastre ecológico en Golfo de México

En la conferencia internacional participó la jueza de la División de Apelaciones Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Mary Kay Lynch, quien además ha sido vicepresidenta del Consejo de Deepwater Horizon, formado tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa BP, que provocó un derrame de petróleo en abril de 2010 en el Golfo de México.

Mary Kay Lynch explicó las motivaciones para llevar el caso. "El Gobierno de los Estados Unidos hizo una investigación y determinó que hubo violaciones a la ley de agua limpia y a la ley de contaminación de aceite. Ambas leyes establecen la manera en que estos casos se tienen que resolver (...) Era un caso con muchas controversias, por lo tanto el juez a cargo lo dividió".

La jueza además se refirió a la complejidad de la investigación, debido a la gran cantidad de afectados que el desastre generó.

"Científicamente fue muy difícil porque el derrame ocurrió 50 millas fuera de la costa, lo que hace muy difícil determinar los daños a la columna de agua. Tuvieron que analizar más de 100 mil muestras de agua como parte de los estudios. Es el desastre ambiental más grande en la historia de los Estados Unidos y la sanción que se negoció es la más grande que ha habido en contra de un contaminador en particular".

A modo de comparar la magnitud del desastre, Mary Kay Lynch detalló que significó el derrame de 134 millones de galones de petróleo, mientras que en el caso que involucró a Exxon Valdez -registrado también en ese país en 1989- fueron 11 millones.

2 días duró la Conferencia Internacional "Adjudicación de Controversias Ambientales"

28 expertos en materia medioambiental fueron los invitados a exponer en el encuentro.